La Comisión Europea ha aplazado sin fecha su propuesta para el reparto de la carga de la acogida de demandantes de asilo que tenía previsto presentar este miércoles, después de que la reunión de ministros de Interior del martes en Luxemburgo dejara en evidencia las fuertes discrepancias entre gobiernos sobre su implicación con este mecanismo de «solidaridad», clave para la implementación del Pacto de Migración y Asilo.
«Nos estamos tomando más tiempo para calibrar adecuadamente los aspectos. Se están llevando a cabo consultas estrechas con los Estados miembro», ha explicado a Europa Press el portavoz comunitario de Migración, Markus Lammert, sobre el aplazamiento de la propuesta.
Aunque el portavoz no ha dado más detalles sobre las razones del aplazamiento ni aclarado si el Ejecutivo comunitario se ha marcado un nuevo calendario, sí ha apuntado que en Bruselas esperan «concluir muy pronto» las consultas que permitan finalizar los documentos.
La víspera, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, dijo tras la reunión con los ministros en Luxemburgo «no tener miedo» de que el pacto migratorio descarrile por las dificultades que están encontrando para definir los instrumentos que lo forman. Sobre la propuesta de reparto de cuotas, el comisario admitió que quedan «detalles por discutir», pero añadió que «es la primera vez que se realiza un ejercicio de este tipo» y «debemos hacerlo bien, no importa si requiere unos días más».
La Comisión de Ursula von der Leyen debía presentar a más tardar este miércoles su evaluación sobre la presión migratoria por países y una propuesta sobre las cuotas de reparto para cada Estado miembro. Se trata de establecer cómo cada país debe participar en el mecanismo de «solidaridad» diseñado en la nueva reforma migratoria para apoyar a un país miembro en situaciones de crisis, si sus autoridades se ven desbordadas en la gestión y acogida de demandantes de asilo.
El equilibrio entre la «solidaridad» que reclaman los países del sur como España, Italia o Grecia, tradicionalmente en la primera línea de entrada irregular a la UE, y la «responsabilidad» en la acogida que les exigen los países menos expuestos frenó durante años el nuevo Pacto Migratorio. La solución para desbloquear la reforma pasó por un fondo de solidaridad al que los países que no quieran asumir la cuota de acogida que les corresponda puedan compensarlo con aportaciones financieras u otras medidas de apoyo.
Se trata de una «solidaridad flexible» aplicada al objetivo de trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, por lo que los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
Sin embargo, en la reunión a 27 en Luxemburgo, numerosas delegaciones, entre ellas Bélgica, Finlandia o Países Bajos, dejaron entrever que descartan de plano acoger a ningún demandante de asilo reubicado desde otro país socio y sólo contemplan contribuir por la vía financiera.
