Crece el respaldo nacional e internacional a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) que el Gobierno, con el decreto 345, intenta degradar al despojarla de autonomía. El organismo, que en septiembre celebrará su 155° aniversario, fue creado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento en 1870. La iniciativa libertaria, que iría en contra del consenso legislativo en torno a la ley Bases, cosecha rechazos en el país y en el exterior.
No es improbable que la Justicia deba decidir si los decretos 345 y 346, publicados en el Boletín Oficial la semana pasada, son constitucionales o no. El jueves, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición estimaron que el Congreso podría impugnar ambos decretos porque “violan” el artículo 3° de la ley Bases. Exministros y exsecretarios de Cultura de diversos gobiernos (del menemismo al macrismo, pasando por las gestiones kirchneristas), así como expresidentes de la Conabip, reclamaron que el Congreso rechace el decreto.
El martes, la División Regional de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA LAC) emitió una declaración en el que expresa su “solidaridad y preocupación” por las disposiciones del decreto ideado por el ministro Federico Sturzenegger y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Reconocemos y valoramos el trabajo histórico de la Conabip como organismo que ha acompañado, fortalecido y articulado el desarrollo de las bibliotecas populares en la Argentina, promoviendo el acceso libre y equitativo a la información, la lectura y la participación ciudadana -se lee en el documento, que lleva la firma de la presidenta de la IFLA LAC, Jeannette Lebrón Ramos-. Su trayectoria ha sido referencia en la región y ha inspirado políticas bibliotecarias con enfoque comunitario y federal”.
La Conabip, que nuclea a más de mil bibliotecas populares en todo el país, también fue respaldada por la Fundación El Libro (organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires), la Cámara Argentina del Libro, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre otras entidades.
Además, la Red Internacional por las Bibliotecas Populares reunió más de 5300 firmas de apoyo y adhesión de artistas, académicos, escritores, bibliotecarios, gestores culturales y músicos de la Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay.
Entre los cientos de firmantes del ámbito cultural del país, figuran escritores, académicos, artistas y gestores culturales reconocidos, como Griselda Gambaro, León Gieco, Claudia Piñeiro, Alan Pauls, Santiago Kovadloff, Selva Almada, Dolores Reyes, Ángela Pradelli, María Rosa Lojo, Fernanda García Lao, Martín Kohan, Poly Bernatene, María Teresa Andruetto, Leila Guerriero, Alejandro Dolina, Guillermo Saccomano, Gabriela Cabezón Cámara, Diana Bellessi, Guillermo Martínez y Laura Devetach.
Desde ABGRA expresamos nuestro más enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inclusión de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) en el Decreto 345/2025, del Poder Ejecutivo Nacional.
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También adhieren Iñaki Echeverría, Mariano Quirós, Miguel Gaya, Liliana Heker, Mauricio Kartun, Liliana Herrero, Víctor Heredia, Cristina Banegas, Cecilia Roth, Ricardo Bartís, Maitena Burundarena, Tute, Miguel Rep, Isol, Juan Sasturain, Sergio Olguín, Alejandro Tantanian, Esther Cross, Maristella Svampa, Horacio Tarcus, Andrea Giunta, María Ines Krimer, Liliana Viola, Inés Garland, Paula Bombara, Oche Califa, Paula Perez Alonso, Gloria Peirano, Camila Sosa Villada, Gustavo Nielsen, Andrés Neuman, Alicia Salomone, Américo Castilla y María Silvia Lacorazza.
Con el lema “Defendamos a la Conabip”, la Red Internacional por las Bibliotecas Populares difundió un documento en el que se expresan en contra de “la destrucción de la Conabip”. Para los firmantes, con el decreto -que se presentó como una “medida administrativa”- el Gobierno, sin más, elimina la institución, “quedando en su lugar una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación”, que actualmente coordina Leonardo Cifelli.
El decreto deshace el carácter federal del organismo, al reemplazar la composición de la Comisión Nacional por un director nacional y un consejo asesor integrado por cinco personas elegidas a dedo por el secretario de Cultura. “A partir de esta medida se corre el riesgo de dejar en manos de las autoridades de la Secretaría de Cultura toda decisión sobre el reconocimiento de nuevas bibliotecas populares o eliminación de bibliotecas populares ya existentes”, se advierte en el documento. El actual presidente y, si prospera la medida, futuro director, es el bibliotecólogo Raúl Escandar.
La institución perdería autonomía para el desarrollo y la ejecución de políticas públicas, al quedar las decisiones sobre planes y programas a cargo del secretario de Cultura, al igual que el presupuesto. “En incumplimiento de la Ley 23.351 […] el presupuesto para las bibliotecas populares queda sujeto a la discrecionalidad de lo que las autoridades de turno de la Secretaría de Cultura consideren. No se podría asegurar que su uso se destine exclusivamente a las bibliotecas populares. Esta medida ignora, además, que el fondo para las bibliotecas populares fue garantizado por 50 años por todo el arco político en el Congreso de la Nación en 2022″, se alerta en la declaración.
“Este decreto que elimina la Conabip como organismo no moderniza ni mejora la gestión: desmantela una política pública histórica, exitosa y profundamente democrática que garantiza acceso federal a la cultura y desarrollo local”, concluye el comunicado, donde se exige a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación (que preside el diputado Oscar Zago) que intervenga para “frenar el decreto que atenta contra 155 años de historia”.
