Los agentes migratorios detuvieron a cientos de personas, en su mayoría ciudadanos de Corea del Sur, en una obra de construcción de una planta de baterías para vehículos eléctricos en Ellabell. El hecho ha generado inquietud diplomática.
Las autoridades de migración detuvieron a cientos de trabajadores de un importante fabricante surcoreano de baterías en una planta de Hyundai en Georgia, dijeron el viernes funcionarios estadounidenses, y afirmaron que era la mayor operación de aplicación de la ley de Seguridad Nacional en un solo lugar.
El jueves, los agentes detuvieron a 475 personas, en su mayoría ciudadanos de Corea del Sur, en una obra de construcción de una planta de baterías para vehículos eléctricos en Ellabell, Georgia, cerca de Savannah, dijo en una conferencia de prensa Steven Schrank, agente especial encargado de las Investigaciones de Seguridad Nacional para Georgia.
La redada fue la culminación de una investigación que duró varios meses, dijo.
Schrank dijo que los trabajadores detenidos se encontraban en Estados Unidos de forma ilegal o estaban trabajando ilegalmente. El viernes no se anunciarían cargos penales, dijo, y añadió que los investigadores aún estaban determinando los datos laborales de los detenidos, algunos de los cuales trabajaban para subcontratistas.
La operación pretendía garantizar «la igualdad de condiciones para las empresas que cumplen la ley», dijo Schrank.
La mayoría de los detenidos fueron recluidos en el centro de detención de Folkston, Georgia, el jueves por la noche.
El fabricante de baterías LG Energy Solution, copropietario de la planta junto con Hyundai Motor Group, divulgó en un comunicado que sus empleados y los de sus empresas asociadas habían sido detenidos.
Hyundai advirtió en un comunicado que, por lo que sabía la empresa, ninguno de los detenidos era empleado de Hyundai.
«Estamos siguiendo de cerca la situación y trabajando para comprender las circunstancias concretas», señaló Hyundai el viernes.
Añadió que estaba revisando sus procesos «para garantizar que todas las partes que trabajan en nuestros proyectos mantienen los mismos altos niveles de cumplimiento legal que nos exigimos a nosotros mismos», incluida «la investigación exhaustiva de las prácticas laborales de contratistas y subcontratistas».
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur confirmó el viernes que había surcoreanos entre los detenidos, sin decir cuántos.
El jueves, Schrank dijo a los periodistas en la planta que algunos ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes habían sido detenidos inicialmente y estaban siendo puestos en libertad.
Charles Kuck, abogado migratorio de Atlanta, dijo que dos de sus clientes, que se encontraban en el país al amparo de un programa de exención de visado que les permite viajar por turismo o negocios para estancias de 90 días o menos sin necesidad de obtener un visado, fueron afectados por la redada.
«Mis clientes estaban haciendo exactamente lo que les permitía la exención de visado: asistir a reuniones de negocios», dijo el viernes, señalando que uno de ellos «acababa de llegar el martes y se marchaba la semana que viene».
«Parece que el ICE se excedió en la detención de personas que no son migrantes y que claramente cumplían la ley», dijo.
James Woo, director de comunicaciones de la oficina de Atlanta de Asian Americans Advancing Justice, dijo que había estado al teléfono todo el día con residentes surcoreanos de todo Georgia.
«La gente está conmocionada», dijo Woo, y añadió que existía una gran preocupación por el trato que los funcionarios del ICE estaban dando a los detenidos. Señaló que la comunidad coreana de Savannah era pequeña y «no se ha compenetrado» con la planta y sus trabajadores.
«No hay los mismos recursos que encontrarías en Atlanta», dijo. «La gente no sabe adónde ir ni cómo encontrar representación legal».
La operación, parte de las medidas enérgicas del presidente Donald Trump contra la migración, causó inquietud diplomática en Corea del Sur.
Poco más de una semana antes, Trump recibió en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, quien se comprometió a invertir 150.000 millones de dólares más en Estados Unidos, también en la fabricación de baterías.
Cuando se le preguntó el viernes si le preocupaba que su programa de migración entrara en conflicto con sus objetivos económicos, Trump dijo que el ICE se limitaba a hacer su trabajo.
«Entraron ilegalmente. Entraron a nuestro país. Así que tenemos que hacer nuestro trabajo», dijo a un periodista.
La operación del jueves fue similar a otras redadas en lugares de trabajo, incluida una de gran envergadura que se realizó en varios centros de trabajo de Mississippi durante el primer mandato de Trump. En 2019, los agentes federales hicieron una redada en varias empresas en lo que, según dijeron los funcionarios en ese momento, podría haber sido la mayor acción de aplicación de la ley en centros de trabajo realizada en la historia en un solo estado.
En esa operación se detuvo a más de 600 migrantes que se creía que trabajaban sin documentación legal. El gobierno de Joe Biden anunció que iba a poner fin a la práctica de operaciones de imposición de la ley en empresas en 2021.
En otra gran redada en el lugar de trabajo durante el gobierno del presidente George W. Bush, se detuvo a 389 trabajadores en una empresa de empaquetado de carne kosher de Postville, Iowa, en mayo de 2008. La empresa se declaró en quiebra ese mismo año.
Se esperaba que la planta de baterías de iones de litio, anterior a la promesa de Lee, empezara a operar el año próximo. Es el tipo de inversión a gran escala y generadora de empleo que Estados Unidos ha solicitado a Corea del Sur y a otros países.
Las empresas surcoreanas han invertido decenas de miles de millones de dólares en la industria manufacturera estadounidense en los últimos años, en gran parte incentivadas por subvenciones federales y exenciones fiscales para plantas de semiconductores y fábricas de vehículos eléctricos.
El gobierno de Trump ya se ha retractado de algunos de esos compromisos al perjudicar posiblemente los beneficios previstos para gigantes como SK Group, LG y Samsung.
A finales de julio, la Casa Blanca llegó a un acuerdo con Corea del Sur que establecería aranceles del 15 por ciento sobre la mayoría de las exportaciones del país a Estados Unidos.
Los ejecutivos surcoreanos dijeron a los medios de comunicación locales que necesitan a sus propios técnicos en el lugar, al menos temporalmente, para poner en marcha todas sus fábricas. Y al mismo tiempo, las empresas surcoreanas están pagando miles de millones de dólares en aranceles, lo que disminuye el capital disponible para gastar en nuevas plantas.
El emplazamiento de Ellabell forma parte de una de las mayores fábricas de Georgia. El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, ha promovido allí la fábrica de vehículos eléctricos Hyundai, de 7600 millones de dólares, como el mayor proyecto de desarrollo económico de la historia del estado.
La operación migratoria paralizó la construcción de la planta de baterías, conocida como HL-GA Battery Company. Una portavoz, Mary Beth Kennedy, dijo en un comunicado que la planta estaba cooperando con las autoridades.
Jongwon Lee, un abogado coreano que trabaja en la zona metropolitana de Atlanta, dijo el viernes que los conglomerados surcoreanos están realizando enormes inversiones en Estados Unidos, pero no hay suficientes visados para llevar a trabajadores cualificados que dirijan estas fábricas.
La culpa, dijo, es del sistema de visados estadounidense. Estados Unidos «nos invitó a invertir en Estados Unidos, pero no concede a los coreanos los visados adecuados».
El representante estatal Sam Park, demócrata, calificó la redada de «ataque políticamente motivado» contra los trabajadores y las familias de Georgia.
«Estas redadas se dirigen contra las mismas personas que construyen nuestro futuro de energía limpia, al tiempo que destrozan familias», dijo. «La prosperidad de Georgia depende de que se proteja a los trabajadores, no de que se les criminalice».
Funcionarios de la embajada y del consulado de Corea del Sur fueron enviados al lugar desde Washington y Atlanta, dijo Lee Jaewoong, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, en una conferencia de prensa celebrada el viernes.
«Las actividades económicas de nuestras empresas inversoras y los derechos e intereses de nuestros ciudadanos no deben ser violados injustamente durante los procedimientos policiales estadounidenses», dijo.
LG Energy Solution señaló que estaba trabajando con el gobierno surcoreano para conseguir la liberación de sus empleados, así como de los de sus empresas asociadas.
Erica L. Green, Christian Boone, Neal E. Boudette, Lydia DePillis y Miriam Jordan colaboraron con reportería.
John Yoon
es reportero del Times en Seúl, quien cubre las noticias de último momento y de tendencia.
Jenny Gross
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Aimee Ortiz
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