Un grupo de cerca de quinientas integrantes de la comunidad emberá en Bogotá volvió a instalar un campamento improvisado en el Parque Nacional con plásticos, palos y sogas.
Según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, este acto es consecuencia del incumplimiento de un fallo judicial por parte del Gobierno nacional, el cual debía garantizar el retorno de esta población indígena a sus territorios de origen, afectados por la violencia.
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Este escenario ha llevado al Distrito a anunciar una demanda contra el Ejecutivo por lo que califican como una acción “insuficiente y tardía” en el cumplimiento de sus obligaciones.
En declaraciones recogidas por varios medios, Galán destacó que, aunque en 2024 se realizó un notable esfuerzo interinstitucional en coordinación con la Unidad de Víctimas, logrando el retorno de un número considerable de miembros de la comunidad emberá a sus resguardos, el proceso quedó incompleto.
“Bogotá no puede seguir pagando por los incumplimientos del Gobierno Nacional”, expresó, aludiendo a la necesidad de que el Ejecutivo solucione la situación de forma estructural.
“La situación que está pasando la comunidad emberá […] es por los reclamos para retornar a su territorio”, puntualizó.
El alcalde detalló que las inversiones realizadas por Bogotá han sido significativas, incluyendo un programa de integración social que introdujo transferencias monetarias condicionadas a la permanencia de estas familias en sus localidades de origen. Esto consistió en un esfuerzo adicional que, según Galán, no existía previamente en la capital.
“Bogotá decidió apoyar el retorno acompañando a esa población en su regreso al territorio de donde provienen”, explicó, subrayando la responsabilidad que el Estado tiene con las comunidades desplazadas.
La comunidad emberá llegó inicialmente al Parque Nacional debido al desplazamiento forzado que enfrentaron en sus regiones de origen por la violencia armada.
Esta realidad, aseguró Galán, debe ser atendida por el Gobierno Nacional a través de soluciones definitivas, no con respuestas temporales o parciales.
“El Gobierno debe atender las inquietudes y tiene que tomar las medidas que corresponden para garantizar que se restablezcan los derechos de estas familias”, agregó, haciendo hincapié en el impacto social de esta problemática.
La inversión realizada por el Distrito en atención directa a esta comunidad asciende a aproximadamente 22 mil millones de pesos.
Según Galán, uno de los ejes centrales ha sido la protección de los derechos de los niños y niñas emberá, quienes se encuentran entre los más vulnerables de esta crisis.
“Hay una decisión ya de tutela que le ordenó al Gobierno Nacional hacer todo lo necesario para el retorno de esta población y esa decisión no ha sido cumplida”, declaró, refiriéndose al fallo de tutela que el Ejecutivo debió acatar para garantizar la reubicación segura de estas familias.
Galán también expuso las difíciles condiciones que enfrenta la población emberá asentada en el Parque Nacional, un espacio que, según sus declaraciones, no cuenta con las condiciones mínimas para acoger a familias en situación de vulnerabilidad.
El frío constante, sumado a la ausencia de infraestructura adecuada —como viviendas dignas, servicios básicos y atención sanitaria— agrava la situación de estas personas, que se ven expuestas a riesgos adicionales para su salud y bienestar.
Estas dificultades evidencian la falta de preparación y adecuación del lugar para garantizar una calidad de vida aceptable a quienes lo habitan bajo circunstancias precarias.