Cuando los límites entre lo público y lo privado se diluyen por intereses partidarios, comerciales, o ambos, la institucionalidad se encoge. El reciente episodio protagonizado por la emisora Futurock —que decidió instalar, sin autorización, una cabina de transmisión en el ingreso al Hospital Garrahan— no es solo una muestra de grosería contra un centro de atención de la salud, sino la evidencia de un modelo que considera que lo estatal puede ser ocupado como si fuera una extensión de un local partidario o de una actividad comercial.
Montar una radio allí, colgándose de su red eléctrica y alterando el normal funcionamiento, es un acto de soberbia revestido de cinismo. Los responsables, lejos de asumir su irresponsabilidad, respondieron victimizándose, como si el derecho a militar justificara la alteración de la vida de pacientes vulnerables. Y lo más grave: lo hicieron con la complicidad tácita —o explícita— de quienes aún creen que el Estado les pertenece.
Durante años, numerosas organizaciones vinculadas al kirchnerismo usufructuaron fondos públicos con una impunidad que alarma. Uno de los ejemplos más grotescos fue el restaurante “Lo de Néstor”, en San Telmo, financiado con al menos 60 millones de pesos transferidos discrecionalmente a una cooperativa manejada por un dirigente afín al poder de entonces. Nada en ese proyecto tenía vocación social. Era, sencillamente, capitalismo de amigos.
Lo mismo pasó con el escandaloso caso del boliche clandestino que funcionaba en un inmueble cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. El lugar, otorgado con fines educativos, terminó transformado en un antro nocturno con luces, barras y música. En un espacio cedido por el Estado, no se dictaban clases ni se promovía la memoria: se lucraba y despreciaba la institucionalidad.
No son “irregularidades”, sino una concepción patrimonialista del poder, en la que lo público es botín de guerra y no herramienta de servicio.
No hay militancia que excuse la ocupación indebida de un hospital. No hay relato épico que convierta una parrilla con nombre justicialista en una política pública. No hay verdadera memoria si se administra desde el desparpajo y el clientelismo.
