La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha defendido este miércoles la ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto armado interno (1980-2000), prometiendo no abandonar a sus «defensores de la democracia» y advirtiendo que «seguirá evaluando su permanencia» dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Boluarte ha alegado desde el Palacio de Gobierno que la intención de la Ley de Amnistía promulgada en agosto era hacer honor a los integrantes de las Fuerzas Armadas que «entregaron sus vidas» durante el conflicto y que «cargaron con procesos judiciales y acusaciones injustas por años», según las declaraciones recogidas por la cadena RPP. «No abandonaremos a nuestros defensores de la democracia, porque la gratitud de la patria no tiene fecha de caducidad», ha aseverado.
La mandataria peruana ha criticado la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a los jueces del país que no aplicasen la norma alegando inconstitucionalidad, una posición ante la que la dirigente ha afirmado que Perú «seguirá evaluando su permanencia» en el SIDH.
«¿Dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? A la Corte les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación? 20 años de terror y ¿dónde está la reparación civil para los 70 mil peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas?», ha cuestionado, en referencia a las organizaciones armadas que participaron en el conflicto.
De este modo, la presidenta de Perú ha argumentado que «todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia». «No vamos a permitir injerencia de ningún tipo ni de ningún organismo internacional», ha agregado.
El Congreso aprobó el proyecto de ley a principios de julio y, tras ello, la Corte IDH ordenó a Perú que se abstuviera de implementarlo hasta que analizara la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de abusos cometidos durante el conflicto armado.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000 fueron dadas por desaparecidas. Los tribunales peruanos han emitido sentencias definitivas en alrededor de 150 casos y más de 600 siguen pendientes.
