Una operación militar del Ejército Nacional, que tenía como objetivo capturar a un alto mando de las disidencias de las Farc, fue obstaculizada por la intervención de cerca de 200 personas en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño.
El hecho ocurrió el sábado 5 de julio en la vereda Brisas de Mataje, donde tropas de la Fuerza de Tarea Hércules ubicaron al segundo cabecilla de la estructura Oliver Sinisterra, identificado con el alias de Piponcho.
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De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados lograron establecer la presencia del señalado jefe del grupo armado autodenominado Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.
La operación se desarrollaba cuando un grupo numeroso de personas se congregó en el lugar e impidió que se materializara la captura del hombre, quien logró escapar en una motocicleta en dirección desconocida.
Según explicó el coronel Javier Valenzuela Cabrera, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, la comunidad habría actuado bajo presión de la organización armada, lo que no solo frustró la acción de la fuerza pública, sino que además generó un riesgo considerable para la integridad de los militares.
“Una vez llegamos al sitio, la población civil constreñida ilegalmente impidió su captura logrando que este bandido huyera”, declaró.
Durante la misma operación, los soldados encontraron un depósito con abundante material de intendencia vinculado a la estructura armada. En el lugar fueron hallados uniformes camuflados, equipos de campaña y cascos que, según el Ejército, podrían ser utilizados por hasta 120 combatientes.
El coronel Valenzuela señaló que, al intentar trasladar el material hallado para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, nuevamente se presentó una obstrucción por parte de los civiles presentes.
Ante la imposibilidad de asegurar el transporte del arsenal, los uniformados procedieron a su incineración controlada, evitando así que regresara a manos del grupo armado.
En paralelo a estos hechos, y a poco más de un kilómetro del sitio de la asonada, otra unidad militar ubicó un laboratorio utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.
En esa estructura clandestina fueron encontrados 25 kilogramos del alcaloide ya procesado, así como más de 100 galones de insumos líquidos y cerca de 350 galones de sustancias en proceso.
Además, se incautaron hornos, calentadores, equipos de laboratorio, herramientas de empaque y plástico industrial. Todo este material habría sido destinado a la producción y posterior envío de droga hacia el exterior.
De acuerdo con el Ejército, las ganancias mensuales de esa infraestructura ilegal podrían oscilar entre los 800 y los 1.000 millones de pesos.
La operación contó con el respaldo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y fue posible gracias a información obtenida por labores de inteligencia. Las autoridades señalaron que la infraestructura localizada pertenecía a la estructura dirigida por alias Piponcho, quien figura como uno de los principales responsables del control territorial y financiero de esa facción de las disidencias en el sur de Tumaco.
El Ejército calificó la acción como un golpe considerable contra las finanzas ilícitas del grupo armado, que utiliza esos recursos para adquirir armamento, pertrechos y demás elementos empleados en acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.
En su declaración, el coronel Valenzuela indicó que las operaciones continuarán en esta región del Pacífico nariñense con el objetivo de afectar las capacidades logísticas de las organizaciones armadas ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades locales.
La Fuerza de Tarea Hércules ha sido una de las principales unidades desplegadas en esta región del país, donde diferentes grupos armados compiten por el control de rutas del narcotráfico, zonas de producción de coca y recursos ilegales derivados de la minería y la extorsión.
Las autoridades reiteraron que las acciones de obstrucción contra las operaciones militares, especialmente aquellas que involucran presión sobre la población civil, ponen en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes de la zona y debilitan los esfuerzos institucionales por recuperar la seguridad en zonas priorizadas.
