Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado de Asturias, subrayó la importancia de examinar con rigurosidad la reciente sentencia del Tribunal Supremo que afecta al cobro de peajes cuando las autopistas presentan servicios alterados por obras. La dirigente autonómica puntualizó que, antes de aplicar la resolución a la autopista del Huerna (AP-66), resulta fundamental realizar un estudio preciso de las condiciones específicas. Según publicó el medio Europa Press, estas declaraciones se produjeron tras una consulta periodística, en la que Llamedo remarcó que el Gobierno asturiano ya ha solicitado revisar oficialmente la prórroga del peaje en la AP-66.
El fallo del Tribunal Supremo establece que, cuando el servicio de las autopistas se vea perjudicado debido a obras, no podrá cobrarse el peaje completo a los usuarios afectados. Tal como consignó Europa Press, la vicepresidenta del gobierno autonómico resaltó que esta decisión del alto tribunal demanda un examen minucioso para valorar su posible aplicación al caso concreto del Huerna. El Ejecutivo asturiano, en consecuencia, definió recientemente, en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, los pasos a seguir ante el nuevo escenario judicial.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Llamedo reiteró que el Principado pedirá la revisión de oficio de la prórroga en el cobro del peaje de la AP-66. Para la vicepresidenta, el análisis que debe emprenderse busca determinar si los fundamentos de la sentencia emitida por el Supremo encajan con las circunstancias que afectan a esta infraestructura. «Eso es algo que necesita un estudio riguroso y ver si, como decía, se adapta a la situación de este caso», expresó Llamedo.
La dirigente rememoró que el Ejecutivo autonómico mantendrá el liderazgo en todas las acciones necesarias respecto al litigio del peaje, que calificó como un problema heredado de anteriores administraciones estatales. Llamedo afirmó, según detalló Europa Press, el compromiso del Gobierno asturiano con la eliminación de lo que definió como un peaje «ilegal y discriminatorio», aludiendo a la prórroga concedida en el periodo del Partido Popular en el Gobierno central.
El medio Europa Press especificó que estas iniciativas fueron planteadas en el contexto de la Alianza por las Infraestructuras, un foro en el que el Ejecutivo asturiano convoca y coordina con otras entidades medidas destinadas a abordar los retos en materia de comunicaciones en la región. De acuerdo con lo reportado, las autoridades asturianas consideran que la situación de la autopista del Huerna, fundamental para las conexiones del Principado, requiere una revisión profunda de las fórmulas legales y los condicionantes técnicos derivados de la sentencia judicial.
La sentencia del Tribunal Supremo ha generado debate en otras comunidades autónomas, donde los gobiernos regionales y los usuarios de vías de peaje analizan las posibles implicaciones de esta doctrina para distintos contratos concesionales. El Ejecutivo de Asturias, según indicó Europa Press, considera que el caso de la AP-66 presenta elementos propios que exigen adaptar cualquier medida a sus características particulares, evitando aplicaciones automáticas de la jurisprudencia nacional.
Las consultas técnicas y jurídicas impulsadas por el Principado de Asturias sobre la aplicación de la sentencia se suman al debate en torno al modelo de financiación y gestión de las infraestructuras viarias en España, detalló el medio Europa Press. La revisión de oficio de la prórroga entraña analizar los términos y las justificaciones utilizados en la ampliación del periodo de concesión para el peaje en la AP-66, así como el marco normativo vigente y los precedentes existentes tras la resolución del Supremo.
