El impacto de la inclusión de ingresos territoriales como nacionales en la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro generó inquietud entre analistas y autoridades regionales. El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advirtió que $7,8 billones proyectados como ingresos para el presupuesto general de la nación (PGN) en 2026, provenientes de impuestos al consumo de alcohol y tabaco, en realidad corresponden a recursos de los departamentos y el Distrito Capital, no a la Nación.
El Gobierno presentó la iniciativa con el objetivo de cubrir parte del déficit del PGN de 2026, que asciende a $557 billones. De ese monto, $26,3 billones (se habría acordado un recorte de $10 billones y finalmente serían $6,3 billones) —equivalentes al 1,4% del PIB— dependen de nuevas medidas tributarias. El 28% de estos ingresos adicionales provendría de modificaciones a los impuestos al consumo de alcohol y tabaco.
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Según las proyecciones, el recaudo por este concepto pasaría de $7,8 billones en 2026 a $10 billones en 2030, lo que implicaría más que duplicar el monto actual. Según el análisis académico, en 2024, los impuestos al consumo de alcohol y tabaco representaron la principal fuente tributaria de los departamentos, con $5,4 billones, equivalentes al 43% de sus ingresos propios.
En Bogotá, la cifra alcanzó $700.000 millones, lo que sumó un total nacional de $6,1 billones. Estos recursos financian sectores clave como salud, educación y deporte, y resultan fundamentales en regiones con baja capacidad fiscal, como Chocó, Vichada o La Guajira.
Al respecto, el Observatorio Fiscal resaltó que la presentación de estos tributos como ingresos nacionales desconoce la dependencia territorial y genera tensiones con las autoridades regionales. Los impuestos al consumo de alcohol y tabaco fueron cedidos de manera permanente a los departamentos mediante la Ley 223 de 1995, y la Ley 1816 de 2016 ajustó su funcionamiento y destinaciones específicas.
Actualmente, el gravamen sobre cigarrillos y tabaco elaborado recae sobre el consumo en cada departamento, con responsables que incluyen productores, importadores, distribuidores, transportadores y expendios sin soporte de procedencia.
“La base gravable es el precio de venta al público certificado por el Dane, y el diseño del impuesto combina un componente específico —$3.725 por cajetilla de 20 unidades y $297 por gramo de picadura en 2024— y un 10% adicional sobre el precio final de venta al público (ad valorem). Las tarifas se actualizan anualmente con el IPC más cuatro puntos», indicó el Observatorio.
En el caso de cervezas, sifones, refajos y mezclas, la base es el precio de venta al detallista para productos nacionales o el valor en aduana más 30% para importados. La tarifa es del 48% para cervezas y sifones (incluye 8% de IVA) y del 20% para refajos y mezclas (sin IVA). Las cervezas con menos de 2,5 grados de alcohol están clasificadas como alimento y no pagan el impuesto. Para licores, vinos y aperitivos, el impuesto combina un componente específico por grado de alcohol —$325 para licores y $220 para vinos— y un ad valorem de 25% para licores y 20% para vinos, con precios certificados por el Dane.
“La destinación de estos recursos es específica: en licores, el 37% se dirige a salud y el 3% a deporte; en cervezas, el 8% se destina a aseguramiento en salud y red hospitalaria; en tabaco, los fondos se orientan a salud y atención de población vulnerable”, indicó.
De acuerdo con el mismo, el Gobierno, en la exposición de motivos de la reforma tributaria, argumentó que el consumo de alcohol y tabaco genera graves problemas de salud y que los impuestos constituyen una herramienta costo-efectiva para reducirlo. Bajo este enfoque, propuso un rediseño para incrementar el recaudo y desincentivar el consumo.
Para el alcohol, se plantea unificar el impuesto para todas las bebidas, con la base en el precio al consumidor certificado por el Dane, un ad valorem del 30% y un componente específico de $1.000 por grado alcohólico por litro, ajustado anualmente con la inflación más cuatro puntos.
“El IVA aumentaría del 5% al 19%. En el caso de la cerveza, se ampliaría el hecho generador para incluir las cervezas sin alcohol, con una tarifa específica de $330 por grado alcohólico en unidad de 330 cc y un ad valorem del 30%. Para cigarrillos y derivados, se mantendría el ad valorem del 10%, se crearía un ad valorem del 30% para vapeadores y se incrementaría el componente específico: la cajetilla de 20 unidades pasaría de $4.068 a $11.200, y el tabaco suelto de $324 a $891 por gramo. Los vapeadores líquidos pagarían $2.000 por mililitro», anotó.
De igual manera, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que estos recursos adicionales no financiarían el PGN, ya que son ingresos departamentales. El artículo 347 de la Constitución establece que la Ley de Financiamiento debe equilibrar el PGN mediante tributos nacionales, por lo que modificar impuestos cedidos a los departamentos excede ese mandato.
Así las cosas, aunque los cambios buscan objetivos de salud pública, el Observatorio consideró que el canal adecuado sería una reforma tributaria territorial, discutida explícitamente entre Nación y territorios, reconociendo la titularidad de la renta y su destinación.
El análisis también señaló que cambios abruptos en estos tributos pueden generar efectos indeseados, como el contrabando. El sistema que regula estos impuestos es complejo: el Congreso define los elementos básicos, el Ministerio de Hacienda y el Dane certifican precios y tarifas, las secretarías de hacienda departamentales gestionan y fiscalizan el recaudo, la Federación Nacional de Departamentos administra la información y la trazabilidad, la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) combaten el contrabando, el Ministerio de Salud y la Adres garantizan la destinación a salud, y las Contralorías y la Fiscalía ejercen control y sancionan la evasión.
Sobre esto, el órgano académico concluyó que considerar como nacionales $7,8 billones del impuesto al consumo de licores y cigarrillos constituye un error técnico, ya que estos recursos no ingresarán a la caja nacional y el PGN 2026 permanecería desfinanciado. Además, la inclusión de estos tributos podría interpretarse como una herramienta de negociación política con los poderes regionales, especialmente en un año preelectoral y con un gobierno en su tramo final. El Observatorio alertó que la presentación poco clara de las cifras afecta la transparencia del debate fiscal y aumenta la incertidumbre sobre la magnitud real del déficit en los próximos años.
