La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado a la Audiencia Nacional que prohíba la movilización convocada para el día 22 por Sare y las comparsas de Bilbao que pretende reclamar la «vuelta a casa de presos, exiliados y deportados» de ETA para superar «las consecuencias del conflicto».
En un comunicado difundido este miércoles, la asociación insta a que «se dirijan oficios a Guardia Civil y Policía Nacional para que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada».
Para la AVT, la convocatoria es «un claro ejemplo» de «blanqueamiento del terrorismo a través del lenguaje». «Utilizar el término ‘vuelta a casa de los presos’ implica impunidad», sostiene.
A su juicio, la liberación inmediata de presos condenados por terrorismo «supone ignorar la gravedad de sus delitos y la justicia para las víctimas». «No existen refugiados ni deportados, son terroristas que, al tener cuentas pendientes con la justicia, optan por no regresar a España. No pueden ser considerados exiliados», subrayan.
Al hilo, desde la asociación recalcan que «no ha habido ningún conflicto» y manifiestan que utilizar dicho término «revictimiza a las víctimas del terrorismo al afirmar que participaron en un enfrentamiento entre bandos en el que todos fueron, a la vez, víctimas y victimarios». En este sentido, insiste en que «la violencia de ETA recae únicamente en los terroristas y en quienes los apoyan desde las instituciones».
RECLAMA «MEDIDAS» AL PARLAMENTO VASCO PARA SANCIONAR ESTOS ACTOS
La AVT considera que la movilización prevista para el día 22 supone «pisotear la dignidad y denigrar» a las víctimas que «tienen todo el derecho del mundo a pasear por Bilbao sin sentirse humilladas».
«Por no hablar de la sociedad que se está construyendo, en la que se lanza el mensaje de que asesinar y extorsionar estuvo bien y las condenas impuestas en los tribunales son papel mojado», añade.
Así las cosas, reclama «medidas efectivas» y recuerda que el Parlamento Vasco cuenta desde mayo con una propuesta legislativa para sancionar este tipo de actos. «Aprobarla es solo cuestión de voluntad política», apunta.
