El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una ley histórica que protege el derecho de todos los niños a recibir educación pública gratuita sin importar su estatus migratorio. La medida, inspirada en un fallo clave de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982, se presentó como un paso decisivo para eliminar el miedo y las barreras que enfrentan muchas familias extranjeras al enviar a sus hijos a clases.

Una ley que protege la igualdad educativa para migrantes en Illinois

El texto aprobado en la Asamblea General de Illinois y rubricado por el gobernador Pritzker establece con claridad que ninguna escuela del Estado podrá negar el acceso a la educación básica y secundaria a un niño por su condición migratoria ni por la situación de ciudadanía de sus padres o tutores.

La nueva sección 22-105 del Código Escolar refuerza el precedente judicial conocido como Plyler v. Doe (1982), que declaró inconstitucional excluir a los menores indocumentados de la educación pública.

Según la legislación, las escuelas deben garantizar un entorno seguro y libre de intimidaciones, en el cual los estudiantes y sus familias no teman ser víctimas de acciones de control migratorio dentro de los campus.

Tal como se señaló en el documento, el propósito central es que “ningún padre se vea desalentado de enviar a sus hijos a la escuela y ningún niño se vea desalentado de asistir”.

Lejos de tratarse de una normativa aislada, se alínea con muchos otros beneficios del gobierno de Ilinois para los migrantes del estado.

La ley entra en vigor el 1° de enero de 2026 y las escuelas tendrán hasta el 1° de julio de ese año para implementar los protocolos exigidos por la norma. A partir de esa fecha, la justicia podrá intervenir frente a violaciones, al otorgar a las familias migrantes una herramienta concreta para defender sus derechos.

Los detalles de la nueva norma de Illinois que beneficia a los migrantes

La nueva ley de Illinois establece disposiciones precisas que regulan cómo deben actuar las escuelas frente a la situación migratoria de los alumnos y sus familias. Entre las más destacadas se encuentran:

• Acceso garantizado: ningún niño puede ser excluido de la educación pública ni de actividades escolares por su estatus migratorio real o percibido ni por el de sus padres o tutores.
• Prohibición de discriminación: las instituciones educativas no podrán implementar políticas que excluyan a estudiantes o que restrinjan la participación de sus familias en programas escolares basándose en nacionalidad, ciudadanía o país de origen.
• Protección de la información: las escuelas tienen prohibido solicitar o recolectar datos de inmigración, salvo que lo exijan leyes estatales o federales. Además, no podrán designar la nacionalidad, ciudadanía o lugar de nacimiento como información pública en directorios.
• Resguardo frente a autoridades: se impide a las escuelas compartir datos sobre estatus migratorio con agencias de inmigración o policiales, salvo bajo estrictos requerimientos judiciales. También queda prohibido amenazar con revelar información sobre alumnos o familiares.
• Protocolos para agentes de la ley: antes del 1° de julio de 2026, cada escuela deberá contar con procedimientos específicos para revisar y autorizar el ingreso de agentes policiales o de inmigración a sus instalaciones. Esto incluirá designar responsables legales, monitorear los ingresos y notificar a los padres en caso de que se solicite acceso a un estudiante.
• Acción judicial: a partir del 1° de julio de 2026, cualquier persona afectada por prácticas que violen la ley podrá presentar una demanda civil dentro de los dos años posteriores a la infracción. Los tribunales podrán otorgar compensaciones económicas, medidas cautelares y, en caso de comprobarse la violación, ordenar el pago de honorarios legales a la parte ganadora.

El alcance de la ley sobre las escuelas chárter

La normativa también incorpora modificaciones a la sección 27A-5 del Código Escolar, que regula a las escuelas chárter en Illinois, es decir instuticiones educativas públicas que operan con mayor autonomía y flexibilidad que las tradicionales, pero que a cambio deben rendir cuentas de su desempeño.

A pesar de que tienen cierta independencia, deberán acatar plenamente las disposiciones de no discriminación establecidas en la nueva ley. Además, continuarán sujetas a los requisitos de transparencia, normas de seguridad y control financiero que ya estaban vigentes.

Las chárter no podrán cobrar matrícula, aunque sí tendrán la facultad de establecer aranceles razonables para materiales y actividades. A su vez, estarán obligadas a respetar las reglas de acceso igualitario para estudiantes migrantes, tal como ocurre en las escuelas públicas tradicionales.