“Al piso, al piso”, gritaron los uniformados de los grupos de elite de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando irrumpieron en la villa 21-24, en Barracas. Buscaban a Pequeño J., el sindicado capo narco que habría ordenado torturar y asesinar a Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.
Pequeño J o Julito, un ciudadano peruano de 23 años, ya no estaba en el asentamiento. Se había ido junto con sus lugartenientes.
“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, había dicho el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre Pequeño J. y su decisión de transmitir por redes sociales las torturas de las que fueron víctimas Verri, de 20 años; Del Castillo, de 20, y Gutiérrez, de 15.
En el allanamiento ordenado por la Justicia, y que se hizo anteanoche, participaron detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, y especialistas de los grupos de elite Halcón y Jaguar de la policía bonaerense. Fueron detenidos ocho sospechosos, según fuentes de la investigación.
Ahora continúa la búsqueda del sindicado capo narco. La investigación ahora está a cargo del fiscal de La Matanza Adrián Arribas.
Los primeros cuatro detenidos por su presunta vinculación en el triple crimen se negaron a declarar cuando ayer fueron indagados y seguirán presos.
En las últimas horas, el fiscal Gastón Duplaá, que tuvo la causa hasta ayer, los notificó que los acusaba de “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.
Esto significa que, antes de pasarle la investigación a su colega Arribas, a cargo de fiscalía de Homicidios de La Matanza, el fiscal Duplaá modificó la calificación inicial del sumario que era averiguación de paradero por la de femicidio, al considerar que, de acuerdo a las pruebas, Verri, del Castillo, ambas de 20 años y Gutiérrez, de 15, fueron asesinadas en el contexto de violencia de género.
Mientras que podrían quedar en libertad, los ocho sospechosos que fueron detenidos durante los procedimientos realizados por los efectivos de la policía bonaerense en la villa Zavaleta. Según fuentes judiciales, ninguno de los sospechosos quedó formalmente imputado por los homicidios de Brenda, Morena y Lara.
Hasta el triple crimen de Florencio Varela, el sindicado capo narco estaba fuera de los radares de los detectives policiales y judiciales que están detrás de las bandas narco que operan en las zonas calientes del narcomenudeo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.
La pista sobre el joven narco surgió a partir de las pruebas que se lograron obtener en la casa de Florencio Varela donde fueron hallados los cuerpos de las víctimas, agregaron los voceros consultados.
“Así le va a quien me roba”, habría dicho Pequeño J en redes sociales. Según Alonso, la transmisión en vivo que hizo el capo narco habría sido vista por un grupo de entre 40 y 45 personas.
“No tenemos muy en claro qué pasó, por alguna razón despertaron la ira de esta persona, un desquiciado [por el presunto capo narco]”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense en declaraciones a Radio Splendid AM990.
El pozo donde fueron enterradas las víctimas, según Alonso, habría sido cavado el viernes durante el día, antes de secuestrar a las dos jóvenes y la adolescente.
“Buscaban que quedaran desaparecidas y el triple crimen impune”, dijo el ministro. Las víctimas habían sido vistas por última vez el viernes pasado a las 21.30, cuando fueron filmadas por una cámara de seguridad al subir a una camioneta blanca que luego apareció incendiada.
