La amnesia es un recurso político que, a veces, dura muy poco. Cristina Kirchner finge un extravío de la memoria cuando hace saber que proyecta ser candidata a legisladora provincial bonaerense, en las elecciones locales de septiembre próximo, por la poblada tercera sección electoral. La expresidenta ya fue condenada por las dos más altas instancias penales del país a seis años de prisión efectiva y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado. Tanto el tribunal oral que la condenó después de tres años de debate entre testigos, acusados, fiscales y defensores como la siguiente instancia, la Cámara de Casación, coincidieron tanto en la calificación del delito que la viuda de Kirchner cometió como en la pena que le dieron. La sentencia es, por lo tanto, definitiva. La Corte Suprema, que es el tribunal donde está ahora y debe ponerle un punto final a la causa, es un recurso extraordinario, no una instancia de apelación. La Corte puede rechazar ese recurso extraordinario o aceptarlo; la mayoría de las veces los rechaza. Por ahora, se sabe que los jueces que integran el máximo tribunal de justicia del país (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) colocaron el voluminoso expediente en un lugar prioritario y están analizando el momento en que darán a conocer una resolución final sobre Cristina Kirchner. Son conscientes, aunque nunca lo digan, de que si la expresidenta se cubriera de fueros parlamentarios en septiembre, la pena que le cayó encima por corrupción no podría ser ejecutada. No podría ir presa y, a la vez, podría ejercer el cargo de legisladora para el que eventualmente fuera elegida. El resultado político y social sería peor para los jueces supremos si, encima, ellos confirmaran la condena de las instancias anteriores luego de que Cristina Kirchner se hiciera de los fueros.
Cristina puede actuar una amnesia sobre su destino, pero no puede eliminar el destino
Por eso, tal vez no estemos tan lejos del momento en que se sepa definitivamente si Cristina Kirchner irá a la cárcel (ya tiene edad para cumplir la prisión en su casa, aunque esa será siempre una decisión del juez) y si podrá –o no– ser candidata en las cercanas elecciones legislativas. Ella puede actuar una amnesia sobre su destino, pero no puede eliminar el destino.
Los jueces son sordos y mudos cuando se les pregunta por el contenido de futuras sentencias. Tienen razón. Si adelantaran públicamente sus opiniones, podrían ser luego recusados por prejuzgamiento. Pero se pueden sacar conclusiones analizando la historia judicial y las decisiones que la Corte tomó en los últimos días. Veamos la historia. Raras veces ese encumbrado tribunal cambió las decisiones coincidentes de otras instancias. De hecho, la Cámara de Casación fue creada como última instancia del fuero penal federal, que es el que investiga, condena o absuelve a los funcionarios públicos acusados de corrupción. Sin embargo, la Corte suele intervenir cuando hay disidencia entre la sentencias de los tribunales inferiores; por ejemplo, cuando un tribunal oral decide una cosa y la Cámara de Casación resuelve otra, totalmente distinta. En tales casos, le requiere lo que se llama un doble conforme, para ratificar alguna de esas sentencias contradictorias, a un tribunal independiente de aquellos dos. Los tiempos de la Justicia se vuelven entonces insoportablemente largos. Pero tal discordancia no se da en este caso porque los dos tribunales anteriores coincidieron en todo. Solo el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, pidió una pena más grave para la actual jefa del peronismo (12 años de prisión) y que se califique el delito que cometió también como asociación ilícita. Casal solo cumplió con su deber de respaldar a su subalterno, el fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, que pidió lo mismo. No obstante, el dictamen de Casal no es vinculante con la decisión de la Corte; es decir, este tribunal puede tenerlo en cuenta o no.
Detengámonos también en los últimos días. El jueves último, la Corte Suprema ratificó la condena de Lázaro Báez y sus hijos por el lavado de dinero en la causa llamada “ruta del dinero K” o “la Rosadita”, por un departamento en Puerto Madero donde se contaban los dólares que luego se giraban en negro al exterior. También ordenó que se incluyera a Cristina Kirchner en la investigación posterior de esta causa. En rigor, ese lavado de dinero está relacionado con la causa Vialidad, por la que la expresidenta ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El dinero que Vialidad le pagaba a Lázaro Báez en blanco (el Estado siempre paga en blanco, salvo los fondos reservados de la SIDE) con sobreprecios o por obras públicas que no había terminado tenía que ser convertido en negro para costear los sobornos. Parte de ese dinero negro se volvía a blanquear luego, para que la familia Kirchner pudiera hacer uso de esos recursos, en los hoteles de Hotesur o en los edificios de Los Sauces, donde volvía a aparecer Lázaro Báez como inverosímil inquilino de hoteles y edificios que no necesitaba. La ratificación de la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero, y la orden de la Corte de que sigan investigando a Cristina Kirchner en esa causa, permite inferir que el decisivo tribunal de Justicia se inclina hacia otra confirmación: la de la condena por el caso Vialidad. En síntesis, Cristina Kirchner podría estar más cerca de la cárcel que del Parlamento y podría tropezar definitivamente con la prohibición de ser legisladora en cualquier Congreso o funcionaria en cualquier lugar del Estado. La conclusión es muy simple: nunca hubiera existido un Lázaro Báez como dispendioso millonario de una fortuna que nunca tuvo antes sin la complicidad de los Kirchner. Además, en ninguna instancia de los tribunales –menos aún en las cercanías de la Corte Suprema– se quiere seguir profundizando el desprestigio de la Justicia. “El caso de la jueza Julieta Makintach cruzó cualquier frontera hacia la indignidad de la Justicia y eso la sociedad lo sabe”, se escuchó en altos despachos de la Corte Suprema. Aluden a la jueza que integró el tribunal oral que indagaba si hubo culpas en la muerte prematura de Diego Maradona; la magistrada participaba de una miniserie documental sobre el caso sin que sus colegas lo supieran y en la que ella era la principal actriz. El juicio se anuló y deberá comenzar de nuevo. Por estar Maradona en el centro del escándalo, el desprestigio de la Justicia argentina se convirtió en una noticia del mundo mundial (Felipe González dixit).
En ese contexto en el que es probable que estemos viviendo las vísperas de decisiones importantes, se abrió un debate en el Senado sobre el número de miembros que debe tener la Corte Suprema. El tribunal está ahora con solo tres miembros y sus decisiones se tornan difíciles, sobre todo porque no existe una buena convivencia de los dos jueces que integran su conducción (Rosatti, presidente, y Rosenkrantz, vicepresidente) con el tercero, el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Los fallos del tribunal deben ser ahora resueltos por la unanimidad de los tres porque son cinco los jueces que integran la Corte, aunque faltan dos. Prueba de esas discordias fue la decisión que tomaron el jueves Rosatti y Rosenkrantz de disolver el Centro de Información Judicial, una creación de Lorenzetti, en sus tiempos de presidente del tribunal, y de su asesora de prensa, María Bourdin. La mayoría de la Corte, que puede existir para estas decisiones administrativas, consideró que había una innecesaria abundancia de agencias de información sobre las decisiones de la Justicia.
En el Senado existen varios proyectos para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema. En las supuestas negociaciones entre el Gobierno y el peronismo caracolea el interés mutuo de nombrar cada uno más jueces supremos. Uno de los proyectos es del senador salteño Juan Carlos Romero, cuyo hijo adelantó que su padre aspira a una reelección en los comicios de octubre. ¿Cerca de Milei? Es posible. Romero es un político coherente con su política de adhesión a los sucesivos oficialismos; él propuso una Corte de siete miembros, no de cinco. La neuquina Sofía Sapag, cercana al peronismo, se engolosinó con los jueces y planteó llevar a quince el número de miembros de la Corte. Un tercer proyecto, de la rionegrina Mónica Silva, propuso volver al número de nueve jueces supremos, la cantidad que existió durante la gestión de Carlos Menem.
Pero ¿es cierto que hay embrionarias negociaciones entre Milei y Cristina Kirchner, como se asegura? Todo indica que sí. No serían cuestionables si ellos se ponen de acuerdo en nombres de juristas intachables, profesional y moralmente, para integrar el máximo tribunal con los dos jueces que faltan. Ya se vio con los casos de Manuel García-Mansilla, incuestionable jurista, y del polémico Ariel Lijo que sin Cristina Kirchner es imposible llegar a los dos tercios de los votos del Senado que exige la Constitución para el acuerdo senatorial de los jueces de la Corte. Cristina es necesaria, pero no suficiente. Los votos del radicalismo también son imprescindibles. La negociación política entre el Presidente y su adversaria peronista es aceptada también por las más altas instancias de la Justicia. ¿Cómo designar a los jueces supremos, si no? El número actual de miembros de la Corte, cinco, fue una propuesta de la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006, cuando su marido era el presidente del país. ¿Cambió de opinión? En 2006, la ahora expresidenta se explayó sobre los beneficios de una Corte de cinco miembros delante de un reducido grupo de periodistas al que convocó en su despacho del Senado. Éramos: Marcelo Longobardi, Eduardo van der Kooy, Horacio Verbitsky y quien esto escribe. En rigor, tenía razón hace casi 20 años y aquellos argumentos siguen siendo válidos. Una Corte numerosa no hará más que retrasar la resolución de los casos porque serán más las personas que deban ponerse de acuerdo. No deberían dar tantas vueltas: la Corte tiene que estar integrada según su número actual de jueces.
Hubo excelentes jueces de la Corte nombrados por distintos presidentes (como también hubo varios esperpentos). Raúl Alfonsín designó a jueces de la talla de Carlos Fayt o Enrique Petracchi; Menem nombró, por ejemplo, al recordado Gustavo Bossert; Eduardo Duhalde llevó a la Corte a Juan Carlos Maqueda, quien se acaba de jubilar y tuvo una trayectoria impecable durante 22 años en el máximo tribunal; Néstor Kirchner designó a Carmen Argibay, una jueza independiente e irreprochable, y Mauricio Macri nombró a los actuales Rosatti y Rosenkrantz, honestos y bien formados intelectualmente. Si Milei propuso también al destacado García-Mansilla, ¿por qué los dos, él y Cristina, no podrían acordar los nombres de dos juristas sin máculas? Es cierto que ahora hay un problema nuevo y consiste en la frágil situación judicial de Cristina Kirchner; ella cree que solo la Corte podría salvarla de una cárcel larga, aunque la cárcel sea su propia casa. Dejó trascender que quiere que la dejen proponer a una mujer que exprese sus ideas. La primera parte es razonable, porque si no hubiera una mujer (o dos), la Corte quedará integrada solo por hombres. La segunda parte, la que habla de alguien que exprese sus ideas, es lo que advierte y alarma a no pocos jueces y dirigentes políticos. ¿Habla de sus amigas? Milei solo podrá reclamarle a Cristina la calidad necesaria en sus postulaciones si él, al mismo tiempo, hace propuestas razonables y consensuadas. Resulta que ellos pelean y negocian (no son cosas incompatibles) la integración de la Auditoría General de la Nación. En esta cuestión tiene más interés el Presidente que Cristina Kirchner. La Auditoría, que según la Constitución debe estar en manos de la oposición, tendrá que auditar la gestión de Milei. Los dos le niegan al radicalismo los lugares que le corresponden. El jefe del Estado está en condiciones políticas y electorales de dar el ejemplo y mostrarse predispuesto a que lo controlen. Desafiada hasta por Axel Kicillof, Cristina Kirchner percibe, en cambio, que se acerca dramáticamente la hora de su crepúsculo.
