Desde que se registró la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP, uno de los retos para los gobiernos de turno ha sido proteger la integridad de los desmovilizados.
Esta problemática no ha mermado en 2025, puesto que en lo corrido del año se ha registrado el asesinato de 31 firmantes de paz, el último de los casos se registró el 2 de septiembre en el municipio de Cocorná, en Antioquia.
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Esto fue informado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que expuso detalles del asesinato de Jhon Fader Santiago Galvis, que en su momento estuvo vinculado al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Martín Villa, en Arauquita.
En la actualidad, Santiago Galvis seguía vinculado a los procesos de reinserción en el municipio de Cocorná, en donde fue encontrado sin vida en la orilla del río, más específicamente en la vereda San Antonio, a 25 minutos de la cabecera del pueblo.
De acuerdo a lo expuesto sobre el asesinato, el cuerpo tenía varios impactos de bala; sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades es que tenía quemaduras.
Sobre este hecho, se maneja la hipótesis de que los individuos que terminaron con la vida del firmante tenían la intención de incinerar el cuerpo para desaparecer cualquier evidencia del crimen.
De acuerdo con los pobladores de Cocorná, la víctima adelantaba de manera individual su proceso de reincorporación en esta región y no se tenía conocimiento de que hubiera tenido accidentes o altercados con alguna persona o grupo de la zona.
En el sector en el que se registró el crimen hay presencia de estructuras del Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre la posible participación de algún grupo armado en el asesinato.
Más de 400 firmantes han sido asesinados en Colombia
A pesar de la petición al Estado de los firmantes que buscan que se les garantice su seguridad, esto no ha sido posible en todas las regiones, consolidando una “casería” en la que las disidencias buscan terminar con los que llaman “traidores”.
Al respecto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expuso que desde que se firmó el acuerdo con las Farc-EP, en el país se ha registrado el asesinato de 460 exguerrilleros.
“Es un dato muy preocupante. La sección en la que yo trabajo ha adoptado medidas para protegerlos porque entendemos que cada guerrillero asesinado supone no solamente llevarse la verdad que tenía que dar a las víctimas, sino también un ataque contra futuros procesos de paz“, explicó a EFE el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
Ramelli, que presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo, aprovechó para resaltar el compromiso que siguen teniendo los firmantes en el territorio nacional.
“La comunidad internacional sigue apostándole al proceso de paz de 2016. Es un proceso exitoso. A pesar de los asesinatos, a pesar de la las disidencias, a pesar de que cada uno de esos grupos quiere cortarlos, ellos (los firmantes de paz) siguen cumpliendo”.
Ante esta situación, el saliente jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Massieu, criticó al Gobierno nacional en su balance; en su presentación, respaldó el proceso de paz, pero alertó que no hay un liderazgo claro para enfrentar la violencia del país con las negociaciones que se llevan a cabo con varios grupos armados.
“A pesar de los avances innegables registrados, la implementación del acuerdo sigue enfrentando varios retos que dificultan la consolidación de una paz verdadera. Entre ellos destaca la presencia limitada de instituciones en diferentes regiones del país, en donde los beneficios de la paz siguen siendo limitados”.
