Fue la primera manifestación en Brasilia, la ciudad que simboliza el poder y el sistema judicial del país. También fue la primera para el expresidente Jair Bolsonaro después de su hospitalización de tres semanas por una operación para descoserle los intestinos, un problema que tiene desde que fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018. En Brasilia, al igual que en las manifestaciones anteriores en Río de Janeiro y San Pablo, el tema fue la amnistía para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando los principales edificios institucionales de Brasilia fueron asaltados y saqueados.
La amnistía también favorecería a Bolsonaro y a los jefes militares procesados con él por intento de golpe de Estado. Durante la manifestación, el expresidente dijo que si el proyecto de ley de impunidad es aprobado por el Congreso, ningún otro poder del Estado podrá impugnarlo. “La amnistía es un acto político y de competencia exclusiva del Parlamento brasileño. Si el Parlamento ha votado, nadie debe interferir: la voluntad del Parlamento, que representa la voluntad de la mayoría del pueblo brasileño, debe ser respetada”, afirmó. El debate sobre el proyecto de ley sigue abierto en el Congreso y ha suscitado intensas divisiones políticas.
Anoche, con 315 votos a favor y 143 en contra, la Cámara de Diputados suspendió el juicio contra uno de los procesados por intento de golpe de Estado junto a Bolsonaro, Alexander Ramagem, exdirector de la agencia de inteligencia brasileña Abin y un diputado del Partido Liberal (PL). No es necesaria la aprobación del Senado. La medida fue posible porque la Constitución prevé la posibilidad de suspensión, pero sólo para los parlamentarios y sólo en casos de delitos cometidos después de la proclamación oficial del cargo. El informe que justificó la decisión estaba redactado de forma poco precisa, lo que hace posible, según algunos, extender la suspensión a otros acusados, incluido el expresidente Bolsonaro.
Sin embargo, la semana pasada, la prensa brasileña informó de un posible acuerdo entre el Congreso brasileño y el Supremo Tribunal Federal (STF) para un proyecto de ley que reduciría las penas para los condenados por los sucesos del 8 de enero de 2023, pero al mismo tiempo endurecería las penas contra los líderes de cualquier intento de golpe futuro. La propuesta será presentada este mes por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil.
El objetivo es quitar presión a los bolsonaristas para una ley de amnistía que también podría favorecer al ex presidente Jair Bolsonaro, evitando un conflicto con el STF, que probablemente la declararía inconstitucional. Las personas que recibieron condenas menores podrían ser liberadas, pasar al régimen de prisión semiabierto o a la domiciliaria, mientras que los organizadores del supuesto intento de golpe recibirían penas más duras, pero sólo en el futuro. Además, las nuevas normas no se aplicarían con carácter retroactivo. El ministro Alexandre de Moraes y el presidente del STF, Luís Roberto Barroso, habrían dado ya su visto bueno a la propuesta. Según sus partidarios, la ley debería permitir al sistema judicial distinguir entre meros participantes movidos por la propaganda y los verdaderos planificadores del golpe, estableciendo penas proporcionadas.
Según el sitio de noticias Platōbr, es el presidente de la Cámara brasileña, Hugo Motta, del partido Republicanos, quien negocia estos días directamente con el presidente Lula la reducción de las penas. Motta afirmó que el objetivo es promover la “pacificación nacional”, aunque Lula aún no ha tomado una posición oficial. Para el presidente de la Cámara de Diputados, el acuerdo debe involucrar a los tres poderes del Estado y, entre los beneficios políticos que podría traer, por un lado, hay el de reducir la retórica de la derecha, que insiste en la amnistía y, por otro, centraría los castigos en los instigadores del intento de golpe, como el ex presidente Bolsonaro, ya bajo proceso. Si Lula se sumara a la iniciativa, facilitaría la expedita aprobación de una ley acordada entre el Congreso y el Gobierno. Si, por el contrario, Lula se opusiera, podría vetarla y sólo una mayoría absoluta del Parlamento podría aprobar la ley.
Mientras tanto, nuevos problemas se ciernen en el horizonte para los jueces del STF. El lunes, el jefe de sanciones internacionales del gobierno de Trump, David Gamble, aterrizó en Brasil, oficialmente para discutir clasificaciones de terrorismo para los principales grupos criminales de Brasil, incluyendo el Primer Comando Capital (PCC). Una propuesta con la que el gobierno brasileño ya declaró no estar de acuerdo. Según el sitio de noticias Metrópoles, la visita de Gamble “fue confeccionada por Eduardo Bolsonaro”, hijo del ex presidente que ahora vive en los EE.UU. después de renunciar como diputado. Según Metrópoles, la Casa Blanca planea aplicar sanciones no sólo al juez del STF Alexandre de Moraes, sino también a otros jueces que trabajan con el ministro y al Procurador General de la República Paulo Gonet. La acusación es promover la censura cuando se ordena el bloqueo de perfiles en redes sociales y perseguir a opositores conservadores.
También se discute, según Metrópoles, el bloqueo de los activos de Moraes en Estados Unidos, que en caso de sanciones no podría negociar ni con ciudadanos, ni con empresas en Estados Unidos, ni con instituciones financieras que hagan negocios con Washington. El lunes, Bolsonaro se reunió con uno de los miembros de la delegación de Trump, Ricardo Pita, asesor principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano. Durante el encuentro, Bolsonaro acusó al juez Moraes de perseguir a los críticos del actual gobierno de Lula. La información que surgió durante la entrevista será comunicada a Marco Rubio, actual jefe del Departamento de Estado. Ya en febrero, la oficina donde trabaja Pita había divulgado un comunicado, dirigido a Moraes, denunciando supuestos episodios de censura en Brasil.
En dos artículos recientes, incluso The Economist atacó al juez Moraes. Aunque reconoce la amenaza que suponen los políticos corruptos, según el semanario económico británico, un poder judicial demasiado fuerte también puede poner en peligro la democracia. Según la revista, Moraes encarna este desequilibrio, y cita incidentes como ordenar investigaciones contra empresarios por mensajes privados o bloquear cuentas de redes sociales sin justificación detallada. La composición del tribunal que juzgará al ex presidente Bolsonaro también es criticada, ya que está compuesto por sólo cinco jueces, entre ellos antiguos colaboradores del presidente Lula, lo que levanta sospechas de conflictos de intereses. Según The Economist, el STF actúa dentro de los límites legales, pero con poderes muy superiores a los de otros tribunales supremos del mundo, y añade que hay “crecientes dudas sobre el comportamiento del propio tribunal, la calidad de la justicia que imparte y la adecuación de sus sentencias”.
El ejemplo más citado por la prensa y las redes sociales estos días es la desproporcionalidad de la sentencia contra la peluquera Débora Rodrigues dos Santos, condenada por el STF a 14 años de prisión por participar en los hechos del 8 de enero de 2023 en los que manchó con pintalabios una estatua del STF, y de uno de los narcotraficantes más peligrosos de Brasil, André do Rap, condenado a 15 años y después liberado por el STF en 2020 y, desde entonces, fugitivo, también buscado por la Interpol. Tras la polémica, Moraes concedió arresto domiciliario a dos Santos.
El presidente del STF, Luís Roberto Barroso, reaccionó al artículo de The Economist. En una nota oficial, el magistrado defendió la importancia de contar con un tribunal “independiente y activo” para evitar el colapso de las instituciones. Negó la existencia de una “crisis de confianza” y subrayó que las decisiones monocráticas (individuales) fueron confirmadas posteriormente por los demás jueces. Barroso también aclaró que no fue el tribunal el que “derrotó a Bolsonaro”, sino los votantes, en referencia a las elecciones de 2022. Reiteró que el proceso contra el ex presidente sigue las reglas institucionales ordinarias y que no hay persecución personal. También citó el caso de la suspensión de X (antes Twitter) en Brasil el año pasado, explicando que fue motivada por violaciones legales de la plataforma, no por censura de contenidos. Por último, acusó a The Economist de favorecer la narrativa de quienes intentaron el golpe, ignorando el hecho de que Brasil vive hoy en una democracia que funciona, con Estado de derecho y respeto a las libertades fundamentales.
En abril, otro juez del tribunal, Gilmar Mendes, también había desatado la polémica al calificar la Operación Lava Jato de “organización criminal” en una conferencia internacional, comparando el desarrollo de las investigaciones y los procesamientos con las acciones del principal grupo criminal del país, el Primer Comando Capital (PCC). En un editorial, el sitio de noticias Gazeta do Povo escribe que “la obra de la que Gilmar Mendes está tan orgulloso es, al final, la impunidad para los que orquestaron la mayor trama de corrupción de la historia del país, algunos de los cuales han vuelto a los puestos de poder que ocupaban antes de la Operación Lava Jato, la inversión moral que convierte a los delincuentes en víctimas y a los agentes de la ley en criminales, y la garantía de que no habrá otra operación de esta magnitud en un futuro próximo, por mucho que roben en Brasil”.
El arresto domiciliario concedido en los últimos días, otra vez por el STF, al ex presidente Fernando Collor de Mello, también causó polémica. Detenido el pasado 25 de abril tras ser condenado por corrupción pasiva y blanqueo de dinero en la Operación Lava Jato, el ex presidente está pasando su arresto domiciliario en un lujoso piso frente al mar en Maceió, la capital del estado de Alagoas. Para la organización no gubernamental que lucha desde hace años contra la corrupción, Transparencia Internacional, “en Brasil, millones de acusados pobres (en su mayoría negros) son encarcelados en verdaderas prisiones medievales, mientras que un corrupto en serie escapa a la justicia durante décadas y cumple su condena en un palacio. El poder judicial brasileño es el principal impulsor de la abismal desigualdad del país”.
Fue precisamente la corrupción la que volvió a los titulares en Brasil junto con el tema de la amnistía. Mientras estallaba el escándalo del fraude en las pensiones, de las que algunos sindicatos descontaron dinero durante años por afiliaciones nunca autorizadas por los afectados, causó polémica la decisión del Gobierno de Lula de enviar un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) a Perú para trasladar a Nadine Heredia, esposa del ex presidente peruano Ollanta Humala, a Brasil, donde recibió asilo político. La pareja fue condenada por lavado de dinero a 15 años en un esquema criminal que involucraba a la constructora brasileña Odebrecht. El ex presidente Marcelo Odebrecht, en un acuerdo con los jueces de la operación anticorrupción Lava Jato, había confesado el envío de unos 3 millones de dólares a Humala para financiar su campaña electoral en Perú. Para Transparencia Internacional, la concesión de asilo por razones de protección humanitaria “plantea serias dudas sobre el compromiso de Brasil en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región. Al aceptar a una persona condenada por delitos de corrupción, Brasil envía una preocupante señal de tolerancia hacia prácticas ilícitas que corroen las instituciones democráticas y perjudican el desarrollo de los países latinoamericanos”, reza un comunicado de la organización. En estos días, la constructora ha recuperado el nombre de Odebrecht. Hace cinco años, recordamos en el contexto de las transformaciones impuestas por los efectos de la Operación Lava Jato, el grupo Odebrecht había cambiado su nombre por Novonor, y su principal constructora pasó a llamarse OEC (Odebrecht Ingeniería y Construcción). Ahora, la sigla OEC desapareció y el nombre Odebrecht volvió al centro del logotipo y de la identidad institucional.
