Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España han reclamado romper relaciones comerciales, científicas y diplomáticas con Israel «ante el genocidio que tiene lugar en Gaza y las vulneraciones de derechos humanos que afectan a periodistas y civiles que acuden en busca de alimentos».
En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones exigen adoptar medidas humanitarias que garanticen la protección del pueblo palestino.
Recuerdan también «los ataques documentados contra personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos» y advierten del «riesgo extremo de muertes masivas de civiles palestinos, especialmente niñas y niños, por la privación de alimentos y el uso intencional y sistemático del bloqueo alimentario contra la población civil, tal y como han advertido la Organización Mundial de la Salud».
Estas cuatro asociaciones han resaltado que diferentes resoluciones de la ONU objetivan una situación de vulneración de los derechos humanos y piden se implemente «un embargo integral de armas» a Israel, que comprenda «transporte, contratos tecnológicos», prohibir cualquier relación comercial con Israel que genere beneficios derivados de la ocupación ilegal, suspender todo acuerdo de cooperación en investigación, ciencia, cultura y deporte con Israel y suspender de inmediato las relaciones diplomáticas.
En el comunicado las asociaciones de juristas reclaman que ante la gravedad de los hechos, se atiendan las resoluciones de naciones unidas y se rompa el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel hasta que se logre el cumplimiento del Derecho Internacional.
También demandan que España se adhiera a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por violación del Convenio de Genocidio.
Por otro lado entienden necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la efectividad de la jurisdicción universal en crímenes internacionales y la adopción de medidas políticas y humanitarias que garanticen la protección del pueblo palestino, su acceso al sistema de protección internacional y unas condiciones de acogida dignas.
Según estas asociaciones de juristas España debería cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Palestina, apoyando el cumplimiento de sus decisiones y auspiciar la celebración de una Conferencia Internacional para la imposición de sanciones a Israel por violaciones graves del Derecho Internacional.
