Cuatro meses después de que el país conociera de la investigación que abrió la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño, del partido Comunes, se conocen nuevos detalles del proceso.
De hecho, una reciente investigación adelantada por la unidad investigativa de Noticias Caracol, dio a conocer la existencia de una tabla detallada en la que se habría registrado los montos exactos que cada integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Carreño debía entregar mensualmente, según las denuncias presentadas ante el alto tribunal.
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Los asesores principales, con salarios cercanos a los ocho millones de pesos, habrían pagado más de 3,6 millones, casi la mitad de sus ingresos; incluso, los conductores, ganando 2,7 millones de pesos, debían aportar 200.000 pesos cada mes.
Este sistema, que habría afectado a la mayoría del equipo del congresista, es parte del expediente reservado revelado por el noticiero nacional, que involucra directamente al representante y pone bajo escrutinio al Partido Comunes.
La Corte Suprema de Justicia investiga si Carreño, conocido durante su pertenencia a las extintas Farc como alias Sergio Marín, exigía estos pagos bajo amenaza de despido y dirigía los fondos tanto hacia el funcionamiento partidista como a gastos personales.
El caso no solo lo expone a una posible condena de cárcel y la pérdida de la curul obtenida por el acuerdo de paz, sino que implica a otros congresistas de la colectividad, quienes estarían bajo sospecha por prácticas similares.
La investigación impacta de lleno en el futuro político de la formación, que debe competir por votos por primera vez tras la asignación de curules especiales otorgada por el proceso de paz con la antigua guerrilla.
Documentos internos y testimonios recabados por el medio muestrarían cómo los integrantes de la UTL, entre los que se cuentan asesores, conductores y otros funcionarios, entregaban parte de su salario por instrucciones expresas del representante.
El relato clave proviene de Irene Amado, antigua asistente de Carreño y sobrina de Griselda Lobo (alias Sandra Ramírez), viuda de ‘Tirofijo’.
Amado, que ahora vive exiliada en Houston, Estados Unidos, dijo a la Corte que el congresista usaba su facultad de libre nombramiento y remoción para presionar a quienes dudaban en aceptar los descuentos obligatorios.
“Dígame quién no quiere dar la plata, porque aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea”, habría declarado Carreño, según Amado.
El informe de Noticias Caracol detalla que Amado habría manejado una presunta contabilidad paralela de los pagos, siguiendo instrucciones del congresista para no dejar soporte documental y transferir el dinero a la comisión de finanzas del partido.
Entre las personas que habrían recibido estos recursos en los primeros meses se encuentra Victoria Nariño (también conocida como Marilyn Millán), ligada al comité financiero del Partido Comunes y luego a la UTL de otro congresista, Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’). Amado manifestó que la instrucción de ocultar pruebas respondía a que Carreño “sabía que no era correcto”.
Las declaraciones incluyeron ejemplos concretos sobre la recaudación. Cuando algún colaborador acumulaba atraso en los pagos, el propio representante, según la testigo, indagaba sobre el monto pendiente para exigir su entrega.
El asesor Diego Méndez admitió ante la Corte Suprema haber aportado dinero, aunque insistió en que lo hizo de manera voluntaria por convicción política.
Sin embargo, Nicolás Farfán, exregistrador delegado para lo Electoral, aclaró al medio que la ley prohíbe a los empleados de las UTL donar o contribuir económicamente a partidos y campañas, ya que son servidores públicos.
La investigación descubrió, además, otros presuntos destinos irregulares de los fondos recabados. De acuerdo con el testimonio de Irene Amado, gastos como la compra de camisas bordadas para la campaña política, mensualidades de una cadena hotelera y matrículas universitarias en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), por conceptos que incluían 36.000, 826.000 y hasta 1.986.000 pesos, salieron de esos pagos.
Las siglas “SM” anotadas en los registros, según la testigo, corresponden a ‘Sergio Marín’. Además, Ricardo Vargas, asesor con cargo alto en la UTL, aseguró ante la Corte que entregó más de 10 millones de pesos en efectivo durante el tiempo que trabajó en el Congreso y que presenció cómo el representante se quedaba con el dinero.
El expediente obtenido por Noticias Caracol incluye una conversación de chat entre Amado y Laura Molano, otra miembro de la UTL, en la que se reveló que los subordinados hacían trabajos universitarios para el congresista. El grupo, denominado Las Lamparitas, se organizó para cubrir materias que alias Sergio Marín decidía cursar.
La Corte Suprema también examina si existieron ascensos de cargo dentro de la UTL como medio para exigir mayores porcentajes de salario durante campañas electorales, atendiendo a registros como un giro de 2.300.000 pesos en octubre de 2019, que fue entregado al propio congresista para actividades electorales.
Molano sostuvo que sus aportes fueron voluntarios, aunque reconoció que debían “mantener un colchón para la campaña”.
En otra vertiente de la investigación, se examinan pagos como quinientos mil pesos para la compra de cascos y gafas para una manifestación durante el estallido social del 11 de junio de 2021 bajo el gobierno de Iván Duque.
Las denuncias de amenazas por parte de Carreño contra su equipo fueron otro eje del informe de la Corte. La testigo principal relató que el representante, frente a la posibilidad de filtraciones, advirtió a sus colaboradores sobre represalias, incluidas intimidaciones contra sus familias: “Si él tenía que ir a la cárcel, que él se volvía peor allá y que él salía y que se llevaba por delante al que fuera”.
El escándalo cobró relevancia pública en agosto de 2024, cuando Blu Radio difundió un audio en el que Carreño discutía abiertamente el sistema de cobros.
“Yo le dije a Wilson, bueno, lo contratamos ahí, pero una parte de lo que usted se va a ganar para que se la dé al ‘Tubo’, que es otro que está fundido… Pero alguien que gana cinco millones, pues quitarle el millón y medio. Pero bueno, como todos están llevados”, se escuchaba en el mensaje.
Desde que la Corte Suprema abrió formalmente la investigación, el congresista ha guardado silencio en las diligencias y, mediante su abogado, negó las exigencias de dinero, atribuyendo las denuncias a excolaboradores con quienes tuvo conflictos laborales y alegando que los aportes fueron voluntarios y para actividades sociales.
El presidente de Partido Comunes, Rodrigo Londoño, no ofreció declaraciones, argumentando motivos de salud.
