CÓRDOBA.- El sector autopartista de Córdoba se sumó a sus pares de otras provincias y advirtió sobre su “profunda preocupación por la perspectiva de un próximo año extremadamente complicado, en la producción automotriz argentina». Un estudio que realizaron muestra una “clara desconexión entre la recuperación comercial y la producción industrial, observando que el mercado crece pero sobre la base de importaciones, mientras la industria nacional y especialmente la cordobesa, se contrae».
Hace unos días desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) señalaron que el autopartismo registró, en los primeros nueve meses del año, un déficit de US$7400 millones, lo que implica una suba de 9,8% interanual.
El análisis de los flujos revela que las importaciones de autopartes se dispararon un 8,7% interanual (U$S 8.386 millones) en ese período mientras que las exportaciones aumentaron 1,1%. «La marcada disparidad evidencia que las reglas actuales, establecidas para otro contexto tecnológico y geopolítico global, no logran morigerar la entrada de componentes importados», plantearon en la AFAC.
En el caso de Córdoba, la comisión autopartista de la Cámara de Industriales Metalúrgicos Asimismo enfatizó que el escenario en la provincia es de “mayor complejidad” que el promedio nacional por cuestiones como el cierre de terminales y la discontinuidad de proyectos.
En el primero se inscribe Nissan, cuya decisión de no se seguir produciendo pick-ups implica la pérdida de una parte relevante de la capacidad instalada provincial. En lo que hace a la interrupción de iniciativas, se cuenta la del binomio Alaskan/Frontier “junto con la caída en la producción del Cronos, lo cual reduce significativamente la demanda de componentes nacionales y el impacto multiplicador sobre la cadena de proveedores”.
Desde la Cámara también mencionaron la transición hacia nuevos modelos globales, como la Titano/RAM y la Niágara que, “con características diferentes presentan un impacto limitado en el corto plazo” (2026) y la baja de actividad de Iveco, que redujo su producción a un 50% y estableció días de suspensiones hasta el primer semestre del 2026.
Por último apuntaron a la operación actual de VW en Córdoba, centrada exclusivamente en la producción de camiones “con componentes mayoritariamente importados, lo cual implica que su actividad no derrama sobre el ecosistema local de proveedores ni genera demanda significativa de autopartes nacionales”.
La AFAC, en su reporte, dio cuenta de que el déficit se concentra en rubros estratégicos como el de “transmisiones” que presentó el mayor saldo negativo, con un rojo de US$1629 millones en los primeros nueve meses del año; el sector “eléctrico” (U$S1097 millones) y “motores” (U$S564 millones). En el comercio bilateral con Brasil, entre enero y septiembre el saldo negativo fue de US$1996 millones (9,5% más interanual).
Ambas entidades plantearon la necesidad de avanzar con las reformas estructurales para ganar competitividad. “El déficit comercial de autopartes —creciente, recurrente y de magnitud relevante para las cuentas externas— funciona como un termómetro que refleja ‘la fiebre’ de la pérdida de competitividad. Este fenómeno surge tanto de la pasada larga ausencia de un entorno estable y previsible para las inversiones como de la persistencia de proyectos productivos con estrategias que no se ajustan a las condiciones estructurales de la Argentina», subrayaron desde la AFAC y añadieron la necesidad de “actualizar las Reglas de Origen del Mercosur con criterios realistas, alineados con las nuevas tecnologías vehiculares y con una integración productiva regional adecuada».
Los cordobeses, por su lado, insisten en la necesidad de “avanzar en una reforma tributaria y laboral integral, que reduzca costos, simplifique la operatoria industrial y brinde previsibilidad a las inversiones e impulsar la plena implementación, continuidad y promoción de la Ley 27.263 de Autopartes Nacionales».
También reclaman extender la vigencia del régimen de intercambio compensado automotriz (FLEX) más allá de 2029, por un período no menor a 10 años adicionales. Esta prórroga es “esencial”, dicen, para “otorgar previsibilidad al comercio bilateral, evitar impactos negativos derivados de las asimetrías de competitividad” con Brasil y asegurar condiciones estables para la planificación productiva y las inversiones en el sector.
