En julio pasado, tres llamados casi simultáneos al 911 advirtieron sobre supuestas bombas en tres vuelos: dos de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza y uno de Flybondi en el aeroparque Jorge Newbery. Las denuncias complicaron el normal desarrollo de tareas en las terminales aéreas hasta tanto se despejaron las dudas y se confirmó la falsedad de las denuncias. Una intimidación como la referida tiene consecuencias penales para sus autores, aun cuando carezca de asidero.
Una larga investigación condujo a la detención de un joven de 20 años, domiciliado en La Falda, Córdoba, en un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Córdoba. Se comprobó que el acusado había realizado unas 35 comunicaciones alertando sobre falsos atentados en solo un mes. Amenazas directas, pedidos de auxilio con datos inventados, simulación de tiroteos y detonaciones, llamadas con voces distorsionadas e incluso con acento extranjero.
De nada le sirvió haber contratado un servicio de telefonía IP con un correo electrónico falso, enmascarando incluso su ubicación con una VPN. Sí demandó mayores recursos a los investigadores que de todas maneras dieron con el llamador serial.
En reiteradas ocasiones nos hemos referido a los problemas de salud mental que aquejan a nuestros jóvenes y sobran los ejemplos de cuántos de los erráticos comportamientos de muchos lamentablemente cruzan la línea para convertirse en delitos, con distintos niveles de peligrosidad y afectación para sí o para terceros.
Penar debidamente a quienes ponen en vilo la seguridad ciudadana, sea en un aeropuerto o en cualquier espacio público, provocando un estado de temor y malestar generalizado, es tan importante como difundir las medidas punitorias para que adquieran valor ejemplificador. Desalentar con condenas ejemplares desde la más mínima travesura juvenil hasta un boicot finamente orquestado es clave para evitar que se repitan.
