Las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez han resaltado el modo en que las dinámicas judiciales y políticas en Colombia se entrelazan en la coyuntura electoral.
Mientras crecían las especulaciones sobre una eventual candidatura vicepresidencial del exmandatario para 2026, Uribe ha dejado claro que no asumirá ese camino, citando tanto el ambiente institucional como el proceso judicial en su contra.
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“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, explicó el expresidente Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
La propuesta buscaba consolidar al exmandatario como figura central de la oposición democrática para enfrentar al gobierno del presidente Gustavo Petro y los sectores alineados con el expresidente Juan Manuel Santos.
Según consignó W Radio, todo comenzó cuando Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente, hizo pública una carta en sus redes sociales en la que sugería que su padre podría postularse como vicepresidente en las próximas elecciones.
“Álvaro Uribe es el único líder que puede unir a la oposición democrática (…) Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos”, afirmó Tomás Uribe, según el mencionado medio.
En su mensaje, el expresidente Uribe también realizó graves acusaciones sobre el sistema judicial y los actores que participan en su proceso.
Señaló directamente al ministro Eduardo Montalegre, reseñando que “el ministro Montalegre, presunta víctima mía, ha llevado a trabajar con él en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía, quien encarceló y pidió condenar a mi hermano. Este fiscal fue cuota de Leónidas Bustos, prófugo del Cártel de la Toga”.
De esta manera, el expresidente apuntó a presuntas redes de influencia y favores dentro de los organismos judiciales, vinculando su situación jurídica con vendettas políticas, un tema que ha estado presente en el discurso uribista en los últimos años.
