El Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Luis Arce, evalúa solicitar la presencia de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que verifiquen en terreno los impactos de los bloqueos de carreteras promovidos por sectores leales al ex presidente Evo Morales.
“Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI), para el tema de los bloqueos que han afectado derechos como la libre locomoción, la salud y la educación”, declaró el ministro de Justicia, César Siles, a medios locales. La iniciativa surge en medio de una escalada de protestas que se concentran en la región central del país, específicamente en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales.
Las protestas se intensificaron luego de que los sectores afines al ex mandatario exigieran su habilitación como candidato presidencial para las elecciones del próximo 17 de agosto, pese a que el partido con el que intenta postular no cuenta con personería jurídica. Morales, quien renunció a su militancia en el Movimiento al Socialismo (MAS), busca participar con una nueva agrupación política, opción que enfrenta impedimentos legales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó recientemente que la reelección presidencial solo está permitida una vez de forma continua, cerrando así la posibilidad de un tercer mandato para Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019. A pesar de ello, el ex mandatario ha declarado que esta semana será “decisiva” en su disputa contra el “imperio” y ha acusado al presidente estadounidense Donald Trump de presuntamente interferir en su candidatura.
Los bloqueos promovidos por los simpatizantes de Morales desde la semana pasada incluyen el cierre de vías en puntos estratégicos de Cochabamba, con el objetivo de forzar su inscripción como candidato y exigir la renuncia del presidente Arce, a quien culpan por la crisis económica. Según datos del Gobierno, las protestas han dejado hasta el momento más de 50 heridos, entre policías, médicos y civiles.
El Ejecutivo presentó una denuncia penal contra Morales y otros actores por ocho delitos, entre ellos terrorismo y obstrucción de procesos electorales. La investigación se encuentra en etapa preliminar, pero las autoridades no descartan ampliar los cargos por hechos ocurridos en el transcurso de las protestas.
En respuesta al aumento de la tensión en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, la Policía Boliviana ordenó el repliegue de sus efectivos, citando amenazas contra su personal. “La decisión se tomó para precautelar la integridad física de nuestros funcionarios”, indicó el coronel Edson Claure, comandante departamental de Cochabamba. No es la primera vez que se aplica esta medida; ya en 2023, la Policía se retiró de la zona por 48 días en un contexto similar.
Simultáneamente, el Ejército boliviano denunció que un camión militar fue retenido por manifestantes en la localidad de Colomi. En un video difundido en redes sociales, se observa a soldados obligados a descender del vehículo por civiles. La institución castrense aclaró que los militares no estaban en operación y que se dirigían a realizar ejercicios de instrucción. La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, confirmó la liberación de los soldados, aunque el camión y el equipo que transportaban no fueron recuperados.
Las manifestaciones también han sido señaladas por las autoridades como responsables de impedir el paso de ambulancias, alimentos y combustible, además de apedrear vehículos de transporte público y privado. Solo en la jornada del viernes, la Policía reportó la detención de 19 personas por intentar reinstalar bloqueos en la ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con Parotani.
Mientras el Gobierno se mantiene firme en su rechazo a la candidatura de Morales y continúa los operativos para liberar las rutas, la posibilidad de involucrar a observadores internacionales se presenta como un nuevo componente en el conflicto. La eventual llegada de un GIEI, como el que investigó los hechos de violencia poselectorales de 2019, marcaría un giro hacia la internacionalización de la crisis política boliviana.
(Con información de EFE)
