El Senado de Estados Unidos dio un paso clave en el anhelo del presidente Donald Trump hacia el endurecimiento de la política migratoria. Con un presupuesto denominado “One Big Beautiful Bill Act”, su equipo delineó una estrategia de control fronterizo que pretende extenderse hasta al menos 2029. Los fondos, que se sumarían a los montos ya vigentes, apuntan a reforzar la frontera sur, contratar más agentes, ampliar la capacidad de detención y modernizar la tecnología de vigilancia.

Aporte millonario para despliegue militar y apoyo logístico en Estados Unidos

Según el texto que fue aprobado por el Senado y que ahora se trata en la Cámara de Representantes, el Departamento de Defensa recibiría 1000 millones de dólares para misiones relacionadas con la seguridad fronteriza.

La nueva asignación presupuestaria permitiría el despliegue de tropas en apoyo de operaciones migratorias y antinarcóticos, así como también la construcción de instalaciones temporales para la detención de extranjeros indocumentados. Este monto quedaría disponible hasta septiembre de 2029 y se aplicaría también a tareas de mantenimiento y operaciones logísticas en zonas cercanas a la frontera.

Protección infantil y verificación de patrocinadores

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados obtendría US$300 millones con el objetivo de reforzar los sistemas de verificación de antecedentes de adultos que solicitan acoger a menores no acompañados.

Esta cifra también cubriría el mantenimiento de centros de atención, la evaluación de riesgos en niños migrantes y la actualización de plataformas para compartir datos entre agencias. La inversión se extendería hasta septiembre de 2028.

Frontera sur con México: refuerzo del muro, más personal y mejor tecnología

El mayor desembolso estaría destinado al Departamento de Seguridad Nacional, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con más de US$110 mil millones distribuidos en infraestructura, tecnología, recursos humanos y operaciones.

Obras e infraestructura:

• US$46.550 millones para instalar y mejorar barreras primarias, secundarias y fluviales a lo largo de la frontera.
• Construcción de caminos de acceso, preparación del terreno y despliegue de tecnología como cámaras, sensores y sistemas de iluminación.
• Plazo de disponibilidad: hasta septiembre de 2029.

Contratación de personal y flota de vehículos:

• US$4100 millones para contratar nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de operaciones, agentes aéreos y personal de apoyo.
• US$2052 millones para bonificaciones por desempeño, reclutamiento y retención.
• US$855 millones para la compra y reparación de vehículos de patrullaje.
• US$5000 millones para renovar, construir y ampliar instalaciones fronterizas.

Centros de detención

• US$45.000 millones para aumentar la capacidad de detención de adultos solos y familias con menores, lo que permitiría su retención mientras se resuelven sus procesos de expulsión.

Tecnología e inteligencia artificial

• US$6168 millones para la adquisición de equipos de inspección no intrusiva, vigilancia aérea y marítima, y sistemas de detección biométrica.
• Incorporación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para interceptar narcóticos como el fentanilo.

Asistencia a estados y gobiernos locales

• US$500 millones para mejorar la detección de amenazas relacionadas con drones.
• US$450 millones para reforzar las tareas de seguridad fronteriza bajo el programa Stonegarden.
• US$10.000 millones para un fondo de seguridad fronteriza que financie obras, cercas, barreras flotantes y reubicación de personas migrantes.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional coordinarían estas iniciativas hasta septiembre de 2034, según el texto oficial.

Justicia: fiscales, jueces y deportaciones expeditas

El Departamento de Justicia también recibiría una fuerte inyección de fondos para acelerar los procesos judiciales y reforzar el control migratorio en todo el territorio estadounidense.

Contratación masiva de personal

• US$2055 millones para capacitar agentes del DHS, verificar antecedentes, recolectar huellas y ADN, y ejecutar deportaciones de niños no acompañados y adultos criminales.
• Participación de gobiernos estatales y locales en operativos contra pandillas y redes de tráfico de personas.

Inversiones para ICE

• US$29.850 millones destinados al fortalecimiento del ICE mediante la contratación de nuevos agentes, renovación de flota, expansión de centros de detención y apoyo legal.
• Promoción de acuerdos con autoridades locales bajo la Sección 287(g), que autoriza a agentes estatales a ejecutar leyes migratorias.

Capacitación federal

• US$750 millones para los Centros Federales de Capacitación, con un mínimo de US$285 millones asignados exclusivamente a la formación de nuevos oficiales de seguridad.

Nuevos jueces de inmigración

• US$3330 millones para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), con el objetivo de contratar hasta 800 jueces antes de noviembre de 2028.
• El presupuesto financiaría también programas contra el tráfico de drogas y crímenes de pandillas que involucren a extranjeros.

Fondo BIDEN

• Hasta US$3500 millones se destinarían al Fondo de Reembolso BIDEN, enfocado en subvencionar a gobiernos locales por gastos en la aprehensión de personas con presencia irregular, detención temporal, logística y operaciones judiciales.

Sistema penitenciario

• US$5000 millones para la Oficina de Prisiones, de los cuales al menos US$3000 millones se aplicarían a salarios y nuevos empleos, y el resto al mantenimiento de instalaciones.

Servicio Secreto y recaudación de cuotas

El Servicio Secreto estadounidense también accedería a US$1170 millones, distribuidos entre personal, tecnología y bonificaciones por desempeño.

Esta medida se suma a un esquema de retención directa de ingresos por tarifas migratorias, según el cual agencias como el Uscis, el ICE y el EOIR podrían utilizar un porcentaje de las cuotas cobradas por asilo, TPS, permisos de trabajo o cambios de estatus migratorio.

Cuotas migratorias más importantes:

• 50% de las tarifas de asilo acreditadas a EOIR y Uscis.
• 25% de los pagos por documentos laborales y renovaciones destinados al Uscis.
• 50% de las tarifas por órdenes de remoción o inadmisibilidad canalizadas al ICE.

Esta estructura permitiría a las agencias federales utilizar los ingresos directamente, sin necesidad de aprobación legislativa adicional.

Con estos fondos, el equipo de Trump buscaría consolidar una red federal de vigilancia, detención y deportación que abarcaría desde la frontera hasta el interior de EE.UU., apoyado por inteligencia artificial, jueces especializados, centros penitenciarios renovados y acuerdos locales.