Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), continúa en el debate político. Su nombre ha destacado en las últimas semanas no solo por la confrontación con Gerardo Fernández Noroña en el Senado, sino por encabezar acontecimientos recientes en Campeche, lo que promovió la denominada “Ley Alito”.
El Congreso de Campeche aprobó una reforma a la ‘Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad’, respaldada principalmente por legisladores de Morena. Aunque la modificación recibió ese nombre, el diputado local Carlos Ucán, la calificó públicamente como la “Ley Alito”, aludiendo a las propiedades y extensiones del priista.
¿Cómo se implementó? El 27 de agosto de 2025, la gobernadora Layda Sansores presentó ante el Congreso estatal una iniciativa, la cual fue leída en sesión de la Diputación Permanente el 29 de agosto. Hace unos días, la Presidencia de la Diputación convocó a una reunión para discutir y aprobar dicha propuesta.
Ley de Expropiaciones: ¿De qué va?
La propuesta pretende actualizar la ley establecida en 1981, bajo el argumento de ajustar el marco legal estatal con las disposiciones federales. Además, busca promover el crecimiento urbano en zonas donde se registra escasez de terrenos destinados a infraestructura y vivienda social.
Conforme a lo expedido, la promovente indicó que la Ley de Expropiación del Estado de Campeche define en qué situaciones el Estado puede intervenir en la propiedad privada por razones de utilidad pública.
Sin embargo, al no haber sido reformada de manera significativa desde 1981, se consideró que la Ley ya no responde a los estándares constitucionales ni a las disposiciones jurídicas actuales.
Las personas afectadas dispondrán solo de cinco días para presentar su defensa; de no hacerlo, podrían perder sus terrenos o inmuebles. Además, bajo el concepto de “utilidad pública” y con la aprobación de este marco legal, en Campeche será posible expropiar propiedades privadas.
Se ha denominado de manera irónica como “Ley Alito” a la nueva iniciativa, luego de que el diputado local comparó la reforma con el caso del exgobernador de Campeche.
En su argumento, Ucán expuso que el priista adquirió 300 hectáreas de terreno al precio de 30 centavos por metro cuadrado, y edificó una residencia valuada en más de 300 millones de pesos con recursos públicos, lo que calificó como un agravio.
Por este motivo, sostuvo que con la nueva Ley sería posible expropiar estos terrenos destinados a obras públicas, y que, hipotéticamente, la indemnización para Moreno sería por el mismo costo que pagó originalmente.
“Claro que esta ley afecta, pero los intereses de los que se robaron al amparo del pueblo todo lo que había a su paso”, concluyó el morenista.
