Un grupo de 40 productores agropecuarios del partido bonaerense de General Guido presentaron un amparo judicial contra el municipio por el feroz aumento del 360% aplicado en la tasa de red vial. Denunciaron que el incremento es “inconstitucional, desmedido y fuera de toda lógica productiva”. En el distrito hay 600 kilómetros de caminos rurales.
La medida legal fue impulsada tras varias reuniones fallidas con autoridades municipales. El reclamo lo encabezó Fernando Sarena, un productor local, quien explicó a LA NACION cómo comenzó todo: “Los primeros días de febrero estaba en el campo con mi mujer y recibimos la boleta. Empezamos a ver y a comparar, y era abismal lo que habían subido la tasa de red vial: un 360% de aumento entre la cuota uno de 2024 y la cuota uno de 2025”.
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Sarena detalló que el incremento no fue lineal: “Durante 2024 ya la habían subido un 80%, y entre la última cuota de ese año y la primera de 2025 pegaron un salto del 180%. El aumento interanual quedó justo en 361%”.
Además del incremento, los productores cuestionaron el sistema de segmentación aplicado para calcular la tasa, que pasó de tres categorías en 2024 a seis en 2025. “Hicieron una tabla que es inconstitucional. Ahora segmentan por cantidad de hectáreas, sin considerar productividad ni calidad del suelo. Hay zonas con campos bajos, lagunas, donde la carga animal es muy baja, y sin embargo pagan fortunas”, agregó.
Según Sarena, los productores propusieron alternativas al intendente Carlos Humberto Rocha, de Unión por la Patria, y que conserva mayoría en el Concejo Deliberante: “Nosotros les dijimos que si estaban desactualizados, que hicieran una actualización gradual en dos o tres años. Pero no quisieron, dijeron que el aumento era ese”.
Durante febrero mantuvieron dos reuniones con el Ejecutivo local. La primera fue tras reunir 110 firmas de productores autoconvocados. “La Sociedad Rural [local] al principio no se mostró interesada en acompañar el reclamo. Nos presentamos como autoconvocados, porque el reclamo era genuino”, explicó Sarena. En esos encuentros los funcionarios ofrecieron un descuento del 10% por buen cumplimiento, que luego ampliaron al 15%, pero sin modificar sustancialmente el aumento.
“No estuvieron dispuestos a cambiar el monto. Bajaron del 360 al 310%, con una inflación de 117% el año pasado. No tiene lógica”, señaló Sarena, y remarcó: “Ellos hablan de desactualización, pero en dos años nos aumentan 878%, con una inflación acumulada del 570%. Están 300 puntos por arriba de la inflación”.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto concreto en las finanzas de los productores. “Yo tengo un campo de 1100 hectáreas, dividido en tres partidas. En una de 484 hectáreas la cuota uno de 2024 fue de $103.000 y ahora pasó a $479.000. Es brutal el incremento que aplicaron”, afirmó. También mencionó el caso de un vecino con 4500 hectáreas que pasó de pagar $1.000.000 a $5.000.000 bimestrales.
Enojo
Los productores también pusieron la lupa en los gastos municipales. “El mismo día que nos mandaron la boleta con la cuota publicaron que habían gastado 30 millones de pesos en el carnaval de General Guido. ¿Cómo puede ser que digan que no tienen plata para mantener los caminos y gasten eso en una fiesta?”, cuestionó Sarena.
El estado de los caminos rurales es otro de los reclamos. “Llueven 20 mm y hay sectores que se hacen intransitables. Hay tramos que unen ciudades que los mantienen, pero en otros no se puede pasar. En invierno, directamente no se entra”, afirmó.
Sobre la estrategia judicial explicó que para el amparo contrataron un abogado y ya tienen número de expediente: “Así que ya está en marcha. Esperamos que se reabra el diálogo y que bajen el aumento a un nivel razonable”.
El conflicto también abrió una puerta para que los productores tengan mayor participación institucional. Tras lo ocurrido, algunos se sumaron a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural local. “Antes no teníamos voz porque muchos productores viven en Capital Federal y en el pueblo. Ahora estamos intentando cambiar eso desde adentro”, concluyó Sarena.
El recurso de amparo
Según los denunciantes, el incremento dispuesto por la Ordenanza Fiscal N° 20/2024 es “ilegal, inconstitucional y confiscatorio». La presentación judicial alcanza tanto a la Municipalidad de General Guido como a la provincia de Buenos Aires, por su rol de control y delegación en la aplicación del tributo.
Los productores argumentaron que este nuevo esquema impositivo viola la Constitución Nacional, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (23.548) y la Ley de Impuestos a los Combustibles (23.966), al constituir una forma de doble imposición. Sostienen que el mantenimiento de la red vial ya está contemplado en la distribución de fondos nacionales, por lo que el cobro adicional a nivel municipal resulta, afirmaron, improcedente.
En el escrito judicial se detalló que, pese a haber enviado una nota al intendente Carlos Rocha el 17 de febrero pasado, donde solicitaban la revisión del aumento, no recibieron respuesta formal. “Solo obtuvimos promesas verbales y negativas a firmar actas en nuestras visitas presenciales”, señalaron los productores. Reclamaron que se declare la inaplicabilidad e ineficacia de la ordenanza hasta que se dicte una sentencia definitiva.
