En los próximos 73 días, Bogotá podría enfrentar una crisis sin precedentes en la recolección de basuras; a partir del 11 de febrero de 2026, los contratos actuales con las operadoras encargadas de recoger los residuos en la ciudad terminarán, y la capital del país se verá obligada a entrar en una fase de libre competencia.
Esto significa que las empresas recolectoras podrán decidir qué áreas cubrirán, cómo lo harán, y qué tarifas aplicarán. Aunque el modelo de libre competencia promete ofrecer más opciones, también genera una gran incertidumbre sobre cómo se gestionarán las zonas más periféricas y difíciles de acceder, aquellas que históricamente han sido las más afectadas por la falta de cobertura.
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En las calles de Bogotá, las montañas de basura se acumulan cada vez más, al afectar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que se convirtió en un problema que no solo afecta la estética de la ciudad, sino la salud pública, y es en este escenario, que la actual administración de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) se enfrenta a un desafío monumental.
Armando Ojeda, que asumió la dirección de la entidad en septiembre de 2025, intentó tranquilizar a la ciudadanía, al señalar que con la entrada en vigor del modelo de libre competencia, se garantizará la recolección de basuras. Este nuevo modelo permitirá que las empresas recolectoras definan las rutas y áreas de servicio, lo que podría llevar a la llegada de nuevos actores al mercado.
Sin embargo, hay un grave vacío en cuanto a las garantías para las zonas más apartadas o de difícil acceso, donde la producción de desechos no solo es mayor, también es más difícil de gestionar.
El modelo de libre competencia sustituirá las Áreas de Servicios Exclusivos (ASA), un sistema que hasta ahora permitió a las autoridades controlar de manera más centralizada la recolección, pero con la desaparición de estas, las empresas ya no estarán obligadas a operar en todas las zonas de la ciudad, lo que genera una mayor incertidumbre en cuanto a la cobertura del servicio.
Por otro lado, el nuevo director de la Uaesp destacó que, con el modelo de libre competencia, Bogotá no solo podrá ampliar la oferta de empresas recolectoras, sino que se mejorará la eficiencia del servicio. Según Ojeda, la ciudad recoge entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura diarias, y a pesar de la complejidad del servicio, se buscará asegurar su continuidad mediante mecanismos de control más estrictos. No obstante, las dudas persisten entre los ciudadanos y los líderes que conforman el Concejo Distrital.
De hecho, el director de la Uaesp, habló sobre el comportamiento de las toneladas de residuos que llegan al Relleno Sanitario Doña Juana, durante una intervención en el Consejo: “Si bien hay una creciente producción de residuos, también se trabaja en una mayor recolección de estos”.
Una de las principales preocupaciones radica en la falta de claridad respecto a las empresas que finalmente asumirán la recolección de residuos, así como los plazos para la implementación del nuevo sistema.
Las licitaciones para las nuevas operadoras solo podrán empezar después de que la Comisión de Regulación de Saneamiento Básico y Agua Potable (CRA) apruebe la verificación de motivos presentada por la Uaesp. Este proceso podría extenderse hasta por un año, lo que aumenta el riesgo de que la ciudad enfrente un vacío en el servicio de recolección.
Aunque desde la administración de la Uaesp se aseguró que no hay riesgo de una crisis inmediata, pues las operadoras actuales se comprometieron a continuar prestando el servicio hasta que se resuelvan las licitaciones, el Concejo Distrital advirtió que, de no lograrse una solución rápida, cerca de 300.000 usuarios podrían verse afectados por la falta de recolección a partir del 11 de febrero.
A pesar de los esfuerzos de la administración distrital, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, para acelerar la transición hacia el nuevo modelo, aún hay muchas incertidumbres sobre cómo se implementará la estrategia. Un aspecto clave es la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), que también debe ser revisado y ajustado a los nuevos lineamientos del modelo de libre competencia.
Esto permitirá a la Uaesp tener un mayor control y, en caso de que las empresas incumplan con su labor, hacer uso de los recursos legales disponibles, incluida la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.
