La Procuraduría General de la Nación abrió un juicio disciplinario contra Mikahil Krasnov, actual alcalde de Tunja, por presuntas fallas en un proceso contractual adelantado durante su administración.
La actuación está relacionada con la vinculación de un profesional en diseño industrial a través de un contrato suscrito para apoyar la unidad de gestión empresarial y competitividad de la Secretaría de Fomento Económico y Servicios.
Según informó el organismo de control, existen indicios de que el contratista seleccionado no contaba con la tarjeta profesional vigente al momento de la firma del acuerdo, un requisito exigido legalmente para ejercer como diseñador industrial en Colombia.
La documentación que acredita esa idoneidad profesional habría sido obtenida más de un mes después de formalizado el contrato, sin que se hubiera iniciado previamente el trámite para su expedición.
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Además del mandatario municipal, también fue vinculado al proceso disciplinario el secretario de Fomento Económico de Tunja, Gustavo Adolfo López.
Las investigaciones señalan que el funcionario habría suscrito los estudios previos y aprobado la certificación de idoneidad del contratista, pese a que este no cumplía con uno de los requisitos esenciales para su vinculación.
La Procuraduría busca establecer si hubo omisión por parte de Krasnov al no verificar que el profesional contratado cumpliera con las condiciones estipuladas en los documentos contractuales.
El proceso también examina si la actuación del secretario López pudo haber vulnerado los principios que rigen la función pública.
Este nuevo episodio se suma a otros cuestionamientos jurídicos que rodean la gestión del alcalde Krasnov. En 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá anuló su elección como mandatario de la capital boyacense, aunque dicha decisión aún no está en firme.
La demanda que dio origen a este fallo se fundamentó en dos aspectos: su nacionalidad extranjera —Krasnov nació en Rusia— y la suscripción de un contrato durante el período de inhabilidad establecido por la ley electoral.
Según lo determinado por el tribunal, dicho contrato se firmó el 6 de diciembre de 2022, dentro del plazo en el que quienes aspiraban a cargos de elección popular tenían restricciones para participar en actos contractuales con entidades públicas.
El período inhabilitante iba del 29 de octubre de 2022 al 29 de octubre de 2023. La decisión sobre este caso está actualmente en revisión por parte del Consejo de Estado.
Mientras tanto, el proceso disciplinario iniciado por la Procuraduría sigue su curso, y tanto Krasnov como López deberán presentar sus explicaciones ante el ente de control en los tiempos establecidos por la ley.
