Hace unos meses, una madre encendió las alarmas públicas al denunciar que unas papillas para bebés estaban contaminadas con plomo. La noticia generó indignación, y con justa razón, hablamos de un metal pesado con efectos irreversibles en la salud, sobre todo en los niños más pequeños. Días después, el fallo de Indecopi confirmó la denuncia y sancionó con más de 300 mil soles a la empresa responsable. Sin embargo, más allá de la multa, lo verdaderamente preocupante es lo que este caso pone en evidencia: un sistema de control alimentario débil, reactivo, y potencialmente incapaz de garantizar la seguridad de los consumidores y que termina exponiendo a la población más vulnerable a riesgos inadmisibles.
El plomo no es un contaminante cualquiera: se trata de un metal pesado altamente tóxico que, incluso en pequeñas cantidades, puede afectar gravemente la salud. Su impacto alcanza al sistema nervioso central, interfiere en la formación de hemoglobina y favorece la aparición de anemia. En la infancia, los daños son aún más profundos: pérdida de capacidades cognitivas, dificultades de aprendizaje, alteraciones en la conducta y secuelas que acompañan a la persona a lo largo de toda su vida, por eso, su sola presencia en un alimento destinado a bebés constituye una vulneración directa al derecho a una alimentación segura y saludable.
Lo más grave es cómo se descubrió la contaminación. No fue gracias a una inspección rutinaria, ni a un sistema preventivo de vigilancia sanitaria. Fue una madre quien inició el camino hacia la denuncia. ¿Dónde estaban las instituciones encargadas de garantizar la inocuidad de los alimentos? ¿Cómo es posible que el Estado solo actúe después del escándalo mediático? Este vacío de responsabilidad no puede repetirse. La seguridad alimentaria no puede depender de la valentía individual de una madre, sino de políticas públicas sólidas y de una fiscalización constante, capaz de anticiparse al daño.
El caso peruano se suma a un escenario mundial preocupante. UNICEF estima que uno de cada tres niños en el planeta tiene niveles de plomo en sangre por encima de lo permitido. En países como Estados Unidos, la FDA ha implementado el plan Closer to Zero, que busca reducir progresivamente la exposición infantil a contaminantes como plomo, arsénico y mercurio en papillas y cereales.
En el Perú, este episodio debería servirnos para reflexionar sobre la alimentación infantil. Durante años, se ha normalizado la idea de que los productos industrializados y ultraprocesados son sinónimo de modernidad, rapidez y practicidad. Pero la comodidad no puede estar por encima de la salud. Muchos de estos productos, además de aportar poco valor nutricional, esconden riesgos ocultos: exceso de azúcares añadidos, aditivos alimentarios muchas veces innecesarios y, como vemos ahora, contaminantes peligrosos. Frente a ello, urge volver a los alimentos naturales, frescos y mínimamente procesados, que nutran de verdad a nuestros niños y no pongan en riesgo el desarrollo su salud.
No se trata de un asunto individual, sino de un desafío colectivo que compromete tanto a las familias como al Estado y al sector privado. Es cierto que cada hogar puede y debe optar por dietas más saludables, priorizando alimentos frescos y naturales, pero la voluntad personal resulta insuficiente si el mercado continúa inundado de productos inseguros y la fiscalización sigue siendo deficiente. En este contexto, el rol del Estado es insustituible: se requieren sistemas de monitoreo transparentes y permanentes que garanticen la inocuidad alimentaria, además de sanciones ejemplares que disuadan a las empresas de poner en riesgo la salud pública.
Junto con ello, resulta indispensable invertir en campañas educativas que empoderen a los consumidores, brindándoles herramientas para exigir y elegir alimentos seguros. Porque la alimentación no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental. Y este derecho incluye la certeza de que lo que llevamos a la mesa, especialmente cuando se trata de los más pequeños, no sea una amenaza disfrazada de nutrición. La sanción a la empresa de papillas para bebés debe entenderse como un punto de partida y no como un cierre del debate. No podemos esperar al próximo escándalo para recordar lo evidente: los niños merecen alimentos que les permitan crecer, aprender y desarrollarse plenamente, no productos que comprometan su futuro.
