Tras la detención de Ayachi Hammami, una de las principales voces opositoras en Túnez, las organizaciones civiles y agrupaciones políticas han iniciado una serie de asambleas y manifestaciones con el propósito de coordinar la respuesta ante los recientes fallos judiciales que afectan a disidentes. Según consignó el medio Kapitalis, dichas acciones surgieron en reacción a la presión estatal que ha recaído sobre críticos del Ejecutivo, y se han visto acompañadas por llamados a unir esfuerzos en defensa de los Derechos Humanos y la democracia en el país. El caso de Hammami se suma a una cadena de arrestos de figuras opositoras, marcando un momento de alta tensión política.
De acuerdo con Kapitalis, el arresto de Ayachi Hammami se efectuó en su domicilio en Ben Arus luego que el Tribunal de Apelaciones de Túnez ratificara una condena de cinco años de prisión en su contra, relacionada con acusaciones de pertenencia a una organización ilícita y de conspiración. Según informó Mosaique FM, la inclusión del opositor en la lista de personas buscadas derivó en el operativo de captura ejecutado por las fuerzas de seguridad tunecinas. Hammami, quien denunció públicamente la decisión judicial, difundió un video en redes sociales en el que anunció que iniciaba una huelga de hambre como forma de protesta hacia su encarcelamiento.
El dirigente expresó en dicho video que la condena representa, desde su perspectiva, una iniciativa política respaldada por el presidente Kaïs Saied y su gabinete, en detrimento de lo que considera un proceso judicial imparcial. En palabras citadas por Mosaique FM, Hammami declaró: “Si ven este video, significa que yo, Ayachi Hammami, he sido arrestado por las autoridades de Kaïs Saied y encarcelado en una prisión de Túnez para ser condenado a cinco años de prisión por el delito de pertenencia a una organización terrorista”. Asimismo, atribuyó la situación a una política de represión estatal frente al incremento del descontento social en el país.
En el mismo mensaje, Hammami criticó la gestión del actual Ejecutivo al señalar que éste ha gobernado “de forma individual absoluta durante cuatro años” y que, ante la imposibilidad de resolver problemas estructurales en áreas como la salud, el transporte y la educación, ha recurrido a neutralizar la disidencia mediante procesos penales. Afirmó que el Gobierno únicamente reacciona contra quienes piensan diferente o advierten sobre la situación del país, sustituyendo así la resolución de problemas por la persecución política. Hammami aseguró que persistirá en la defensa de los Derechos Humanos y la justicia social, incluso estando en prisión.
Mientras se conocía la detención de Hammami, otras figuras opositoras también quedaron bajo vigilancia o riesgo de acciones judiciales. En este contexto, efectivos policiales cercaron la vivienda de Ahmed Najib Chebbi, dirigente de peso en el entorno crítico al Gobierno, como parte de un operativo que está vinculado a la misma causa judicial por conspiración, según indicó Kapitalis. Chebbi y otros líderes políticos se ven inmersos en procedimientos similares, donde los cargos de terrorismo y conspiración han sido utilizados en el marco de sentencias recientes del Tribunal de Apelaciones.
El Partido Republicano, donde milita Ahmed Najib Chebbi y que está encabezado por su hermano Issam Chebbi, ha tomado un rol central en la articulación de la respuesta política. De acuerdo con Kapitalis, esta formación organizó una asamblea destinada a reunir a partidos, entidades de la sociedad civil y agrupaciones defensoras de Derechos Humanos para definir pasos conjuntos ante la ofensiva judicial que afecta a voces críticas. El propósito de esta iniciativa es acordar estrategias y acciones que permitan enfrentar lo que consideran una amenaza a la independencia y las libertades democráticas en Túnez.
En paralelo, Hammami, a través de sus canales de comunicación y según citó Mosaique FM, instó a la población a sumarse por la defensa de un país “libre y democrático”, apelando en su mensaje a la unidad de acción frente al contexto actual. Manifestó: “Los invito a la unidad por Túnez, libre y democrática, por la justicia social”. Estos llamados han encontrado eco en diversas organizaciones y simpatizantes, quienes buscan mantener activa la presión social y política frente a la escalada de detenciones.
Tanto Kapitalis como Mosaique FM han reportado que la intensificación de arrestos responde a una política de seguridad que se ha articulado a través de sentencias dirigidas contra varias decenas de ciudadanos, incriminados bajo el paraguas de supuestos delitos de terrorismo o conspiración. Estas acciones judiciales han coincidido con estallidos de protesta en la vía pública, reflejando el grado de polarización existente en la sociedad tunecina y las dificultades que enfrenta el Gobierno para encauzar la respuesta a las demandas sociales y económicas.
Las fuentes locales, citadas por Kapitalis y Mosaique FM, han resaltado que la concentración de poder en la figura del presidente Saied constituye un elemento central en la estrategia gubernamental para gestionar la disidencia. Críticos del Ejecutivo y los propios implicados sostienen que el recurso a la vía penal persigue neutralizar el disenso y desalentar la participación política adversa.
En el marco de los acontecimientos, diferentes colectivos han articulado manifestaciones y jornadas de apoyo a los opositores detenidos, empleando la denuncia pública y la movilización social como formas de resistencia ante la deriva autoritaria que perciben en las acciones gubernamentales. El Partido Republicano y sus aliados mantienen la organización de nuevas reuniones y asambleas para definir el rumbo de la protesta, mientras la situación permanece bajo observación de medios y organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, informó Kapitalis.
El escenario, según la cobertura de Mosaique FM y Kapitalis, evidencia el impacto de las políticas estatales en la independencia judicial y el ejercicio de la libertad de expresión en Túnez. Los movimientos sociales y políticos han señalado que la tendencia hacia la concentración de poder y la judicialización de la disidencia representa un obstáculo para la participación democrática y el debate público. Las calles y espacios sociales del país han registrado manifestaciones y gestos de solidaridad desde distintas agrupaciones, mientras la tensión política y social se mantiene presente ante la evolución de los juicios y operativos en curso.
