Un total 32,6 plazas para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Esa es la ratio en la que el Gobierno ha cifrado, en función de la población, la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, de forma que Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria para tutelar menores migrantes sin amparo familiar, y Navarra, Cantabria y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, las que menos.
La norma, avalada este martes en el Consejo de Ministros y que supone el último paso para poner en marcha la derivación de estos jóvenes, cuenta con el rechazo de las autonomías gobernadas por el PP, que ya han avisado de que recurrían ante los tribunales este nuevo real decreto.
Según la fórmula aprobada, Andalucía podría acoger hasta 2.827 menores migrantes, Cataluña 2.650 y Madrid 2.325. Completan la lista de mayor capacidad la Comunidad Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
Por debajo de 700 plazas se sitúan: Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194) y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27, respectivamente. Las autonomías que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
“Tenemos la obligación de darles una acogida digna y solidaria y en ello trabajamos desde hace meses a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios”, señaló en un comunicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la aprobación del real decreto. Cabe recordar que muchos de los menores migrantes que llegan solos a las costas españolas huyen de la pobreza en sus países de origen, de la falta de oportunidades educativas y laborales, de la violencia, la inestabilidad política y los conflictos armados, entre otras razones.
Rechazo del sistema
La mayoría de comunidades autónomas rechaza el sistema de reparto aprobado por el Gobierno. Diez de ellas, gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, han llevado el real decreto ante el Tribunal Constitucional. Madrid ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo, mientras que Baleares ha anunciado acciones similares, con la intención de solicitar la suspensión cautelar del reparto.
Este mismo martes, Madrid añadió más críticas a la medida, de forma que anunció un nuevo recurso, al igual que La Rioja, que ha denunciado que sus instalaciones ya están saturadas, mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que se considere frontera a su comunidad y ha acusado al Gobierno de favorecer al País Vasco y Cataluña. Estas dos últimas autonomías no recibirán menores migrantes debido al esfuerzo de acogida realizado en años anteriores, aunque las autoridades catalanas se han mostrado dispuestas a acoger a 31 menores en sus centros.
Castilla y León también recurrirá la norma ante la justicia, al considerar que supone una “imposición” del Gobierno central. Por su parte, la Comunidad Valenciana solicitará la suspensión cautelar de cualquier disposición relacionada con el reparto, argumentando falta de información sobre los traslados previstos.
(Con información de la agencia Efe)
