El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que la «transformación» de la Justicia que está acometiendo el Gobierno central dará respuesta a los «cuellos de botella» que existen y conseguirá que los jueces y magistrados de España «tengan una carga de trabajo más razonable».
Bolaños ha realizado estas manifestaciones en la Subdelegación de Gobierno en Vizcaya, antes de acudir a la apertura del Año Judicial 2025-2026 en Bilbao.
Félix Bolaños ha destacado que está asistiendo en distintas comunidades a la apertura de los años judiciales para conocer «de primera mano» las necesidades de la Justicia en los diferentes territorios.
En este sentido, ha subrayado que los presidentes de los TSJPV y las salas de gobierno son «verdaderos expertos en conocer la realidad de la justicia».
Según ha apuntado, durante esta legislatura están llevando a cabo la «mayor transformación de la Justicia» en décadas y ha recordado que ha aprobado durante el año 2024 las tres leyes de eficiencia –la digital, la organizativa y la procesal– que venían siendo «proyectos reiterados en el seno del Ministerio de Justicia que no llegaban nunca a aprobarse».
«TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL»
«Aprobamos las tres leyes a través de un Real Decreto Ley y a través de la ley orgánica de eficiencia del servicio público de la justicia, ley que es una realidad y que es la ley orgánica 1/2025. Esto es una transformación estructural en la planta judicial», ha agregado.
Según ha señalado, han acabado con los juzgados unipersonales que existían en España desde el siglo XIX, desde 1835 y se ha crearon los tribunales de instancia que «van a ser sin duda la justicia del siglo XXI».
A su juicio, se va a conseguir «mayor flexibilidad» y que se pueda «dar respuesta a los cuellos de botella de nuestra justicia». «Lo que costaba antes crear un juzgado unipersonal, en torno a medio millón de euros, ahora asignar un juez o un magistrado a una sección de un tribunal de instancia cuesta en torno a 90.000», ha precisado.
Por lo tanto, según ha apuntado, se podrán crear seis nuevos puestos de juez y magistrado en los tribunales de instancia, «por lo que antes costaba crear un único juzgado unipersonal».
CARGA DE TRABAJO RAZONABLE
Asimismo, ha añadido que van a ser «más flexibles» y van a conseguir que los jueces y magistrados de España «tengan una carga de trabajo más razonable» y, sobre todo, que la Justicia, «que es un poder del Estado, también sea un servicio público rápido, ágil» y, que, por tanto, pueda «dar una respuesta a los problemas que plantean los ciudadanos en un tiempo razonable».
El ministro de Justicia ha afirmado que ese es el objetivo de la «transformación» de la Justicia que están llevando a cabo con normas que también están tramitando, en este momento, en las Cortes como es la Ley de ampliación y reforzamiento de la carrera fiscal y judicial.
Según ha explicado, con esa ley se va a conseguir que en tres años se amplíe la plantilla de jueces y fiscales en el Estado español en 2.500 nuevos jueces y fiscales. «En tres años se hará la mayor oferta de empleo público para jueces y fiscales de la historia de la democracia mediante una regularización extraordinaria para jueces sustitutas –el 80% son mujeres– y con 1.500 plazas de jueces y fiscales en tres años (2025-2027)», ha apuntado.
Por lo tanto, ha asegurado que «se van a atajar» los problemas «estructurales históricos» de la Justicia española porque «la justicia es una prioridad para este Gobierno».