El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado mediante una carta al Ministerio de Justicia su renuncia del cargo, tras haber sido condenado el pasado jueves por un delito de revelación de datos reservados por la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador.
En la carta, García Ortiz comienza explicando como el Supremo le ha condenado y que «esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento».
“El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad —siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General. Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española», añade.
Asegura que, “aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.
Finaliza agradeciendo al Gobierno de España “la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.
Su relevo todavía está en el aire, pero el Gobierno ya anunció la semana pasada que el proceso está iniciado. Por el momento, el liderazgo dentro de la Fiscalía General del Estado recae sobre la ‘número dos’ de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde. Sin embargo, el cese no se hará efectivo hasta que lo acepte el Consejo de Ministros, previsiblemente este martes, y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El proceso para elegir al nuevo fiscal general
Para elegir al nuevo fiscal general del Estado, todo comienza con la propuesta formal del Ejecutivo, que debe elegir a un jurista de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio. Habitualmente, el nombre sale de una negociación directa entre el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Gobierno, aunque en esta ocasión el Ejecutivo ha reiterado que actuará “con celeridad, pero con escrupuloso respeto a los procedimientos”.
Una vez que el Gobierno decide el candidato, la propuesta se remite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe emitir un informe sobre la idoneidad del aspirante. Se trata de un dictamen preceptivo pero no vinculante: el Ejecutivo puede seguir adelante aunque el órgano de gobierno de los jueces exprese objeciones, como ha sucedido en otras ocasiones recientes. Este informe, aun sin capacidad decisoria, suele marcar el tono del debate jurídico y político que acompaña al nombramiento.
Con el dictamen del CGPJ ya emitido, o tras esperar el plazo legal en caso de que no se pronuncie, el candidato comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. No se trata de una votación ni de un trámite de ratificación, pero sí de una sesión pública en la que el aspirante expone sus líneas de actuación y responde a las preguntas de los grupos parlamentarios, que suelen aprovechar la comparecencia para fijar posición y cuestionar la independencia del futuro fiscal general.
Superado este trámite, el Gobierno eleva al Rey la propuesta de nombramiento. La designación se formaliza mediante real decreto y se publica en el BOE, momento en el que el nuevo fiscal general toma posesión y asume el mando de la carrera fiscal.
