Sagrario Ortega
Madrid, 30 may (EFE).- A primera hora de la mañana del pasado 19 de febrero la Guardia Civil desplegó un dispositivo en el polígono de El Tarajal de Ceuta para practicar unos registros. Pocos minutos después agentes encapuchados salieron de una de las naves, hablaron con otros y se abrazaron.
Expresaban el «subidón» que supuso a los investigadores del Servicio de Asuntos Internos (SAI) recibir un «premio» sobrevenido tras dos años detrás de compañeros del cuerpo que podrían estar haciendo la vista gorda al tránsito de partidas de droga. Y ese «premio» era el hallazgo de un narcotúnel entre Ceuta y Marruecos por el que circulaba el hachís.
Pero hasta encontrar ese túnel de 50 metros, excavado a doce metros de profundidad, tuvieron que pasar dos años de investigación más que difícil para esa unidad, ya que a las complicaciones habituales en su trabajo se añadía tener que realizarlo en una ciudad pequeña, donde cualquier persona ajena a la rutina cotidiana puede resultar sospechosa.
Según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación, las pesquisas del SAI comenzaron en marzo de 2023 en la llamada operación Hades a raíz de informaciones que apuntaban a una organización que traficaba con hachís e introducía la droga desde Ceuta a la península, casi con toda seguridad en dobles fondos de camiones.
Y para su entrada podría ser esencial la colaboración de agentes de la Guardia Civil destinados en el puerto de Ceuta, con muchos años de servicio en ese lugar y que estarían recibiendo pagos de entre 70.000 y 100.000 euros -incluso podrían llegar a 150.000- por cada envío de droga, un dinero que luego se repartían, aunque estas cifras se constataron a lo largo de las pesquisas.
Los investigadores sabían que no iba a ser fácil, toda vez que los objetivos a controlar también eran guardias civiles y, por tanto, sabían cómo actuar para no ser descubiertos. Además, como siempre hace el SAI, había que recabar pruebas contundentes, y no solo indicios, para presentar ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.
Fue necesario también infiltrar a algún agente.
Tres meses de trabajo de sol a sol y de seguimientos dieron sus primeros frutos en junio de 2023 cuando detectaron un primer camión sospechoso y una nave en Mairena de Alcor (Sevilla) donde se «caleteaban» los remolques con dobles fondos para poder ocultar la droga.
Conducido por un hombre con antecedentes policiales, el camión no siguió ningún itinerario lógico hasta Algeciras (Cádiz) y desde allí pasó a Ceuta, donde se descargó la mercancía «normal».
El camión se quedó en una nave del polígono del Tarajal «enfriándose», justo en un lugar complicado para la labor policial porque tiene su propia seguridad y todo el mundo se conoce.
Pero los agentes del SAI siguieron todo el proceso, vieron cómo al lado de una empresa de frío cargaron algo envuelto en plásticos negros y cómo el remolque embarcó en el puerto previa inspección de un guardia, que vio la caja vacía.
Ya en la península el mismo conductor que recogió el camión en Mairena de Alcor se puso al volante, pero el vehículo fue interceptado en un control rutinario cerca de Marbella (Málaga). Portaba 1.977 kilos de hachís. Su conductor ingresó en prisión.
Esta primera intervención aportó muchos datos de la operativa de la organización y, sobre todo, de la participación de los guardias civiles en tres escalones para dejar vía libre el tránsito de la droga: los «mecánicos» -los encargados de la inspección física- los «investigadores» -control más centrado en el análisis de la información- y los «perreros» -los que guían a los perros adiestrados en la detección de la droga-.
Pese a toda la información recabada, para los agentes del SAI siguió siendo complicada la investigación porque todos los implicados en la red, entre ellos los guardias, adoptan medidas de seguridad extras.
Sí consiguieron pruebas claras contra un «mecánico», Rubén G., pero el SAI sospechaba que había más agentes implicados con los que un enlace de los narcos negociaba el pase sin sobresaltos de la droga.
La operación continuó. Así, se descubrió un segundo envío de 3.137 kilos de droga ocultos en un camión con residuos de animales muertos cuyo destino era una planta de tratamiento de Zaragoza. Una mercancía que por sus características no puede abrirse en todos los puertos, entre ellos el de Ceuta, por lo que no era necesaria la colaboración de los guardias.
Pero sí se abrió en el puerto de Algeciras, en diciembre de 2023, y la droga fue incautada. Al parecer, Rubén G. sí ofreció a los narcos información sobre la investigación de este envío.
Junto a Rubén G, los agentes de SAI sospechaban también del guardia Agustín A. y del perrero conocido como «pelirrojo» o «el Fanta».
Una discusión a tiros entre miembros de la parte logística de la red -los disparos no alcanzaron a nadie- acabó con la detención de tres personas, lo que permitió a los investigadores sacar más información para sus pesquisas.
Con este golpe, la organización dejó de funcionar.
Pero los guardias «malos» no trabajaban solo para ella. Los investigadores identificaron otra red que daba los primeros pasos para un envío de droga, centraron sus pesquisas en la logística y constataron que al menos Rubén G. estaba implicado, porque, al igual que en el primer envío, dejó pasar al camión.
Fue el pasado mes de enero cuando el SAI planeó una entrega controlada y la droga fue intervenida en su destino: una nave de Villanueva del Trabuco (Málaga).
Tras esta incautación fueron detenidos los agentes Rubén G. y Agustín A., ya en prisión, y el diputado en la Asamblea de Ceuta Mohamed Ali Duas y su hermano Ahmed Mohamed, miembros de un clan familiar que aportaba dinero y logística a los narcos.
Las fuentes consultadas por EFE aseguran que Duas separaba su condición de diputado del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y de funcionario de Prisiones de su actividad en la organización delictiva.
El «pelirrojo» o el «Fanta» permanece en libertad pero en calidad de investigado.
Los guardias implicados cobraban un cantidad de dinero en función de los kilos de droga de los envíos. En una ocasión, como se pudo comprobar, Rubén G. recibió 100.000 euros en un párking y en una de las conversaciones interceptadas se hablaba de un pago de 150.000 euros.
Y ese dinero extra por hacer la vista gorda es el principal motivo que tenían los agentes corruptos para implantar en el puerto de Ceuta una ley no escrita que era mejor no saltarse.
Prueba de ello es una conversación, a la que ha tenido acceso EFE, en la que se cuenta que dos agentes mantuvieron una discusión porque uno ellos, recién llegado, dijo que llegaba con «pies de plomo» y no iba a hacer «el tonto».
Pero el otro le recomendaba que parara «lo que quisiera en el desembarque» pero que al embarque no fuera, y si iba, que le dejara al «mecánico» la identificación. Y es que sospechaban que el «nuevo» podía ser de Asuntos Internos.
En la fase final de la operación, el pasado febrero, los investigadores observaron mucha actividad de dos organizaciones en el polígono del Tarajal. Identificaron una serie de naves, 11 en concreto, buscando zonas ocultas en el subsuelo.
Y en una de ellas vieron un agujero bajo palés con escombro encima. Se trataba de un túnel vertical de 12 metros con una escalerilla de metal soldada y que, ante al sorpresa de los agentes, daba paso a una galería horizontal hacia Marruecos.
En días lluviosos y debido a que el lecho del río pasa por debajo, el túnel se inunda, pero no por todas sus partes al tener forma de sifón. Los agentes encontraron trajes de neopreno y tuberías para achicar agua. Solo recorrieron la parte española. EFE
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