La violencia en el sector transporte de Lima y Callao ha escalado a niveles alarmantes. Lo que comenzó como amenazas y cobros ilegales dirigidos a conductores —en su mayoría informales— hoy se ha extendido a los dueños y dirigentes de empresas formales. Según denunció Martín Ojeda, representante del gremio de transporte urbano, los extorsionadores ya no se conforman con intimidar a los choferes.
“Lamentablemente, en las últimas semanas ha pasado un efecto más agresivo. Ya no solamente es el conductor, es caiga quien caiga. Están intentos de secuestro, porque ha pasado uno ayer a los dirigentes y dueños de empresa”, declaró.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Chorrillos, donde una empresaria del sector fue víctima de un intento de secuestro. De acuerdo con Ojeda, la mujer ya había sido amenazada por varias bandas que le exigían el pago de un nuevo “cupo”. “Ya estaba amenazada. Varias bandas, pero le habían avisado últimamente que tenía que activarse otro cupo”, señaló.
¿Cómo actúan las bandas de extorsionadores?
Las organizaciones criminales, además, han cambiado su forma de operar: ahora rastrean a sus víctimas a través de registros públicos y se infiltran en los grupos de WhatsApp donde dirigentes y conductores coordinan rutas y horarios.
“La situación se ha agravado más, porque ya están dejando notas o informe de direcciones, lo sacan de registros públicos, se infiltran en los chats grupales de WhatsApp de dirigentes con sus conductores… La situación es violenta y ya dicen: ‘A mí me pagas y al otro no’”, agregó Ojeda.
En este escenario, los trabajadores del transporte se encuentran atrapados entre múltiples bandas criminales que disputan el control del cobro de cupos. Aunque muchos pagan grandes sumas de dinero a una organización para protegerse, son atacados por otra que reclama el mismo territorio. Sin quererlo, están en medio de un ciclo de violencia, crece cada día y que, por ahora, parece no tener fin.
Extorsiones sin control y promesas sin cumplir
Entre 2024 y octubre de 2025, 65 conductores fueron asesinados por negarse a pagar o por hallarse en medio de disputas entre bandas, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. A ellos se suman los recientes crímenes de Walter Leoncio Sandoval Castro y José Esqueche, ambos choferes de combi en la ruta Néstor Gambeta. Fueron atacados por sicarios en el Callao.
Frente a este escenario, los transportistas afirman haber sostenido reuniones con representantes del Gobierno sin obtener resultados concretos. “Nosotros reclamamos, no se han cumplido los puntos, están matando igual a la gente, siguen las amenazas. ¿Qué quieres, que me quede callado? Es una falta de respeto hacia los que han fallecido en los últimos días”, denunció Ojeda.
Abandono por el cambio de gobierno
Casos como el de Guillermo Arturo Álvarez, conductor baleado en San Juan de Lurigancho, evidencian la falta de respuesta. José Quispe, dirigente del gremio, recordó que el entonces presidente del Congreso, José Jerí, prometió asistencia médica y económica para los afectados, promesa que —asegura— no se ha cumplido desde que asumió la presidencia interina.
La situación de Álvarez simboliza el drama de muchos transportistas: veinticuatro días internado, una deuda hospitalaria que supera los 140 mil soles y la ausencia de apoyo del Estado. Quispe denunció que el asesor de la PCM designado para coordinar las atenciones médicas dejó de responder tras el cambio de gobierno. “No tenemos comunicación. Este nuevo gobierno no se ha acercado para darle seguimiento al caso”, lamentó.
