La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por haber continuado ejerciendo funciones oficiales a pesar de estar suspendido provisionalmente por la misma entidad.
La sanción que motivó la suspensión provisional de Leyva fue emitida tras hallarlo responsable de irregularidades en el proceso de licitación del contrato de elaboración de pasaportes, un tema que generó una fuerte controversia pública. El excanciller fue inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos, decisión que fue apelada por su defensa.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Según lo establecido en el documento oficial aprobado por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, Leyva habría incumplido de manera consciente dicha sanción impuesta el 24 de enero de 2024, que le ordenaba apartarse de su cargo como ministro de Relaciones Exteriores por un período de tres meses.
A pesar de estar notificado formal y electrónicamente de la suspensión, el exministro continuó en ejercicio, firmando documentos y representando institucionalmente a la Cancillería.
La investigación disciplinaria fue iniciada formalmente el 6 de febrero de 2024, luego de múltiples denuncias públicas sobre la permanencia activa de Leyva en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Medios de comunicación reportaron que, pese a la medida de suspensión, Leyva seguía ejerciendo funciones propias del cargo.
Ante estos reportes, la Procuraduría ordenó una inspección disciplinaria en la sede del Ministerio para recopilar pruebas de la actuación del excanciller entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2024. Como resultado, la entidad encontró evidencia documental suficiente para considerar probada la falta disciplinaria.
Según el informe oficial, durante ese lapso Leyva firmó 76 resoluciones, 19 notas diplomáticas, 2 certificaciones y una solicitud de cupo de vigencias futuras, lo que demuestra que ejerció con plenitud las funciones ministeriales a pesar de estar inhabilitado.
En el acta aprobada por la Sala Disciplinaria, se concluye de manera contundente: “Se corroboró que Álvaro Leyva Durán, entre el 24 de enero de 2024 y el 6 de febrero de 2024, continuó ejerciendo las funciones del cargo de ministro de relaciones exteriores, a sabiendas que se encontraba suspendido provisionalmente para efectuar dicha labor, por orden impartida por esta Colegiatura”.
Asimismo, el documento enfatiza que la sanción era de “inmediato cumplimiento” y que “no cumplió la orden de apartarse provisionalmente del cargo, y siguió ejerciendo las funciones propias del empleo”.
Con base en estas pruebas, el Ministerio Público determinó que están dadas las condiciones jurídicas para formular el pliego de cargos. Tal como lo establece el documento: “Así las cosas, para esta Colegiatura, Álvaro Leyva Durán, en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, se encuentran cumplidos los requisitos previstos en el artículo 222 del CGD para formular pliego de cargos (…) toda vez que se encuentra probada objetivamente la falta y se adujeron elementos de juicio que comprometen la responsabilidad del investigado”.
¿Qué viene ahora?
El pliego de cargos implica que Leyva será citado nuevamente a un juicio disciplinario en el que deberá responder formalmente por el presunto incumplimiento de la suspensión. El proceso está enmarcado en el Código General Disciplinario (CGD), que regula las faltas de los servidores públicos y establece las sanciones correspondientes.
En este nuevo escenario, la Procuraduría podrá solicitar sanciones adicionales, que podrían incluir inhabilitaciones adicionales, dependiendo del grado de responsabilidad que se le atribuya.
El documento, fechado el 14 de julio de 2025 y aprobado en sala según el Acta No. 025, fue firmado por la procuradora ponente María Consuelo Cruz Mesa, que condujo la investigación dentro de la Sala Disciplinaria de Instrucción.
El caso de Álvaro Leyva no solo representa un conflicto disciplinario individual, sino que también plantea un debate institucional sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas por los órganos de control en Colombia. La decisión de la Procuraduría refuerza la obligatoriedad de las medidas disciplinarias, incluso para altos funcionarios del Ejecutivo.