La mañana del martes 21 de octubre de 2025 estuvo marcada por una decisión judicial que impacta el panorama político y jurídico de Colombia: el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe del delito de fraude procesal, el segundo cargo por el que había sido condenado.
Con esta resolución, el Tribunal confirmó la inocencia de Uribe en todos los delitos que pesaban en su contra, en un proceso que ha captado la atención nacional por sus implicaciones y por la naturaleza de las pruebas utilizadas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La lectura del fallo de segunda instancia comenzó a las 8:00 a. m. y se extendió hasta las 10:30 a. m., periodo en el que el exmandatario recibió varias decisiones favorables.
Entre los puntos clave, el Tribunal determinó que las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente Uribe carecían de legalidad, lo que llevó a la desestimación de las conversaciones entre el expresidente y su abogado, Diego Cadena.
Esta determinación resultó fundamental, ya que las pruebas obtenidas mediante esas interceptaciones habían sido consideradas válidas en la primera instancia del proceso.
El Tribunal también abordó el caso de soborno a testigo, relacionado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez. En este aspecto, la decisión fue igualmente favorable para Uribe, quien resultó absuelto de ese cargo.
Así, la segunda instancia no solo anuló la validez de las pruebas obtenidas de manera irregular, sino que también ratificó la inocencia del exmandatario en los dos delitos que motivaron su condena inicial.
El contexto de este caso se remonta a las acusaciones por soborno a testigo y fraude procesal, en las que la jueza Sandra Heredia, responsable de la primera instancia, había dado por válidas las pruebas derivadas de las interceptaciones telefónicas.
“Respecto al contenido de las cartas y la actuación del acusado, se acreditó que Álvaro Uribe Vélez entregó información sobre ‘el cubano’ y que sus instrucciones se ajustaban al derecho constitucional de aportar datos para su defensa”, inició la lectura el magistrado Manuel Antonio Merchán.
Sin embargo, la revisión del Tribunal Superior de Bogotá modificó el rumbo del proceso al declarar ilegales dichas pruebas, lo que afectó de manera directa la solidez de la acusación. Además, el abogado Diego Cadena figuró en las conversaciones que el tribunal finalmente descartó como evidencia.
“No se demostraron los contenidos de las cartas ni mecanismos de comunicación para falsificar declaraciones y participación de artificios. En conclusión, la ausencia sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal del fraude procesal de revocar la sentencia”, continuó Merchán.
Con la anulación de las pruebas obtenidas mediante interceptaciones ilegales, el proceso judicial que involucró a Uribe experimenta un giro definitivo: los elementos que sustentaron la condena inicial pierden toda validez, dejando sin efecto las decisiones previas que se apoyaron en ellos.
