Mientras el debate público gira en torno a reformas, gasto social y déficit, una advertencia silenciosa comienza a tomar fuerza entre los economistas y analistas financieros del país, Colombia está muy cerca de cruzar una de sus barreras fiscales más importantes. La Regla Fiscal, diseñada para evitar que el endeudamiento estatal crezca sin control, podría quedar en entredicho si se mantienen las actuales proyecciones.
La voz de alerta la dio el centro de estudios económicos Anif en un informe, donde advirtió que la deuda neta del Gobierno nacional alcanzará este año el 63% del Producto Interno Bruto (PIB). Este dato no solo supera el ancla legal del 55%, establecida como punto de referencia para una deuda sostenible, también se aproxima peligrosamente al techo del 71%, considerado como el límite absoluto. A partir de allí, cualquier aumento en la deuda representa una señal de desconfianza estructural para los mercados.
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“Cuando el gobierno gasta más de lo que recibe, debe endeudarse. Eso no es malo si se hace con responsabilidad, pero si esa deuda crece sin control, el país pierde credibilidad”, señaló Anif, dejando claro que el riesgo no es solo técnico, puede afectar el día a día de millones de colombianos.
En ese contexto, el Gobierno activó la llamada “cláusula de escape”, una herramienta legal que permite suspender la aplicación de la Regla Fiscal en casos excepcionales. La decisión se justificó por la caída del recaudo tributario y la necesidad de mantener el gasto público. El Confis, órgano rector de la política fiscal, dio su aval. Sin embargo, aunque esta acción es legal bajo ciertas condiciones, los expertos insisten en que su costo va mucho más allá del marco normativo.
“El cumplimiento de la Regla Fiscal asegura que el Estado actúe con responsabilidad, mantenga la confianza de los mercados y preserve su capacidad para atender las necesidades sociales, incluso en tiempos difíciles”, insistió el documento. En otras palabras, perder credibilidad puede traducirse en financiamiento más caro, menor inversión y un debilitamiento de la capacidad fiscal del Estado en el futuro.
Uno de los puntos más críticos es que el efecto de incumplir esta norma no se limita a los indicadores macroeconómicos o a la reacción de los inversionistas. También tiene consecuencias reales para los ciudadanos, una mayor prima de riesgo puede presionar el tipo de cambio, encarecer el crédito, limitar los recursos disponibles para salud o educación, y agravar la inflación. Anif señaló que esto puede generar un entorno económico más inestable, justo cuando el país necesita estabilidad para enfrentar los desafíos sociales y fiscales del presente.
Además, la perspectiva a mediano plazo no ofrece mucho alivio. Según los cálculos del nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, la deuda del Gobierno no regresaría al nivel del 55% en al menos una década. En lugar de eso, se mantendría alrededor del 63% en 2026 y 2027, lo que indica que Colombia se estaría alejando del camino de sostenibilidad trazado originalmente.
Lo que está en juego no es solo una cifra, es una brújula. La Regla Fiscal, adoptada en 2011, fue pensada como un instrumento para suavizar los ciclos económicos, permite aumentar el gasto en tiempos de crisis, pero exige disciplina en épocas de crecimiento. Su diseño contracíclico buscaba evitar justamente escenarios como el actual, en el que la deuda crece de forma estructural sin una ruta clara de regreso al equilibrio.
Para Anif, la discusión de fondo es una tensión clásica entre urgencia y prudencia, el Gobierno quiere ampliar el gasto público para enfrentar retos sociales y económicos, pero hacerlo sin reglas claras puede comprometer la estabilidad. La clave está en encontrar un balance sostenible entre atender las demandas del presente y no hipotecar el futuro.
La advertencia, aunque técnica, tiene una dimensión política ineludible. Si Colombia cruza el límite fiscal sin una estrategia creíble de retorno, no solo compromete su grado de inversión. También puede perder la confianza de los mercados, de los ciudadanos y de sus propias instituciones.
Y cuando eso ocurre, como bien recuerda el informe, el costo lo termina pagando la ciudadanía. En tasas más altas, en inflación, en menos recursos para lo esencial. En una economía que ya enfrenta tensiones, perder el norte fiscal sería un lujo que el país difícilmente puede permitirse.
