Illinois se consolidó en los últimos años como uno de los estados más activos en la creación de políticas que buscan proteger e integrar a las comunidades migrantes. En 2026, si prosperan tres proyectos de ley que ya se debaten en la Asamblea General, el alcance de esa protección podría ampliarse de manera sustancial.
HB 3227: fondos garantizados para inmigrantes y solicitantes de asilo en Illinois
El proyecto HB 3227, presentado en la Cámara de Representantes por el legislador republicano Tom Weber, plantea una modificación clave al Código Administrativo Civil de Illinois.
La iniciativa propone que, desde el año fiscal que comenzará el 1° de julio de 2026, y en cada ejercicio posterior, el presupuesto estatal deba incluir partidas específicas para financiar servicios destinados a inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo.
Según el texto legislativo, cada agencia estatal deberá incluir en sus solicitudes de presupuesto dos elementos:
- Los costos estimados de los servicios brindados a migrantes y solicitantes de asilo a través de programas, subsidios o beneficios estatales.
- Los gastos efectuados durante el año anterior y las proyecciones del ejercicio en curso relacionadas con esos mismos servicios.
Esta medida busca garantizar la transparencia del gasto público y la continuidad de la asistencia estatal, lo que evitaría que los programas de apoyo queden sujetos a decisiones políticas cambiantes.
Además, obligará a las agencias a informar qué recursos destinan a salud, vivienda, educación o asistencia social para personas sin estatus migratorio regular.
De acuerdo con el proyecto, la ley entrará en vigor de manera inmediata una vez promulgada, aunque las obligaciones presupuestarias comenzarán formalmente en el ejercicio fiscal 2026-2027.
La propuesta aún se encuentra en el Comité de Reglas de la Cámara Baja, luego de su primera lectura el 18 de febrero de 2025, según consta en el registro legislativo del estado.
HB 4194: protección infantil ante redadas y acciones de inmigración en Illinois
El proyecto HB 4194, introducido el 29 de octubre de 2025 por la representante Lilian Jiménez, aborda una problemática sensible: qué ocurre con los niños pequeños cuando sus padres o tutores enfrentan detenciones migratorias.
La iniciativa modifica la Ley de Cuidado Infantil de 1969 para establecer protocolos obligatorios en todos los centros de cuidado infantil con licencia estatal.
De acuerdo con la propuesta, las guarderías tendrán la obligación de proteger la confidencialidad del estatus migratorio de los niños y sus familias, y no podrán divulgar ni amenazar con divulgar información relacionada con su ciudadanía o residencia, salvo cuando la ley estatal o federal lo exija.
Además, en caso de que el padre, madre o tutor legal de un niño sufra una acción de “enforcement” —como una detención o deportación—, el centro deberá:
- Utilizar la información de contacto de emergencia registrada y entregar el menor únicamente a las personas designadas.
- Aceptar y dar validez a los formularios de tutor temporal a corto plazo, previstos por el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS).
El texto establece sanciones en caso de incumplimiento y entraría en vigor inmediatamente después de su promulgación. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Reglas de la Cámara, a la espera de su debate formal.
SB 2732: confidencialidad y derechos en escuelas y universidades de Illinois
El proyecto SB 2732, presentado por la senadora Karina Villa el 28 de octubre de 2025, propone un marco integral de protección para estudiantes y trabajadores del sistema educativo estatal frente a posibles acciones de inmigración.
La iniciativa modifica la Ley de Educación Superior Pública de Illinois, al establecer límites estrictos sobre el manejo de información vinculada al estatus migratorio.
El texto prohíbe expresamente que las instituciones:
- Amenacen con revelar o revelen sin consentimiento el estatus migratorio, ciudadanía o lugar de nacimiento de cualquier estudiante, empleado o persona vinculada.
- Utilicen esos datos como parte de la “información de directorio”, categoría que suele incluir nombre, edad o dirección.
- Obstaculicen la organización o participación en capacitaciones sobre derechos constitucionales y orientación en materia migratoria.
El proyecto exige que, antes del 1° de enero de 2026, las universidades y colegios desarrollen procedimientos internos para revisar y autorizar el ingreso de agentes policiales o de inmigración a sus campus.
Estos protocolos deberán incluir la verificación de órdenes judiciales, la documentación de las interacciones con los agentes y la notificación a los empleados o estudiantes afectados.
Asimismo, las instituciones deberán publicar en sus sitios web la información de contacto del personal designado para actuar en esos casos y ofrecer recursos sobre derechos migratorios y constitucionales.
El proyecto también otorga a los estudiantes o empleados que sufran violaciones de estas normas el derecho a presentar demandas civiles, con la posibilidad de recibir indemnización y cobertura de honorarios legales si resultan favorecidos en juicio.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de una decena de senadores de distintos distritos, también especifica que las universidades deberán adoptar sus políticas definitivas antes del 1° de marzo de 2026, y establece su entrada en vigor inmediata una vez aprobada por la Asamblea.
