Fue una investigación simultánea en la Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El caso se conoció como Operación Guardianes Digitales por la Niñez y puso bajo la lupa la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). En el país, el 28 de febrero de 2024, se hicieron allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Pilar, La Matanza, Tucumán, y en la ciudad de Apósteles, Misiones. En la provincia mesopotámica el procedimiento provocó un escándalo político porque quedó bajo sospecha el por entonces diputado Germán Kiczka, del partido Activar, aliado a La Libertad Avanza, condenado ayer, en un fallo por mayoría, a la pena de 14 años de prisión.
El Tribunal Penal 1° de Posadas, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya encontró culpable al destituido legislador de los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años.
“Cuando era chico me asustaban con el cuco. ¿Saben qué señores jueces? El cuco está en la red y el cuco son personas que hacen este tipo de cuestiones», sostuvo el fiscal Martín Rau al cerrar ayer su alegato donde solicitó la pena de 15 años de prisión para el exdiputado provincial.
Entre el público que escuchó los alegatos y presenció la lectura del veredicto estaba la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) del Ministerio Público porteño y quien coordinó en la Argentina la Operación Guardianes Digitales por la Niñez.
“Fue un fallo que va a marcar un hito, sobre todo en este tipo de investigaciones internacional relacionadas con la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. La sentencia afirma que la cooperación nacional e internacional es fundamental para este tipo de delitos trasnacionales”, sostuvo a LA NACION la fiscal Dupuy.
En el operativo hecho en un domicilio en Apósteles, Misiones, y que estuvo bajo la coordinación de la fiscal Dupuy, teléfonos celulares, pendrives y una computadora. Después, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se envió a la Justicia de Misiones para que analizara esos dispositivos, en los que se encontró más material de abuso infantil.
Era el comienzo de la investigación que derivó en una orden de detención para el por entonces diputado Kiczka firmada por el juez Miguel Ángel Faría, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº4 de Apóstoles.
El exlegislador estuvo prófugo casi diez días. Mientras lo buscaban varias fuerzas de seguridad, en agosto pasado, por mayoría de la Legislatura de Misiones aprobó su desafuero.
Finalmente, fue detenido en una cantina del balneario municipal de Loreto, en Corrientes, donde dormí en una reposera y una frazada que le prestaron.
Ayer, también fue condenado su hermano Sebastián. Recibió una pena de 12 años de cárcel. Fue encontrado culpable de delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil y abuso sexual sin acceso carnal.
“No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet”, dijo el hermano del exlegislador cuando amplió su indagatoria en una de las audiencias del debate esta semana. También quiso exculpar a su hermano asumiendo toda la responsabilidad.
“No hay otra prueba que desacredite esa confesión”, sostuvo el abogado Gonzalo de Paula en su alegato de ayer, donde pidió la absolución de su cliente.
Al iniciar su alegato, el fiscal Rau dijo: “Se ha dicho desde que comenzó la audiencia [por el debate] que este iba a ser un juicio histórico, histórico para la provincia de Misiones. Propuse desde el inicio un lema, que era el de conducirnos con la verdad. Si vamos a pasar a la historia, señores jueces, lo importante es que pasemos a la historia con la verdad. Vamos a contar la verdad y nada más que la verdad. La verdad que surge del expediente. Mostramos el material hallado y les demostramos por medio de peritos, técnicos, ingenieros e informáticos cómo en una de las computadoras, la madre de todo el proceso, tenía muchísimo material de abuso sexual infantil. Demostramos la facilitación de archivos, exhibimos videos de un contenido fuertísimo, que a mí en lo personal me dañaron. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, algunos de muy corta edad, bebés, en situación de abuso sexual, más bien de explotación sexual. No se olviden que este material circula en la red para satisfacer apetitos de personas que consumen ese tipo de material”.
El representante del Ministerio Público habló de “casi en verdaderos actos de bestialismo”.
En los allanamientos del 28 de febrero de 2024, en medio de la Operación Guardianes Digitales por la Niñez, en la ciudad de Buenos Aires se detuvo a dos sospechosos.
Uno de los detenidos resultó ser un ingeniero informático.
“Ese dato [la profesión de uno de los sospechosos] es importante porque se cree que solo caen quienes no saben manejarse con la tecnología”, había dicho en su momento el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.
El caso se había originado a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés).
