La ONG Amnistía Internacional ha pedido este martes investigar como crímenes de guerra los ataques llevados a cabo a finales de junio por parte del Ejército de Israel contra la prisión iraní de Evin, considerada un símbolo de la represión y donde causó «decenas» de víctimas civiles, así como daños y destrucción generalizados, y descarta que haya pruebas creíbles de que constituyera un objetivo militar legítimo.
«Los indicios ofrecen motivos razonables para creer que el Ejército israelí atacó de forma descarada y deliberada edificios civiles. Dirigir ataques contra bienes de carácter civil está estrictamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. Llevar a cabo tales ataques a sabiendas y deliberadamente constituye un crimen de guerra», ha afirmado la directora general de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas, Erika Guevara Rosas.
Amnistía, que ha subrayado que el ataque tuvo lugar durante el horario de visitas de la prisión cuando «muchas partes de la prisión estaban atestadas de civiles», ha realizado una investigación del caso que ha incluido una serie de imágenes de vídeo verificadas, imágenes satelitales, entrevistas a testigos presenciales, familiares de personas presas y defensoras de Derechos Humanos.
De hecho, se estima que Evin albergaba entre 1.500 y 2.000 personas presas en el momento del ataque, algunas de ellas detenidas arbitrariamente, como defensores de Derechos Humanos, manifestantes, opositores, miembros de minorías religiosas y personas extranjeras. A la población reclusa se suman los cientos de civiles que estaban en el complejo penitenciario.
«Las fuerzas israelíes deberían haber sabido que cualquier ataque aéreo contra la prisión de Evin podía causar daños significativos a la población civil. Las autoridades fiscales de todo el mundo deben garantizar, recurriendo al principio de jurisdicción universal, entre otros medios, que todos los responsables de este ataque mortal sean llevados ante la justicia», ha declarado Guevara.
En este sentido, la directora general de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional ha instado a las autoridades iraníes a otorgar al Tribunal Penal Internacional la «jurisdicción sobre todos los delitos tipificados en el Estatuto de Roma cometidos en su territorio o desde él».
Las autoridades han identificado a 57 civiles muertos en este ataque, incluidas cinco trabajadoras sociales, trece jóvenes que prestaban el servicio nacional obligatorio como guardias y 36 miembros del personal penitenciario. Los medios de comunicación informaron también de once muertos, incluidas nueve mujeres y un niño, en un bombardeo sobre el edificio administrativo.
En cuanto a los daños en las instalaciones, Amnistía ha constatado la destrucción de cuatro lugares distintos en la zona sur y central de la prisión, incluida la puerta de entrada principal, el muro contiguo y el edificio de información para visitantes. También ha registrado daños en una oficina de la Fiscalía, el aparcamiento y un edificio contiguo al módulo de aislamiento.
Las imágenes satelitales muestran, a su vez, daños en la zona central de la prisión, la clínica y la cocina, causados por la explosión y coches en llamas. El exterior de la clínica estaba cubierto de hollín negro y humo saliendo por las ventanas, mientras que en el interior había «escombros por todas partes» y equipos médicos volcados.
En los vídeos verificados se ven ventanas destrozadas, paredes derrumbadas y escombros por todas partes, tanto en el lado oeste como en el este del edificio administrativo. La primera planta «parece estar prácticamente arrasada, con muros de carga desaparecidos en múltiples tramos».
Según la investigación, la explosión también afectó a las oficinas del personal y dejó a algunos agentes y guardias atrapados bajo los escombros. No obstante, las autoridades no han proporcionado información sobre el paradero de los presos recluidos.
La zona norte de la prisión también se vio afectada por los ataques, de forma que la puerta principal y el muro adyacente quedaron destruidos, la parte delantera del edificio que alberga un complejo judicial, el edificio de visitas, y dos muros internos cercanos a módulos de presos.
Las imágenes analizadas por Amnistía indican que también quedaron destruidas una carretera y dos muros de seguridad situados en el interior del complejo y en las proximidades de módulos con celdas de reclusión en régimen de aislamiento.
AI APUNTA A DECLARACIONES INCRIMINATORIAS DE ISRAEL
De hecho, la ONG ha apuntado a las declaraciones autoincriminatorias de los funcionarios israelíes, haciendo hincapié en que altos funcionarios israelíes «se jactaron» de los ataques a través de sus redes sociales. Sus declaraciones «parecían justificar el ataque al afirmar que allí se retenía y torturaba a ‘enemigos del régimen’ y alegando que en la prisión se llevaban a cabo operaciones de Inteligencia contra el Estado de Israel».
«No obstante, el interrogatorio de personas detenidas acusadas de espiar para Israel o la presencia de agentes de Inteligencia dentro del recinto penitenciario no convertirían al centro penitenciario en sí mismo en un objetivo militar legítimo en virtud del Derecho Internacional Humanitario», ha sostenido Amnistía.
La ONG se ha basado en los comentarios del ministro de Defensa israelí, Israel Katz; del de Exteriores, Gideon Saar; y de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a través de sus perfiles en la red social X. Por ejemplo, Katz aplaudió que habían utilizado «una fuerza sin precedentes» contra objetivos «del régimen y organismos de represión gubernamental en el corazón de Teherán».
Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní publicó un vídeo en el que supuestamente se mostraban imágenes de la puerta de la prisión volada por los aires –si bien se desconoce su origen– acompañado de un mensaje sobre que habían «advertido a Irán una y otra vez», mientras que las FDI habían confirmado que habían llevado a cabo «un ataque selectivo» contra «la famosa prisión de Evin».
El 13 de junio Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático –que respondió lanzando cientos de misiles y drones contra territorio israelí–, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán –las de Fordo, Natanz e Isfahán–, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor. Más de un millar de personas murieron en Irán y 30 fallecieron en suelo israelí.
Israel afirmó que el objetivo de su ofensiva era hacer frente al supuesto programa de armamento nuclear de Teherán, en unos ataques lanzados apenas dos días antes de una nueva reunión programada entre Irán y Estados Unidos, que iba a ser la sexta, para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, después de que Donald Trump anunciara en 2018, durante su primer mandato, la retirada unilateral de Washington del histórico pacto alcanzado en 2015, que incluía numerosas inspecciones y limitaciones al programa de Teherán.
