La ministra de Seguridad presentó un escrito ante el fuero federal, en el marco de la causa por espionaje ilegal
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó este martes al Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez Santiago Gorini, la autorización para allanar los domicilios y secuestrar equipos informáticos de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. La petición se enmarca en la causa abierta por la supuesta filtración de audios y conversaciones privadas que involucran a altos mandos de la policía bonaerense y políticos de la provincia.
En el escrito elevado al magistrado, la cartera de Seguridad sostiene que los comunicadores habrían recibido y divulgado fragmentos de audios obtenidos sin orden judicial, en presunto perjuicio de la reserva de la investigación y de la privacidad de las fuentes. Bullrich argumenta que la requisa es necesaria para “recuperar dispositivos electrónicos, chats y soportes de almacenamiento que permitan reconstruir el origen de la filtración y desentrañar la trama de espionaje interno que se investiga”.
Tras conocerse el pedido oficial, el abogado de Jorge Rial, Marcelo Fuentes, rechazó la medida y advirtió sobre un posible abuso de poder. “Cualquier allanamiento a la residencia de un periodista configura un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información de la sociedad”, afirmó. Mauro Federico, a través de su representante legal, demandó además garantías para la protección de las comunicaciones con sus fuentes y rechazó cualquier acción que pretenda “criminalizar el trabajo periodístico”.
La solicitud de Bullrich genera un fuerte debate en el ámbito judicial y entre organizaciones dedicadas a la defensa de derechos civiles. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal emitió un comunicado en el que calificó el pedido como “una escalada en la persecución a periodistas” y reclamó “el respeto irrestricto a las garantías constitucionales de los profesionales de la comunicación”.
El Juzgado Federal Nº 4 dará el martes próximo una primera resolución sobre la procedencia del allanamiento. De aceptarse el planteo de la ministra, la Policía Federal —bajo supervisión judicial— deberá ejecutar las medidas en un plazo de 48 horas y presentar un inventario de todos los elementos secuestrados. Mientras tanto, la causa por espionaje ilegal sigue su curso con otras líneas de investigación abiertas en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 33.
