Los enfrentamientos entre las Farc y el ELN han elevado la tensión en la región y podrían provocar nuevos desplazamientos forzados, como ocurrió hace un año cuando iniciaron choques similares entre los dos grupos guerrilleros.
Al menos cinco personas resultaron heridas, incluidos dos menores de edad, tras ataques efectuados con drones contra viviendas en el corregimiento Filo el Gringo, zona rural del municipio de El Tarra, departamento de Norte de Santander.
En las imágenes que se conocieron durante la mañana del 31 de diciembre, queda en evidencia el reciente incremento en la violencia obedece a la ofensiva de las Disidencias de las Farc para disputar el control territorial al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este punto estratégico del Catatumbo.
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Los enfrentamientos entre ambos grupos armados han elevado la tensión en la región y podrían provocar nuevos desplazamientos forzados, como ocurrió hace un año cuando iniciaron choques similares.
Los ataques con drones han sido dirigidos a viviendas presuntamente utilizadas como refugio por miembros del ELN.
Personería de Ocaña sobre desplazamiento por conflicto
El avance del desplazamiento forzado en el Catatumbo evidencia el peso del conflicto armado sobre la población civil, una situación que la Personería de Ocaña describe como urgente y en crecimiento. El fenómeno, provocado por enfrentamientos entre el ELN y las Farc, obliga a las autoridades locales a solicitar una respuesta inmediata del Estado.
Un portavoz de la entidad informó: “La personería de Ocaña ya comenzó a recibir las primeras familias desplazadas del corregimiento de Filogringo, en medio de esas confrontaciones que vive la subregión Catatumbo con el tema de las Farc y el ELN”.
La magnitud del desplazamiento se refleja en los números. “Más de 21 núcleos familiares estamos recibiendo, siguen llegando, vamos a tomar ya el primer masivo de esta situación que se viene presentando”, explicó el funcionario, resaltando el carácter continuo de los flujos de familias que huyen del conflicto.
La vulnerabilidad de quienes llegan es evidente: “Vienen desplazadas con niños, con personas con discapacidad, con personas que están sufriendo las situaciones del conflicto armado”, describió el representante de la Personería de Ocaña, que dirigió una petición concreta: “Hacemos el llamado al Gobierno nacional a la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas para que allegue esas ayudas inmediatas”.
La demanda insiste en la necesidad de una reacción estatal que sea proporcional a la emergencia: “El llamado urgente al gobierno nacional es entregar esas ayudas humanitarias para poder brindarles a ellos la atención prioritaria, así se garanticen el acceso a los derechos fundamentales”, enfatizó el funcionario de la Personería de Ocaña.
En paralelo, también dirigió un mensaje directo a los actores armados: “Hacemos el llamado al ELN, al Ejército de Liberación Nacional, a las FARC, a las disidencias, a cesar esa confrontación armada, a dejar a la población civil de un lado de cualquier hostilidad y a respetar el derecho internacional humanitario”, reclamó el vocero, subrayando la necesidad de proteger a los habitantes que quedan atrapados en medio de la violencia.
Fenalper exigió respuestas del Estado
Una grave emergencia humanitaria sacude al Catatumbo tras los recientes enfrentamientos armados en el corregimiento Filo El Gringo, involucrando un desplazamiento masivo y el confinamiento de cientos de personas, según denunció la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper).
Desde esa organización con sede en Bogotá, se ha alzado la voz para advertir la magnitud de la crisis y exigir acciones concretas de parte del Estado colombiano.
Al dar cifras inquietantes sobre la magnitud del problema, Fenalper informó que “al menos 150 personas han sido desplazadas, entre ellas 41 niños, niñas y adolescentes, y más de 500 personas permanecen confinadas sin posibilidad de abandonar el territorio en condiciones seguras”. Destacó que las comunidades han solicitado con urgencia la habilitación de un corredor humanitario.
El organismo llamó la atención frente al carácter de las víctimas y la necesidad de protección, subrayando: “La población civil no es parte del conflicto armado y el desplazamiento forzado, el confinamiento y la exposición a hostilidades constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, de acuerdo con lo expuesto en el documento.
La Federación realizó un llamado categórico al Gobierno nacional, instando a la adopción de medidas inmediatas. “Exigimos la adopción inmediata de medidas efectivas de protección, la activación plena de la ruta humanitaria y de atención a víctimas, la presencia institucional suficiente y coordinada en el territorio y la garantía real de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas, en especial de niños, niñas y adolescentes”.
No solo demandó una respuesta estatal, sino que también dirigió su mensaje hacia los actores del conflicto: “Hace un llamado a los actores armados ilegales a cesar de inmediato las acciones contra la población civil y a respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario”, reflexionó Fenaper.
