El secretario extraordinario para la COP30 de la Casa Civil de la Presidencia de Brasil, Valter Correia, explicó que la elevada presión sobre la infraestructura del evento se presentó durante los primeros días, cuando unas 25.000 personas se reunieron en el recinto y se utilizaron por primera vez los 150.000 metros cuadrados de instalaciones. Correia manifestó que muchos de los problemas que surgieron respondieron precisamente al uso intenso inicial, lo que exigió ajustes técnicos y logísticos. Ante este contexto, el funcionario enfatizó que cada fase del montaje contó con planificación y aprobación técnica, y que las complicaciones detectadas se solucionaron de manera progresiva conforme avanzaron las sesiones de la cumbre climática, tal como publicó el medio Folha.
De acuerdo con la información revelada por Folha, las autoridades brasileñas implementaron varias modificaciones para responder a las observaciones realizadas por Naciones Unidas en relación con la seguridad y las condiciones materiales del recinto. Entre las medidas adoptadas tras la carta enviada por la secretaría ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) se destacó la duplicación del número de camiones cisterna destinados al abastecimiento de agua y la optimización del sistema de aire acondicionado en el pabellón principal.
Estas acciones se pusieron en marcha a raíz de la irrupción de aproximadamente 150 manifestantes en el recinto donde transcurría la COP30 en Belém, estado de Pará, causando daños en instalaciones y heridas a miembros del personal de seguridad. Posteriormente, el secretario ejecutivo de la UNFCCC, Simon Stiell, remitió una carta a las autoridades brasileñas describiendo las preocupaciones de la ONU sobre la protección del evento y exigiendo mejoras que permitieran garantizar la seguridad de participantes y delegaciones internacionales.
Según reportó Folha, ese mismo día por la noche, responsables de seguridad y de la organización de la cumbre en Brasil se reunieron de manera interna para realizar una evaluación del incidente. En esas discusiones, se reconoció la existencia de un problema operativo tras la entrada de los manifestantes, aunque Correia subrayó que no se consideró que haya existido un “fallo” en sentido estricto. El funcionario expresó: “Se reconoció que hubo un problema. Que hubo un fallo, no”. Según Folha, el diagnóstico y las correcciones resultaron de una colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad federales y estatales implicadas en la protección del evento.
Entre los ajustes destacados se incluyó el aumento del número de efectivos militares desplegados en las inmediaciones del pabellón principal, con la finalidad de cubrir deficiencias detectadas en los servicios agotados de la empresa privada contratada para la seguridad. Correia puntualizó ante Folha que identificar las áreas que requerían intervención permitió restituir la protección necesaria para el adecuado desarrollo de la conferencia. Además, remarcó que las nuevas disposiciones respondieron tanto a los señalamientos de Naciones Unidas como a las observaciones propias del gobierno brasileño tras los hechos.
La carta de Simon Stiell no solo exigió refuerzos en seguridad, sino también mejoras en la infraestructura. Según consignó Folha, se señalaron dificultades en el sistema de aire acondicionado, insuficiente para combatir las elevadas temperaturas de la región y asegurar el bienestar de los asistentes. Algunas oficinas no cumplían con los estándares acordados entre los organizadores internacionales y el gobierno anfitrión, y se reportaron problemas de circulación de aire que provocaron inconvenientes de salud leves para algunos participantes. Además, escaseó agua en los baños durante momentos de alta demanda y se registraron inundaciones en áreas específicas del recinto.
Frente a estos desafíos logísticos, las autoridades brasileñas priorizaron restablecer el suministro de agua y mejoraron la ventilación. Según Valter Correia y la información recabada por Folha, los ajustes ejecutados lograron superar los obstáculos planteados por el uso simultáneo masivo de las instalaciones, lo que restableció las condiciones óptimas para la realización de la COP30 en los días siguientes.
La intervención de Naciones Unidas y la respuesta del gobierno brasileño dejaron en claro la necesidad de elevar los estándares de seguridad y preparación logística para encuentros internacionales de este tipo. Folha detalló que la cooperación entre los equipos de organización locales y la ONU permitió resolver “totalmente” los problemas identificados y retomar la conferencia con normalidad.
Brasil reiteró ante Folha su voluntad de seguir trabajando de manera conjunta con organismos internacionales y, según informaron responsables del evento, las dificultades detectadas ya habían sido abordadas y resueltas antes de que culmine la semana en que se notificaron. Los avances alcanzados incluyeron no solo la remediación de las deficiencias, sino la adaptación continua de los protocolos para mitigar incidentes y garantizar un ambiente seguro tanto para participantes como para visitantes y personal de apoyo.
En este contexto, el episodio de la irrupción de manifestantes y la respuesta institucional pusieron en el centro la importancia de una coordinación fluida entre autoridades nacionales y organismos internacionales. De acuerdo con los testimonios recogidos por Folha, la COP30 no solo representa un reto climático y ambiental, sino también un ejercicio de adaptación permanente de los dispositivos de seguridad e infraestructura frente a contingencias imprevistas que pueden presentarse durante encuentros de esta magnitud.
