Hay revuelo en las altas esferas del Gobierno nacional por el creciente papel de la empresa estatal 4-72 como organizadora de eventos en todo el país, pese a que su actividad principal ha sido la mensajería.
De hecho, según información conocida por El Espectador, el Ejecutivo estaría próximo a citar a una reunión privada con el fin de estudiar los millonarios contratos que ha recibido la empresa de mensajería durante los últimos doce meses.
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La inquietud gira en torno a la magnitud de los fondos comprometidos —218.917 millones de pesos— y a la necesidad de comprobar que la firma, tradicionalmente orientada a servicios postales, cuente con la capacidad necesaria para responder a estos contratos.
De hecho, representantes de diferentes entidades públicas confirmaron al diario nacional la inminente convocatoria a una reunión de alto nivel, que permitirá revisar en profundidad los tres contratos de logística de eventos firmados por la empresa solo en 2025.
La atención se dirigió a 4-72 especialmente desde finales de junio, tras la firma de sendos contratos con el Ejecutivo.
Se destaca un acuerdo por 11.756 millones con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), para gestionar los eventos presidenciales hasta julio de 2026, es decir, durante todo el resto del mandato.
Además, se suscribió otro convenio, por 88.964 millones de pesos, con el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Armando Benedetti.
De acuerdo con lo documentado por El Espectador, la incursión de 4-72 como operador logístico de eventos comenzó en abril de 2024, al concretar un contrato de 3.117 millones con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Al revisar las bases públicas de contratación, no se encontraron registros de acuerdos equivalentes en el periodo presidencial anterior, aunque la empresa argumentó que existieron dos operaciones similares en 2017 y 2018.
A pesar de ello, el contrato recién firmado con La Giralda representa el monto más alto de los últimos ocho años para esta línea de negocios.
La transformación de 4-72 coincide con una reestructuración emprendida bajo la conducción de Mauricio Lizcano, quien fuera ministro de las TIC y tuvo la responsabilidad directa sobre la compañía.
Declaraciones anteriores del exministro indicaban que el énfasis de los cambios recaía en la reducción de costos y ajuste de estructuras internas, apostando así por la supervivencia financiera de la empresa estatal.
“En la Junta Directiva tomamos la decisión de hacer una reestructuración para poder reducir costos, y así salvar la empresa. En este proceso buscamos proteger la clase trabajadora de la entidad, reducir los gastos y realizar otros ajustes y mejoras en áreas comerciales y operativas, porque el objetivo del Gobierno y del ministerio es salvar a 4-72”, declaró entonces el exfuncionario.
La lista de contratos recientes continúa con acuerdos suscritos con el Ministerio de Minas, dirigido por Edwin Palma ( 18.515 millones el 30 de abril de 2025), y con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) (55.254 millones el 18 de febrero de 2025), entidad adscrita a Prosperidad Social.
Según publicó El Espectador, la naturaleza de estos contratos muestra mucha similitud: centrar a 4-72 como responsable de toda la operación y logística de eventos para las entidades del Ejecutivo, en línea con la intención presidencial de fortalecer la presencia gubernamental en el espacio público e impulsar la contratación pública.
La transición de la logística de eventos a 4-72 tuvo lugar poco después del vencimiento del contrato de la Presidencia con la firma privada Feeling Company, que gestionó actos oficiales entre septiembre de 2024 y junio de 2025 y por el que recibió 10.789 millones.
Entre los contratos de 4-72 que más cuestionamientos han generado, hay uno sellado en octubre de 2024 y vigente hasta el 31 de julio de 2025 que establece la ejecución del programa Jornada Escolar Complementaria en la Región Caribe, por encargo del Ministerio del Deporte.
Las preguntas acerca de los criterios para elegir a la empresa estatal para esta tarea—valorada en 30.593 millones—no han recibido hasta ahora respuesta oficial de las titulares de la cartera, ni de su antecesora ni de la actual ministra Patricia Duque.
En los documentos anexos a los contratos revisados, el análisis de El Espectador encontró que la experiencia relevante de 4-72 en la logística de eventos remonta a contratos de 2024, señalando ese año como punto de inflexión en este nuevo enfoque empresarial.
El acuerdo con el Sena resalta la solidez financiera de la firma, que contaría con un capital autorizado considerablemente distribuido entre sus accionistas, a la vez que la reestructuración buscaba evitar su quiebra.
Juan Alberto García, gerente actual de la empresa y exconcejal de Barranquilla vinculado políticamente al exalcalde Bernardo Hoyos, descartó en declaraciones escritas remitidas a El Espectador que las nuevas funciones de 4-72 se alejen de su naturaleza.
“Servicios Postales Nacionales 4-72 es una empresa logística, este servicio hace parte de su naturaleza, el transporte, el alistamiento, la distribución, son actividades netamente logísticas, lo que nos llevó a extender nuestros servicios en esa misma línea, es decir a la logística integral de eventos”, señaló el dirigente.
Además, argumentó que la empresa pública se ha transformado siguiendo ejemplos internacionales como La Poste en Francia, que se consolidó como referente en el sector logístico integral.
