Para Asha Rangappa no hay tiempo que perder: su país, los Estados Unidos, está en una emergencia institucional sin precedente como resultado de la deriva autoritaria de su presidente, Donald Trump. La emergencia no puede ser subestimada y hay que frenar el avasallamiento institucional del gobierno, dice esta abogada y exvicedecana de la Universidad de Leyes de Yale, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.
Rangappa es hoy profesora senior en Yale, de donde egresó con honores, y es miembro vitalicio del Council of Foreign Relations. Sus artículos de opinión han sido publicados en The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, entre otros medios. Al margen de su perfil académico, Rangappa comenzó su carrera más de 25 años atrás como agente de contrainteligencia del FBI en la ciudad de Nueva York, donde sus responsabilidades incluían detectar las actividades de espías internacionales para desbaratar sus objetivos. Para eso contó con una capacitación que, lejos de los libros, incluyó herramientas como la vigilancia electrónica, técnicas de interrogación y utilización de armas de fuego, entre otras.
Si te levantan por la calle y no tienes opción de una mínima defensa antes de que te envíen a un gulag salvadoreño entonces estamos en Chile 1973
Hija de un médico y una contadora que emigraron de la India en 1970, Rangappa sostiene que Trump actúa al margen de la ley. “Si tienes un presidente que no acata las órdenes judiciales y actúa por fuera de la Constitución, el único remedio es removerlo del cargo. Y eso está en manos del Congreso”, señala.
Un año de trabajo en Bogotá en un proyecto de reforma constitucional como becaria Fulbright le dio a Rangappa un conocimiento importante de la región, además del idioma español, que habla con fluidez. En una entrevista con este diario, habló de los muchos frentes de ilegalidad abiertos por el presidente Trump en tan solo 140 días de gobierno.
Uno de los que más preocupan es el de las deportaciones masivas de migrantes sin posibilidad de defensa, que por estos días han causado fuertes protestas en California. Explica el caso de Kilmar Armando Abrego García, salvadoreño padre de tres hijos que fue arrestado el 12 de marzo mientras manejaba su vehículo, con su hijo de 5 años sentado en el asiento trasero. Tres días más tarde y en violación a una orden legal que impedía su traslado, Abrego García fue enviado a El Salvador de Nayib Bukele y encerrado en una cárcel conocida como Cecot, donde la violación de los derechos humanos y la brutalización de los detenidos son norma.
“Si te levantan en la calle y no tienes la opción de una mínima defensa antes de que te envíen a un gulag salvadoreño entonces estamos en Chile 1973,” dice Rangappa. “De ahí a que te secuestren en medio de la noche y te hagan desaparecer hay un paso”.
El gobierno reconoció que el envío de Abrego García a El Salvador fue producto de un error administrativo. Sin embargo, desafió durante más de tres meses el requerimiento de la Corte Suprema de retornarlo, argumentando que no tenía autoridad para hacerlo. Hoy, son cientos los casos de deportados que no tuvieron derecho a defensa y hay decenas de órdenes judiciales, aún no cumplidas, ordenando que sean repatriados.
La semana última Abrego García fue finalmente regresado a Estados Unidos y el gobierno insistió en que se trata de un criminal. “La cuestión nunca fue si Abrego García era buena o mala persona. Es el simple hecho de que no había razón alguna para deportarlo, aunque se crea que es un criminal, sin respetar su derecho a un proceso legal”, dice Rangappa. “Es tremendamente preocupante que el gobierno se maneje con esa ilegalidad.”
Rangappa destaca que el autoritarismo de Trump se halla en una etapa temprana y aún reversible. Pero para que no escale, advierte, las organizaciones de la sociedad civil –los medios, las universidades, los empresarios– y sobre todo la Justicia deben pararse con firmeza frente a los embates del gobierno.
Tener tropas armadas en ciudades norteamericanas es suficiente para generar una sensación de que los militares están a cargo y eso es incompatible con la democracia
–Es difícil pensar a la distancia tanta erosión institucional en un país como Estados Unidos, pero la escucho muy preocupada.
–Lo estoy. La obligación de un gobierno de presentarse ante la justicia y justificar un arresto es lo único que se interpone para que no pueda secuestrarte en la noche y hacerte desaparecer. Y si un gobierno no está dispuesto a acatar ese requerimiento entonces se trata de un régimen autoritario que ignora los derechos de las personas. Hay muchos casos como el de Abrego García, gente que está desamparada ante un gobierno que la acusa de terrorista sin darle una oportunidad procesal. Eso va en contra de un derecho básico y fundamental, el derecho al hábeas corpus.
–¿Cómo evalúa el envío de agentes de la Guardia Nacional y de marines a California para sofocar las protestas contra las redadas a los inmigrantes?
–Trump estaba decidido a usar la fuerza militar en un contexto civil y finalmente encontró la oportunidad con el tema inmigratorio y las protestas en Los Ángeles. No dudó en pasar por encima de la autoridad del gobernador Gavin Newsom. La medida busca show y provocación. Pero el fantasma de tener tropas armadas en ciudades norteamericanas es suficiente para generar una sensación de que los militares están a cargo y eso es incompatible con la democracia.
–Da la sensación que esta nueva administración de Trump está avanzando sobre la institucionalidad de forma muy veloz.
–Estamos a 140 días de su asunción y hay una sensación muy preocupante.
–¿Qué propone hacer al respecto?
–Si tienes un presidente que no acata las órdenes judiciales y actúa por fuera de la Constitución, el único remedio es removerlo del cargo. Y eso está en manos del Congreso. Lo que se llama un impeachment.
–¿Cómo ve el Congreso hoy, considerando que los demócratas están en minoría?
–Complicado. Es por eso precisamente que el Congreso no está tomando las riendas y haciendo lo que tiene que hacer. Los republicanos están facilitando y habilitando al presidente, lo cual muestra una complicidad que hace que todo sea mucho más preocupante.
–Y cómo ve la situación del Poder Judicial, que debería estar más protegido de las influencias políticas.
–Está trabajando bien. Incluso algunos jueces que están objetando al gobierno fueron nombrados por Trump en su momento y le están diciendo que no pueden invocar disposiciones extremas para echar gente del país y que hay que otorgarles un proceso legal. Pero los jueces solo pueden tratar los casos particulares. Por eso hablo del impeachment, que está en manos del Congreso.
Los republicanos pueden terminar pagando un precio por llevar al país a ese grado de ilegalidad
–Un impeachment a Trump generaría una situación de violencia peor que la del 6 de enero. ¿Que opina al respecto?
–No creo que puedas eludir la aplicación de las acciones correctas de la ley por miedo a una situación de violencia. Para eso, rendite y listo. Tienes que actuar de manera tal que el mensaje sea que la ley es importante.
–¿Cómo ve a la sociedad estadounidense ante todos estos hechos?
–Si bien los norteamericanos son bastante apáticos hacia los procesos políticos, creo que, en un nivel fundamental, no ven con buenos ojos situaciones como la del 6 de enero, cuando se intentó asaltar el Congreso. Les resulta ofensiva la violencia contra el Estado y la censuran. Lo mismo pasa con el hecho de la gente que es detenida y expulsada del país ilegalmente. Es allí donde veo un riesgo para Trump. Y los republicanos pueden terminar pagando un precio por llevar al país a ese grado de ilegalidad. Es cierto que los legisladores republicanos le tienen miedo a Trump, porque quieren mantener su cargo. Pero si los votantes se manifiestan contra este régimen, que ya ha hecho cosas muy ofensivas contra la gente, como la imposición de tarifas, eso podría cambiar el humor social y ayudar a mover las cosas en el sentido correcto. Por eso digo que el tiempo de actuar es ahora. No podemos ser complacientes. Es importante que la gente tenga esperanza y que sepa que las cosas pueden cambiar.
–Tres importantes académicos anunciaron en una nota publicada en The New York Times que se van del país por el creciente autoritarismo.
–Esas son decisiones personales, pero lo cierto es que la situación da miedo. El peligro es real y muchos académicos han estado alertando sobre esto. Muchas veces se los consideró alarmistas y esto se debe a que los norteamericanos siguen teniendo un sentido de excepcionalidad que los hace pensar que estas cosas jamás podrían ocurrir aquí. Mucha gente piensa así. Pero con Trump la gente está comprendiendo lo frágil que es la democracia.
El paso de Elon Musk por el gobierno fue una locura que mostró una faceta de Trump muy distinta de la de su primer mandato
–¿Cree que la sociedad civil puede revertir el curso de las cosas?
–Creo que cada cual en esta sociedad tiene que defender su rol, y no solo los tres poderes del Estado. Hablo de las profesiones legales, los medios, las universidades, los empresarios, las corporaciones. Todos tiene que asumir su rol para que las cosas funcionen. Pueden haber períodos donde una institución flaquea, pero si todas lo hacen, ahí peligra todo.
– Cómo ve el caso de las universidades, donde Trump avanzó de forma muy agresiva contra algunas de las instituciones más importantes del país, amenazando con reducir el financiamiento y ordenando la expulsión de estudiantes extranjeros, como el caso de Harvard?
–Esto es muy grave. El gobierno quiere meterse en cuestiones curriculares, de contratación, de dirección ideológica. Porque cree que parte de sus escollos proviene de los intelectuales y las instituciones que ellos llaman de extrema izquierda, como las universidades. Y buscan utilizar el dinero y el financiamiento como una herramienta para doblegarlas y controlar lo que se enseña y quién lo hace. Pero estas universidades son instituciones importantes y deben defenderse. Yo creo que como sociedad debemos utilizar todas las defensas legales a nuestro alcance mientras las tengamos. Cuando se puede luchar en la Justicia hay que hacerlo, porque si no el gobierno se envalentona y continúa avanzando.
–¿Qué posibilidades ve de revertir tantos avances contra instituciones del país?
–Todo puede ser revertido. Y es importante comprender que nunca es tarde. Chile estuvo 17 años bajo el reinado de Pinochet y hoy son una democracia. En ese sentido, nosotros estamos en un estadio relativamente temprano en el cual las cosas pueden cambiar. Necesitamos mucho más presión de la opinión pública para ayudar a enderezar las cosas.
En esta presidencia, Trump está utilizando dependencias del Estado, como el Departamento de Justicia y el FBI, como armas personales
–¿En qué se diferencia este segundo mandato de Trump del primero?
– Es muy distinto. En su primer mandato había mecanismos de control que limitaban sus acciones. El Departamento de Justicia y el FBI, por ejemplo, aún operaban de forma profesional. Ahora se han transformado en sus herramientas personales. Están utilizando estas dependencias del Estado como armas personales de un modo en que no lo habían hecho en el primer mandato. En ese momento aún había gente con experiencia en el manejo de la cosa pública. Eran funcionarios muy conservadores, pero en última instancia eran hombres que respetaban las instituciones y que comprendían cómo se deben manejar los organismos estatales. Ahora hay gente dispuesta a apoyar cualquier orden, aunque sea ilegal. Es muy diferente.
–La política exterior de Trump también parece traumática. La relaciones internacionales de Estados Unidos están sufriendo un cambio considerable.
–Imagínese hasta qué punto, con un presidente que amenaza quedarse con Groenlandia y Canadá. ¿Cuánta locura se puede esperar después de eso?
–Usted fue agente de contrainteligencia del FBI. ¿Cómo impactaron esos años en su comprensión de los Estados Unidos?
–Tuvieron mucho impacto. Cuando uno trabaja en el gobierno y entiende cómo funcionan las cosas, uno termina apreciando la importancia del servicio público. Uno se deshace de esas teorías conspirativas que pululan sobre cómo funcionan organizaciones como el FBI. Son cosas que no son ciertas. Y entiende también que hay personas para las cuales es importante defender la integridad de estas instituciones. Y por supuesto me permitió comprender las amenazas de la inteligencia internacional y por qué son tan peligrosas. Por eso hay cosas que hoy considero muy preocupantes, como el regalo de un avión del gobierno qatarí a Trump, por ejemplo.
–¿Qué es lo más interesante del trabajo de contrainteligencia?
–Es un poco como un juego de ajedrez. Definir quienes son tus objetivos. Tratar de comprender en qué andan, a quién quieren reclutar, cuáles son sus fuentes. Y cómo detenerlos.
–Dado su aprecio por el servicio público y las importantes organizaciones que ayudan a hacer funcionar el Estado, debe estar muy preocupada por la libertad que se le dio a Elon Musk para cerrar organismos estatales.
–Lo de Elon Musk fue una locura que mostró otra faceta del gobierno de Trump que es distinta de la de su primer mandato. Fue increíblemente destructivo el paso de Musk por la administración. Una persona sin legitimidad alguna metiéndose en el gobierno con chicos de veinte años para despedir gente, para cortar programas sin ninguna coherencia.
–Se debe de sentir aliviada por el rompimiento de Musk con Trump.
–La verdad es que me gustaría verlo desaparecer por completo de la escena pública. Y si su carrera y fortuna se vieran afectadas por el resto de su vida, no me sentiría triste en lo más mínimo.
EXPERTA EN LEYES Y SEGURIDAD
PERFIL: Asha Rangappa
Asha Rangappa, nacida en Baltimore, Estados Unidos, de padres indios, es profesora titular del Instituto Jackson de Asuntos Globales de la Universidad de Yale y exdecana asociada de la Facultad de Derecho de Yale.
Se desempeñó como agente especial en la División de Nueva York del FBI, especializándose en investigaciones de contrainteligencia. Impartió Derecho de Seguridad Nacional y cursos afines en la Universidad de Yale, la Universidad Wesleyana y la de New Haven.
Abogada por la Universidad de Yale, se graduó con honores en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton y recibió una beca Fulbright para estudiar reforma constitucional en Bogotá, Colombia.
Ha publicado artículos de opinión en The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, entre otros, y ha sido analista legal y de seguridad nacional para CNN.
Actualmente colabora en el área legal de ABC News, es miembro del consejo editorial de Just Security, un foro sobre derecho y seguridad . Asimismo, es miembro vitalicio del Council of Foreign Relations.
