“Se declararon preocupados no solo por el sentido del fallo sino por la severidad de la sanción”, afirmó un vocero de la oficina de abogados que representa a los ejecutivos condenados de Chiquita Brands en el proceso judicial que los vincula con el financiamiento de grupos armados ilegales en Colombia.
La declaración, recogida por El Tiempo, refleja el estado de ánimo de los siete directivos sentenciados a más de once años de prisión y a una multa superior a 13.000 millones de pesos, en una de las decisiones judiciales más relevantes de los últimos años en torno a la relación entre empresas multinacionales y el conflicto armado colombiano.
La sentencia, dictada por la jueza Diana Lucía Monsalve, recae sobre cuatro ejecutivos extranjeros de Chiquita Brands:
- Charles Dennis Keiser, economista de 73 años y oriundo de Pensilvania (Estados Unidos).
- John Paul Olivo, contador público de 66 años, nacido en Chicago (Estados Unidos).
- Fuad Alberto Giacoman Hasbún, administrador de empresas de 61 años, originario de San Pedro de Sula (Honduras).
- José Luís Valverde Ramírez, ingeniero de 70 años, de Costa Rica.
A ellos se suman tres colombianos:
- Reinaldo Elías Escobar, abogado de Santa Marta.
- Víctor Julio Buitrago Sandoval, exoficial del Ejército nacido en Bogotá.
- Álvaro Acevedo González, tecnólogo electrónico de 71 años, oriundo de Medellín.
Todos fueron hallados responsables de haber financiado a la organización criminal de las autodefensas durante la década de los 90, según detalló el medio mencionado.
La juez Monsalve fue categórica al anunciar que no se concederá prisión domiciliaria ni suspensión de la pena a los condenados.
Además, una vez la sentencia quede en firme, se expedirán las órdenes de captura correspondientes.
“Ya fueron notificados”, enfatizó la funcionaria judicial, en una decisión que marca un precedente en la lucha contra la impunidad empresarial en el contexto del conflicto armado colombiano.
