El dictamen más reciente del Juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid representa la tercera sentencia consecutiva que respalda la legalidad de los servicios prestados por Alquiler Seguro, según comunicó la compañía. Este fallo se refiere específicamente a la contratación voluntaria del servicio de atención al inquilino y rechaza la existencia de prácticas abusivas o imposiciones por parte de la empresa, señalando que el servicio incluye prestaciones de utilidad para los arrendatarios durante la vigencia del contrato de alquiler. Alquiler Seguro remarcó que esta resolución se suma a otras dos sentencias previas favorables y forma parte de su defensa pública ante la propuesta de sanción recibida por parte del Ministerio de Consumo, tema central de la noticia.
El medio Europa Press detalló que el Ministerio de Consumo ha trasladado a Alquiler Seguro una propuesta de sanción por un importe de 3,6 millones de euros, en la que se alegan supuestas irregularidades derivadas de prácticas en la gestión del alquiler. Entre estas supuestas irregularidades, Consumo destaca el cobro de servicios al inquilino que, según el Ministerio, deberían ser cubiertos por el propietario, la imposición de contratar seguros y estudios de solvencia económica, la limitación del derecho de desistimiento contractual y la transferencia a los inquilinos de todos los gastos legales vinculados a reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
La empresa, de acuerdo con Europa Press, ha expresado su total desacuerdo con el importe propuesto por Consumo, que califica como «abusivo y desproporcionado». Alquiler Seguro anticipó que presentará alegaciones ante la autoridad competente dentro del plazo establecido, con el propósito de argumentar y respaldar la legalidad de sus servicios y prácticas. El proceso administrativo-gubernamental seguirá en análisis en los próximos meses, según indicó el citado medio, bajo la supervisión del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, hasta que se revisen todas las alegaciones presentadas por las partes implicadas.
Según Alquiler Seguro, todos los servicios que presta tanto a propietarios como a inquilinos se amparan en la transparencia y en la voluntariedad. Entre los detalles aportados a Europa Press, la empresa subrayó que la gestión y formalización del contrato genera gastos que recaen exclusivamente en el arrendador, tal como especifica el contrato de prestación de servicios utilizado. La compañía rechaza categóricamente la imputación de que existan prácticas abusivas, argumentando que cada servicio ofertado queda claramente recogido y explicado a sus clientes.
El comunicado difundido por Alquiler Seguro, recogido por Europa Press, defiende la legalidad de las acciones de la empresa y afirma que su actividad cuenta con aval judicial. Respecto al análisis por parte del Ministerio de Consumo, la compañía declaró que agotará todas las opciones legales para defender su posición y su modelo de negocio dentro del procedimiento administrativo vigente.
En referencia a las sentencias judiciales, Europa Press explicó que la más reciente resolución del Juzgado de Madrid desestimó una demanda de un inquilino que reclamaba la devolución del importe pagado por el servicio de atención, basándose en que el contrato fue aceptado voluntariamente. El texto de la sentencia indica que «la empresa ofreció un contrato de servicio de atención al inquilino sin ningún tipo de imposición, pudiendo optar la parte actora por arrendar directamente la vivienda sin intermediación de la demandada». El fallo resalta, además, que el demandante disfrutó de los servicios ofertados en diversas ocasiones durante toda la duración del contrato.
El juzgado también observó que las incidencias comunicadas por este inquilino superaron la media de otros contratos gestionados por Alquiler Seguro y que en ningún caso el demandante solicitó la cancelación del contrato vigente. El análisis judicial concluye que la relación contractual se mantuvo activa conforme a lo pactado por las partes, y considera infundada la reclamación de devolución del precio abonado, en términos literales: «la pretensión de devolución del precio abonado por la misma carece de fundamento objetivo alguno».
La posición de Alquiler Seguro, tal como reportó Europa Press, se fundamenta en la transparencia de sus contratos y en la voluntariedad de las condiciones aceptadas tanto por arrendadores como por arrendatarios. La compañía sostiene que ha cumplido en todo momento con el marco legal que regula la gestión y el alquiler de inmuebles y que dispone de resoluciones judiciales que refuerzan su interpretación.
Por su parte, la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo deberá aguardar una revisión minuciosa de las alegaciones presentadas por Alquiler Seguro antes de que se dicte una decisión definitiva. Europa Press anticipó que el proceso podría alargarse, ya que la resolución está en manos de la Secretaría General de Consumo y Juego, con la obligación de evaluar los argumentos esgrimidos por la empresa y las consideraciones del órgano sancionador.
Alquiler Seguro reiteró públicamente, a través del comunicado obtenido por Europa Press, su rechazo a cualquier tipo de sanción y reafirmó su voluntad de defender la legalidad y la transparencia de sus operaciones ante las instancias administrativas y, si fuera necesario, en sede judicial.
