En medio de una polémica que despertó el rechazo de diversos sectores nacionales e internacionales, el gobierno de Perú canceló la reducción del área protegida que rodea las Líneas de Nasca. La medida inicial, tomada a fines de mayo, buscaba disminuir en más de 2,000 kilómetros cuadrados el espacio reservado por el Estado en esa zona del sur del país. Argumentaba una nueva delimitación basada en el “valor patrimonial” real de los terrenos. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: arqueólogos, ambientalistas y organismos multilaterales señalaron el riesgo de abrir la región a la minería informal e ilegal.
Durante semanas, los medios internacionales reportaron con detalle la controversia. Varios expertos señalaron que los terrenos excluidos, lejos de ser espacios sin valor, incluían geoglifos aún no estudiados. La presión pública llevó al Ministerio de Cultura a revertir la decisión. Ahora, se mantiene vigente la protección sobre los 5,600 kilómetros cuadrados establecidos desde 2004 y se instalará un grupo técnico con representación de la Unesco, el gobierno, instituciones académicas y sociedad civil para definir un nuevo esquema de gestión.
La prensa extranjera y el foco en la minería
La noticia recorrió medios de todo el mundo. “El gobierno de Perú abandonó un plan que reducía el tamaño de un área protegida alrededor de las antiguas Líneas de Nasca del país, luego de críticas de que el cambio las hacía vulnerables al impacto de las operaciones mineras informales”, reportó The Guardian. Ese mismo medio citó al exministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, quien afirmó que la zona ya estaba “infestada de minería ilegal y plantas de procesamiento de minerales”.
La alerta sobre la presión minera también fue destacada por ABC News. Según este medio, la reducción de un 42% del área protegida permitía “a los mineros solicitar permisos formales en áreas previamente restringidas”. Citó a Mariano Castro, ex viceministro de Ambiente del Perú, quien explicó que “el gobierno justificó su decisión diciendo que no la había discutido previamente públicamente. En otras palabras, no llega al extremo de admitir que la medida fue errónea, pese a existir evidencia de la presencia de minería ilegal, que pone en grave peligro y amenaza la integridad de las Líneas de Nazca”.
Daily Galaxy, por su parte, alertó que el decreto publicado en el Diario Oficial eliminaba el estatus de protección sobre terrenos del desierto de Ica, una región donde los expertos sospechan que aún existen numerosos geoglifos sin descubrir. El medio citó las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien sostuvo que en la zona excluida “no existe patrimonio arqueológico ni de otro tipo”, y que la redefinición de los límites permitía que las operaciones “ya no sean ilegales”.
Las reacciones de la comunidad científica no tardaron. Pieter Van Dalen, decano de la Asociación Peruana de Arqueólogos, expresó su preocupación en una entrevista con AFP. Cuestionó directamente al ministro de Energía: “¿Cómo puede saber si no hay restos sin la debida pericia?”. Otros investigadores también rechazaron la decisión del gobierno, resaltando que recientes descubrimientos realizados con inteligencia artificial habían identificado más de 300 nuevos geoglifos en áreas cercanas a la zona excluida.
Una de las figuras que alzó la voz fue Ana María Cogorno Mendoza, presidenta de la Asociación Internacional María Reiche. Según sus palabras, “la zona recientemente excluida es precisamente donde se llevaban a cabo algunos de los rituales más antiguos, según nuestra investigación”. La asociación lleva el nombre de la investigadora alemana que dedicó su vida al estudio de las Líneas de Nazca y defendió por décadas la preservación del desierto.
El abogado ambientalista César Ipenza también criticó la medida. En diálogo con The Guardian, afirmó que “el Estado no ha demostrado que las tierras excluidas carecieran de significado cultural. Esta zona, que pertenece a nuestros ancestros, requiere protección real y no solo oportunismo político”. En declaraciones a AP, advirtió que “la autoridad local es la que ha estado pidiendo la reducción de los límites de las Líneas de Nazca. También habrá una fuerte presión por parte de los mineros para que esto se lleve a cabo”.
La discusión permanece abierta. La región de Nazca, con más de 1,500 años de historia plasmada en líneas que solo se revelan desde el aire, sigue enfrentando presiones. Lo que parecía un asunto técnico terminó exponiendo los límites de las decisiones políticas en contextos donde la conservación choca con intereses extractivos.
