El archivo definitivo del proceso implicó una revisión meticulosa de cada acusación presentada contra la familia de Luís Montenegro, primer ministro portugués, y su empresa Spinumviva. Según reportó la agencia Lusa, la Fiscalía optó por mantener centralizadas todas las líneas de investigación, después de analizar nuevas evidencias relacionadas con la compra de bienes inmuebles y actividades empresariales. Las autoridades judiciales concluyeron que no emergieron pruebas que justificaran la apertura de causas adicionales ni el inicio de nuevas actuaciones penales contra ningún miembro del entorno familiar de Montenegro.
De acuerdo con Lusa, la Fiscalía comunicó la decisión de cerrar la causa por la ausencia de indicios delictivos tras una indagación que abarcó varias transacciones y contratos realizados por la sociedad Spinumviva, una empresa fundada por el propio Montenegro antes de ocupar el cargo de primer ministro y luego administrada por su esposa e hijos. El proceso investigativo incluyó tanto las denuncias iniciales como las informaciones periodísticas y judiciales surgidas desde marzo, que aludían a supuestas irregularidades en la adquisición de propiedades en Lisboa y en operaciones comerciales asociadas a la familia. Al incorporar cada nueva denuncia al expediente en curso, el Ministerio Público evaluó todos los elementos disponibles, sin llegar a concluir la existencia de delitos.
Lusa informó que el comunicado oficial de la Fiscalía puso énfasis en el carácter exhaustivo del análisis de las operaciones y contratos identificados. Las diligencias no hallaron situaciones de riesgo ni conductas ilegales, por lo que la investigación no derivó en acusaciones formales. Durante el desarrollo del caso, la exposición pública de los hechos influyó en la estabilidad del gobierno, contribuyendo al desgaste del ejecutivo y llevando finalmente a la disolución del gabinete y la convocatoria anticipada de elecciones, según consignó la misma agencia.
El bloque político conservador encabezado por Montenegro volvió a imponerse en los comicios posteriores, lo que, según reportó Lusa, reconfiguró el panorama político y reavivó el debate nacional sobre la responsabilidad de los altos funcionarios a raíz de que se abrieran indagaciones judiciales por señalamientos mediáticos. Tras conocerse el archivo de la causa, el propio primer ministro manifestó haber pasado por el proceso “con mucha calma” aunque reconoció, según sus declaraciones recogidas por Lusa, que la amplia repercusión pública afectó a su familia. Montenegro confirmó su intención de mantenerse al frente del gobierno, subrayando los principios humanistas y reformistas de su gestión.
El mandatario se refirió también al origen del procedimiento, vinculando la apertura del caso a “insinuaciones, sospechas y especulaciones amplificadas en los ámbitos político y mediático”, en palabras reproducidas por Lusa. A pesar de la falta de elementos probatorios, las autoridades dieron curso a una investigación completa sobre tanto su actividad profesional como las operaciones empresariales y transacciones inmobiliarias de su familia.
Durante la investigación, la Fiscalía recibió más denuncias impulsadas por nuevas publicaciones de prensa relativas a compraventas de inmuebles y otras actividades comerciales. Cada una de estas alegaciones fue revisada en el marco de la investigación principal, sin que se generaran expedientes independientes. Según subrayó Lusa, la imposibilidad de constatar hechos tipificados como delito hizo innecesario ampliar el proceso.
La resolución oficial, consignada por Lusa, explica que en ninguna fase del expediente se reunieron elementos suficientes para fundamentar una acusación o identificar infracciones penales. El texto del Ministerio Público precisó que “el análisis no permitió identificar comportamientos ilícitos ni justificó el inicio de actuaciones penales por los hechos investigados”, destacando la falta de hallazgos relevantes en relación con los familiares del primer ministro.
El caso tuvo una destacada repercusión mediática en Portugal, según reportó Lusa, y su desarrollo marcó un momento determinante para la agenda política. El ajuste institucional y la reacción electoral frente a las investigaciones ilustraron la influencia que pueden ejercer sobre el gobierno las informaciones surgidas en los medios y la importancia de los procesos de fiscalización. Así, el cierre de la investigación confirmó la posición de la Fiscalía y eliminó el fundamento legal para continuar con nuevas acciones respecto a la familia Montenegro.
