Las autoridades han informado que existen actualmente 16 centros de detención clandestinos operados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en El Fasher, la capital de Darfur Norte. Estas cárceles improvisadas retienen a numerosos ciudadanos, entre ellos líderes comunitarios, empleados gubernamentales y profesionales del sector sanitario. Según publicó el Sudan Tribune, algunos de los lugares utilizados como centros de detención incluyen el cuartel general del puerto terrestre al este de la ciudad, la Universidad de Al Fashir y el Hospital Saudí, el cual permanece como el último centro médico aún activo en la zona.
Las RSF, fuerza paramilitar sudanesa, han intensificado su presencia en Darfur Norte desde que lograron tomar el control de la capital regional hace dos semanas, de acuerdo con el Sudan Tribune y diversas organizaciones humanitarias. En este contexto, tres integrantes del gabinete estatal han sido arrestados: la ministra de Salud, doctora Khadija Musa; el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Suleiman Jibril; y el ministro de Medio Ambiente, Al Tayeb Baraka. Según el mismo medio, dos de estos responsables, cuyos nombres no han sido especificados, permanecen bajo custodia de las RSF en Nyala, ciudad que también está bajo control paramilitar en el vecino estado de Darfur del Sur.
Entre los funcionarios capturados, además de sus cargos gubernamentales, se identifican a líderes de organizaciones aliadas al gobierno sudanés. Según el Sudan Tribune, uno de ellos es líder del Movimiento de Liberación de Sudán, vinculado al gobernador de Darfur, Minni Minnawi, mientras que el otro lidera el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, del cual Jibril Ibrahim es una figura destacada. El impacto de estos arrestos se hace más grave por la continuidad de la campaña de violencia denunciada por Naciones Unidas y ONG, que han calificado las acciones de las RSF como parte de una campaña de exterminio.
El medio Sudan Tribune también reportó el asesinato de Abbas Adam, comisario de Ayuda Humanitaria del estado, ejecutado junto a varios miembros de su familia cuando intentaban abandonar El Fasher. Este hecho ha sido señalado como ejemplo del grave deterioro de la seguridad y la profunda crisis que atraviesan las estructuras administrativas y humanitarias de la región tras el avance de las fuerzas paramilitares.
La instalación de prisiones ilegales y las detenciones masivas forman parte de un patrón de represión que, según organizaciones internacionales, pone en peligro a los habitantes de Darfur Norte, especialmente a quienes ejercen funciones públicas o representan a grupos comunitarios. Naciones Unidas y diversas ONG han manifestado su preocupación y han denunciado que estos hechos se producen en un contexto de violencia generalizada y de tensión extrema, tras la caída de las fuerzas regulares sudanesas que defendían la ciudad.
Durante las últimas semanas, las RSF han enfrentado denuncias reiteradas sobre la instalación de estos centros de detención irregulares, muchos de los cuales operan en edificaciones de uso civil, lo que genera temor entre la población local por la ausencia de garantías judiciales y el aumento en los riesgos para los detenidos. Reportes del Sudan Tribune y de organizaciones humanitarias coinciden en que en estas cárceles se encuentran personas cuya única actividad es su vinculación previa a la administración estatal, labores sanitarias o el desempeño de roles relevantes en la vida pública local.
El control de los paramilitares en Darfur Norte y la consolidación de su poder en ciudades clave como El Fasher y Nyala ha provocado desplazamientos forzados y una grave restricción en el acceso a servicios básicos. La continuidad de los arrestos y el aumento de la violencia dificultan la labor de asistencia humanitaria y obstaculizan la reanudación de servicios en hospitales, escuelas y otras instituciones comunitarias. Según las fuentes citadas en el Sudan Tribune, la situación se agrava ante la falta de intervención efectiva de organismos estatales y la reducción de la presencia internacional, lo cual incrementa la vulnerabilidad de la población civil.
