El Senado retomará este miércoles a las 11 el debate sobre la reforma de la Corte Suprema, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Aunque el análisis técnico avanza, la pulseada política continúa estancada. El oficialismo dilata las negociaciones con la oposición para después de las elecciones, cuando espera fortalecer su peso parlamentario.
Actualmente hay ocho proyectos en discusión. Las propuestas de ampliación del máximo tribunal oscilan entre siete y quince miembros, con la opción intermedia de nueve jueces como alternativa posible.
La mayoría de las iniciativas incorpora criterios de equidad de género para garantizar un piso de representación femenina, y también sugiere una integración federal, con miembros provenientes de distintas regiones del país.
El plenario de este miércoles contará con la exposición de María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; y Alberto García Lema, convencional constituyente.
Según anticiparon fuentes parlamentarias a LA NACION, será una discusión centrada en aspectos jurídicos, mientras la verdadera negociación de poder permanece bloqueada.
“Deberíamos esperar”, admite un referente legislativo de La Libertad Avanza (LLA) sobre las chances de alcanzar un entendimiento. El cronograma electoral retrasa cualquier acuerdo con el kirchnerismo, fuerza que mantiene poder de veto en el Senado y, a su vez, constituye el principal adversario de los libertarios en las urnas. Tampoco resulta indiferente el hecho de que la Corte en debate es la misma que confirmó la condena de prisión domiciliaria para Cristina Kirchner.
El Gobierno prevé retomar la discusión tras el recambio parlamentario del 10 de diciembre. Los libertarios aspiran a robustecer su representación en el Senado y ganar margen de maniobra en una negociación áspera. En ese eventual nuevo escenario también podrían incluirse otras vacantes judiciales -como la del Procurador General y varios jueces federales-, así como una posible ampliación de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde hoy hay seis lugares vacantes sobre siete.
Dentro del peronismo, las diferencias internas complejizan aún más el escenario. Aunque el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, mantiene una línea formal de conducción, conviven diversas tribus políticas. Entre ellas, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los principales operadores judiciales del kirchnerismo, junto a su hermano Gerónimo Ustarroz y el ministro bonaerense Juan Martín Mena.
Los gobernadores peronistas también buscan conservar protagonismo en una discusión que podría condicionar su futuro político.
La Corte Suprema funciona actualmente con solo tres de sus cinco integrantes. El intento de Javier Milei de completar el tribunal con el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla fracasó por falta de acuerdos. Con 34 senadores, el kirchnerismo mantiene un rol clave en la discusión, que requiere una mayoría especial de dos tercios (48 votos) para aprobar las designaciones.
El principal reproche de UP al Gobierno fue su falta de voluntad para construir un acuerdo amplio, a pesar del peso decisivo que conserva el bloque en el Senado. La oposición exigía ampliar la negociación e incluir todas las vacantes judiciales en un paquete integral, pero el oficialismo se mostró renuente y la discusión se empantanó.
Solo después de ese traspié en el recinto, los libertarios aceptaron habilitar una nueva discusión sobre el eventual rediseño del máximo tribunal. En diálogo con el oficialismo, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) es quien motoriza el tema, con un proyecto propio que propone ampliar la Corte a siete miembros.
